¿Volverán las Juanitas?.

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Fuerza legalEl fenómeno de simulación política conocido como las juanitas parece haber encontrado su punto final en las elecciones de este año, al menos en el ámbito federal, ya que por primera vez las mexicanas tienen más garantías de ser representadas en el Congreso de la Unión.

El artífice fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante una resolución que obliga a los partidos políticos a respetar las cuotas de género —equivalentes a 40 por ciento de las candidaturas— además de que exige registrar aspirantes propietarios y suplentes de un mismo género.

Ahora el siguiente paso consiste en reformar las leyes electorales de los estados para homologarlas con las federales y así construir un andamiaje institucional lo suficientemente sólido a favor de la participación política de la mujer, refiere Gisela Zaremberg, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quien califica la medida del TEPJF como “histórica”, tan importante como el otorgamiento del derecho del voto a la mujer en 1953.

Hace tres años, la opinión pública se sorprendió cuando una decena de diputadas federales renunciaron a sus cargos para cederlos a sus suplentes hombres, lo que generó el calificativo de juanitas, un fenómeno que también se ha replicado en los estados. Por ejemplo, a principios de este año, Norma Delgado Ortiz —llamada la primera juanita de Coahuila— solicitó licencia como diputada local, para darle paso a su suplente Evaristo Lenin Pérez Arreola.

Y “si hacemos una revisión puntual de cómo las mujeres han renunciado para dejar el espacio a sus compañeros de fórmula, el escándalo sería aún peor”, advierte Ruth Zavaleta Salgado, candidata a una diputación federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

SANCIONES, LA CLAVE

Ruth ZavaletaEn este sentido, la aspirante verde —que hasta hace unos meses se desempeñaba como directora de la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del TEPJF— rechaza las críticas de partidos y militantes varones que tildan la resolución de discriminadora.

Zabaleta Salgado explica que los países más avanzados del mundo tienen políticas de acción afirmativa, porque no hay otra forma de dar mayor representación a las féminas. Además, recuerda que el Tribunal es la máxima autoridad electoral y sus veredictos son irrevocables.

Entrevistada aparte, Zaremberg celebra asimismo que se hayan plasmado estos criterios de forma permanente, a través del Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe), pero además, que se hayan formulado sanciones. “Los partidos vieron que sí podían perder el registro de sus candidatos ante el Instituto Federal Electoral (IFE), lo cual es básico para que una norma se cumpla.”

LEYES DEFICIENTES

Con base en sus investigaciones, Gisela Zaremberg observa que las peores leyes electorales estatales son las de Baja California y Nayarit, debido a que se menciona vagamente la proporción de candidaturas a cubrirse por féminas, no hay obligación de integrar fórmulas de un mismo género, ni a otorgarles a las mujeres algún lugar en las listas de candidatos y menos aún se establecen sanciones. Lo mismo ocurre en Nuevo León, aunque sí fija cuotas para las presidencias municipales.

En cambio, Coahuila, el Distrito Federal, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí tienen las mejores leyes electorales con perspectiva de género, ya que sí se habla de una cantidad de asignaciones, se exige que las mujeres propietarias sean suplidas por otra mujer y que los lugares en las listas se alternen entre las fórmulas de hombres y de mujeres, además de que se imponen castigos a los partidos. Sin embargo, en la capital del país las nominaciones, resultado de elecciones internas mediante voto directo, quedan exentas del régimen de cuotas 40-60.

Como efecto de lo anterior, en las entidades mejor calificadas la presencia de féminas en los congresos locales supera actualmente 20 por ciento, y se acerca a 30. El resto de los estados califican con un nivel medio y bajo, lo que significa leyes menos eficientes. Por ejemplo, Oaxaca sí tiene cuota de género pero sin sanciones.

De ahí que, en promedio, las diputadas no superan 20 por ciento en los congresos locales.

La académica de la Flacso —escuela dependiente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)— insiste en la necesidad de reformar las normas electorales estatales, aunque también menciona la importancia de garantizar financiamiento a las mujeres para promoverse al interior de sus partidos, además de que hace falta prohibir a nivel nacional el acoso político, que constituye otra forma de violencia y que ha dado lugar a las juanitas.

Por ejemplo, en Quintana Roo la prensa informó el año pasado que la legisladora local Gabriela Medrano Galindo habría sido presionada para dejar el lugar a su suplente Ramón Loy Enríquez, lo que fue impedido por el mismo Congreso local.

¿SIMULACIÓN REEDITADA?

Congreso de la uniónRuth Zavaleta confía en que, gracias a las reformas legales, a partir de este año habrá más féminas en cargos de elección popular, lo que despertará el interés de este segmento social por involucrarse. “Muchas mujeres me han dicho que, cuando yo fui presidenta de la Cámara de Diputados, tuvieron la inspiración para lanzarse a la política. Sí tiene un efecto muy positivo ver que otras avanzan.”

Pero, a pesar del optimismo que han despertado las reformas al Cofipe y la resolución del TEPJF, en el interior de los partidos la percepción es muy diferente. Mónica Soto Elizaga, representante de la Coalición Movimiento Progresista —que aglutina a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)—, se queja de que las fórmulas para la Cámara de Diputados federal y el Senado de la república no se integraron democráticamente, sino que los hombres removidos de las listas originales tuvieron la oportunidad de elegir a una mujer de su confianza.

Además, se nombraron a candidatas en distritos prácticamente perdidos, de modo que en opinión de esta activista existen otras formas de resucitar a las juanitas y de violar la ley.

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