Transparencia a medias

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Un año después de la ley general en la materia, software defectuoso y retrasos en la Plataforma Nacional mantienen opacidad en gobiernos locales

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FOTO: GETTYIMAGES

La gran apuesta en materia de transparencia y acceso a la información es empoderar a los ciudadanos y consolidar ambos ejercicios en todo el país. El andamiaje legal creado en los últimos años, incluida la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es apenas el inicio de la puesta en marcha de una gran empresa que deberá ser construida y operada por la sociedad y los tres órdenes de gobierno.

A más de un año de la entrada en vigor de dicha legislación, los avances normativos logrados hasta ahora no tienen precedente, en especial porque han tenido una participación ciudadana nunca antes vista, afirma Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El funcionario explica que hoy día los estados y municipios cuentan con normas mucho más estrictas en la publicación e interpretación del derecho de acceso a la información pública, gracias al empuje de la sociedad civil.

MÁS RESPONSABILIDADES

Ricardo Jiménez González, coordinador nacional del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), explica que con la actual ley en la materia se ampliaron a 48 las obligaciones de transparencia comunes. La información se debe tratar ahora bajo criterios de contenido, actualización, confiabilidad y de formato. Antes, cada estado entregaba los datos como quería y quienes los solicitaban por lo general los encontraban sin actualizar, además de que su contenido y confiabilidad eran dudosos, y su formato no era amable, precisa.

momentos-claveSin embargo, la aplicación de esta normatividad no ha estado exenta de retos. Para Óscar Guerra Ford, se requiere una ampliación de los presupuestos estatales y municipales, para dar cabal cumplimiento a las nuevas obligaciones establecidas en las leyes. “Es menester aplicar sistemas administrativos y operativos innovadores para cumplir con estas nuevas responsabilidades, aun con presupuestos insuficientes. En este cometido, la voluntad política es indispensable”, apunta.

El funcionario reconoce que las presiones para recortar gastos en los estados dificultarán una asignación óptima, sobre todo para el fortalecimiento de los órganos garantes tanto en equipamiento como para conseguir espacios adecuados, además de las plazas necesarias para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones.

“Hemos insistido en la necesidad de conformar un fondo de aportaciones federales a los organismos garantes de transparencia, que apoye con recursos específicos al fortalecimiento de estos organismos de las entidades federativas, buscando, al menos, reducir las asimetrías en el acceso a la información pública en los estados, a través de dotarles de personal adecuado, equipo de cómputo e Internet por fibra óptica, para brindar un mejor servicio.”

Los objetivos serían también incrementar la oferta y la calidad de la información publicada en medios electrónicos por los sujetos obligados, a través de un lenguaje sencillo y de fácil comprensión en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como estimular la demanda ciudadana de mayor información al intensificar las campañas de promoción de tal ejercicio, expresa Guerra Ford.

Un reto adicional, enfatiza Ricardo Jiménez, es acabar con las prácticas de opacidad a través de una serie de transformaciones internas que deben vivir los municipios si se apegan a los objetivos de dicha ley.

Al respecto, Jaime Netzáhuatl Jiménez, especialista en transparencia y rendición de cuentas de Locallis —una sociedad civil que se dedica al diseño de proyectos para impulsar el desarrollo local, así como a la capacitación de autoridades locales y de organizaciones civiles en temas de municipalismo—, también señala a la opacidad de los ayuntamientos y los gobiernos estatales como uno de los principales problemas a resolver, lo que ejemplifica con el gasto en publicidad oficial.

“No sabemos a dónde se va el dinero destinado a ese rubro y tampoco sabemos cuánto le pagan a los medios impresos y electrónicos para difundir las tareas de los gobiernos estatales”, asegura.

LOS CAMBIOS

Jaime Netzáhuatl señala que la actual legislación tiene cambios importantes en relación con su predecesora; uno de ellos es que para acceder a información pública, el ciudadano ya no debe presentar obligatoriamente una identificación oficial para realizar su solicitud.

Otras modificaciones importantes son la ampliación de la cantidad de información que los sujetos obligados deben colocar en sus portales de transparencia, además de la creación de la PNT como una ventanilla única a través de la cual se pueden realizar solicitudes de información a los entes obligados en México y en cualquier parte del mundo, indica el especialista de Locallis.

Cabe apuntar que desde mayo de este año, cuando fue puesta en marcha, dicha plataforma no opera al 100 por ciento debido a deficiencias en su implementación. Hasta el cierre de esta edición, las fallas aún no eran corregidas.

Netzáhuatl Jiménez destaca también el gasto en publicidad oficial, que es ya una obligación; además los gobiernos municipales deben subir, obligatoriamente, información respecto a sus indicadores de avances de gestión.

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Óscar Guerra Ford.
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Para Óscar Guerra, un cambio importante es que la citada ley otorgó al Inai la capacidad de atraer recursos de revisión de las entidades federativas, cuando el tema sea de trascendencia. De esta manera, se habilita la posibilidad de una segunda instancia para resolver las inconformidades sobre las respuestas de los sujetos obligados o la falta de éstas.

Esta nueva ley general, apunta el comisionado, considera la denuncia ciudadana para que, en caso de que los servidores públicos de los sujetos obligados no publiquen la información de las obligaciones de transparencia en sus portales de Internet y en la PNT, o se nieguen sistemáticamente a proporcionar información en respuesta a las solicitudes, los ciudadanos presenten sus quejas ante el Inai o los organismos garantes de las entidades federativas y se proceda a la investigación correspondiente.

LA LEY NO ES SUFICIENTE

Para Ricardo Jiménez, la ley en sí misma es insuficiente para garantizar la transparencia. “El nuevo sistema nacional debe apuntar a la construcción de ciudadanos más proactivos y en la legislación se habla muy poco sobre ello, por lo cual los trabajos que se hagan a nivel local son de suma importancia”, advierte.

En ello coincide Jaime Jiménez, quien agrega que aunque la ley general es un gran avance y hay un andamiaje institucional que ayuda a que se transparente más la información pública —que incluye las leyes anticorrupción y la creación de institutos anticorrupción o comisiones ciudadanas de transparencia de los estados del país—, es necesario que los gobiernos locales muestren voluntad política para subir cada vez mayor información de calidad que sea útil para la sociedad, “más conforme al principio de máxima publicidad que a las reglas de responder reactivamente a las solicitudes”.

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Ricardo Jiménez.
FOTO: ROSALÍA MORALES

Jiménez González sostiene que también hace falta que diversos sectores sociales como organizaciones ciudadanas o la academia, colaboren no sólo con la elaboración de solicitudes de acceso a la información, sino con propuestas de mecanismos para garantizar la rendición de cuentas. Al respecto, hay cuatro elementos importantes: el andamiaje institucional, la voluntad política de los gobiernos municipales, la participación ciudadana y los instrumentos generados para medir los avances.

De acuerdo con el experto de Locallis, es justo la rendición de cuentas lo que está rezagado. Reducir ésta a los informes anuales de gobernadores y alcaldes no es lo ideal, asegura, pues deben crearse espacios para que la sociedad pueda preguntar a las autoridades de ambos órdenes de gobierno qué tanto han cumplido con sus promesas, cuánto han avanzado y cuál ha sido el sentido de sus acciones en general.

Óscar Guerra Ford indica que existe “una curva de aprendizaje que debemos enfrentar todos los involucrados, pero especialmente cada uno de los millares de sujetos obligados, para publicar la información de sus obligaciones de transparencia en formatos uniformes con criterios que permitan su comparación y reutilización en datos abiertos, y para dar respuesta oportuna a las solicitudes de la ciudadanía”, concluye.

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