Un enigma, la cuenta púlica municipal

por | May 1, 2012 | Expediente Abierto, Mayo 2012 | 0 Comentarios

Un botón de muestraEn México las cuentas públicas municipales tienen un problema severo de desorden y falta de transparencia, ya que los ayuntamientos ocupan el primer lugar en opacidad en materia de rendición de cuentas, y en segundo lugar se ubican los gobiernos de los estados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa sólo alrededor de 25 por ciento de los ayuntamientos, a través de muestreos aleatorios de los recursos que recibe este nivel de gobierno de las distintas partidas presupuestales; sin embargo, la negativa para entregar la información es una práctica frecuente.

La muestra de cuentas públicas que audita el órgano superior de fiscalización es apenas de cerca de 600 municipios, de los 2,445 que hay en el país; el resto es vigilado por los congresos de los estados, los cuales muchas veces están sujetos a intereses partidistas, por lo que no se hace una evaluación adecuada, afirma Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República.

“La cuenta pública municipal es un desorden. La cantidad de recursos que revisa la ASF es muy reducida, por lo que buena parte de los presupuestos federales queda sin auditar”, comenta el legislador. Advierte que esta situación es delicada debido a la alta dependencia presupuestal de los gobiernos locales, ya que 80 por ciento de su gasto viene de transferencias federales y sólo 20 por ciento, en promedio, corresponde a ingresos propios. Además, cerca de 200 municipios no recaudan un solo peso, y éstos no siempre comprueban el uso de los recursos.

Por si fuera poco, los sistemas de fiscalización son deficientes, además de que los ciudadanos no exigen cuentas, lo cual genera un panorama desolador en materia de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. “No hay una presencia ciudadana que pueda evaluar a los municipios, ni sancionarlos. El diseño del modelo institucional del municipio está hecho para el fracaso”, lamenta Galindo.

NIEGAN LOS REPORTES

Las pruebas abundan, ya que pese al mandato legal, no todos los municipios cumplen con su obligación de informar a los congresos estatales sobre sus ingresos y egresos. Un ejemplo es que en los últimos cuatro años, sólo entre 44 y 81 municipios de Oaxaca —de un total de 570— han entregado su cuenta pública.

En Veracruz, si bien 211 municipios entregaron su cuenta pública del año 2010, en por los menos 100 municipios podría haber daño patrimonial, al registrarse observaciones. En este mes de mayo vence el plazo para que los ayuntamientos entreguen la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011.

Según datos de la Auditoría Superior de Coahuila, se estima que alrededor de 40 por ciento de los poderes, municipios, organismos autónomos y organismos paramunicipales y paraestatales incumplieron en tiempo con la entrega de los documentos, para solventar las observaciones que le hizo la Auditoría Superior del Estado por la cuenta pública 2010.

En Guerrero, 60 presidentes municipales no han entregado la cuenta pública de 2011 ante la Auditoría General del Estado, pero sólo 21 cumplieron este mandato en febrero.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Esthela Damián Peralta, explica que en 2010 se realizaron 550 auditorías de recursos federales transferidos a estados y municipios, lo que significa 54.1 por ciento de las 1,031 auditorías realizadas.

Damián refiere que varios municipios se niegan a dar información a las auditorías estatales sobre el uso de los recursos federales que reciben, como en Guerrero, donde los ayuntamientos de Ayutla de los Libres y Acatepec no proporcionaron la documentación requerida, situación que se repitió en Oaxaca, con Juchitán de Zaragoza y Huautla de Jiménez.

“Estos casos son realmente graves, porque simplemente se niegan a dar la información. Se tiene un gran atraso en materia de rendición de cuentas. Si en los municipios la gente no está atenta y exigente para que rindan cuentas sus autoridades locales, éstas seguirán siendo omisas”, advierte la diputada Damián.

SIMPLIFICAR PROCESOS

Una solución es que, al igual que el Gobierno Federal, los municipios hagan entrega oficial de sus cuentas públicas, se apliquen castigos penales a los funcionarios incumplidos y que los ciudadanos se involucren en forma directa para exigir información precisa sobre el ejercicio del gasto.

José Antonio Quesada Palacios Esthela damián Peralta

Si bien es responsabilidad de los ayuntamientos proporcionar esos datos, también se debe tener en cuenta que los municipios tienen un gran número de requisitos que cumplir para comprobar el uso de los recursos públicos, por lo que sería necesario realizar una simplificación administrativa, considera Armando Terrazas Sánchez, secretario general del ayuntamiento de Acapulco, Guerrero.

“La armonización contable servirá para rendir cuentas adecuadamente. El municipio de Acapulco, como es uno de los más grandes de Guerrero, cumple con la entrega de sus cuentas, pero hay municipios muy pequeños a los que les será difícil cumplir, porque son demasiados requisitos.”

TRES RECOMENDACIONES

En opinión del presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Antonio Quesada, para lograr una mejor transparencia en la cuenta pública municipal y evitar riesgos en las finanzas públicas del país, es necesario abordar el tema desde tres ángulos principales.

El primero es fortalecer la gestión y administración de los municipios, lo que significa revalorar el funcionamiento de sus procesos operativos y administrativos; además de reestructurar las actividades en torno a las mejores prácticas de trabajo, la estandarización de procesos y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas; así como incorporar un método nuevo en materia de gestión de riesgos, control interno y gobierno corporativo (practicar auditorías frecuentes con apoyo de agentes externos).

La segunda recomendación del presidente del IMEF es promover la conformación de órganos fiscalizadores con mayor autonomía constitucional, orgánica y presupuestal, lo que permitirá ejercer una función objetiva, neutral y confiable.

El tercer punto es que los gobiernos estatales mejoren el marco legal de los procesos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, lo que implica establecer responsabilidades y sanciones a servidores públicos que incurran en actos irregulares.

Jeanette Leyva Reus

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