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Seguridad nacional hoy

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Seguridad nacionalTras el fin de la Guerra Fría, el auge de la globalización y los cambios políticos en el mundo, así como el proceso democratizador de nuestro país, se dio una profunda transformación de las agendas de seguridad nacional. Tras el 11 de septiembre de 2001, con el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, a los estadounidenses les quedó claro que, en adelante, la gran amenaza por combatir sería el terrorismo internacional.

Las medidas para limitar este nuevo y formidable desafío pueden resultar contraproducentes para la democracia y los derechos humanos. Ésta es una encrucijada fundamental de no fácil respuesta.

Sin embargo, como bien explica Salazar, para América Latina, los problemas en la materia son distintos: ingobernabilidad, narcotráfico, crimen organizado y guerrilla, que son producto de la marginalidad, corrupción y herencias políticas y sociales, inercias contra las que es imperativo luchar.

La autora propone una distinción entre el significado de seguridad nacional y el de seguridad pública. La primera es una amenaza “que pone en jaque la existencia del Estado” y que, además, “puede resultar en la muerte de un número importante de ciudadanos” o “tener un impacto devastador en la calidad de vida de la población”. En este sentido, significa un fracaso estatal que un problema adquiera esas dimensiones, por lo que se deberán dedicar grandes recursos y usar incluso mecanismos excepcionales para su atención. Esto implica costos graves, por lo que la participación de una sociedad informada es deseable.

Por su parte, la seguridad pública se ocupa más directamente de la sociedad por defender la propiedad e integridad de los ciudadanos, para lo que utiliza mecanismos de prevención del delito y procuración de justicia. En ambos sentidos, el panorama no parece ser claro para México, ya que se ubica entre las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y las que amagan a Latinoamérica.

Ante tan ingentes desafíos, el gobierno y los políticos deben tomar conciencia de su responsabilidad y actuar en consecuencia, procurando la participación de la sociedad civil en la modernización de los aparatos de seguridad y de administración de justicia, así como en la reducción de la impunidad y el respeto a los derechos humanos.

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