El mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP), no favorece la transparencia. Esa es la conclusión a la que llegó el estudio Rendición de cuentas en el uso de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización Causa Común.

El estudio se hizo a partir del análisis de 10 entidades federativas en cinco temas, que son obligaciones legales, presupuesto y cuentas públicas, reportes de ejercicio del gasto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), portales de transparencia estatales y solicitudes vía Infomex, así como reportes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Alejandro Hope, director de Seguridad del Imco, explica que las políticas de la Federación en la materia no son eficientes debido a la discrecionalidad con la que se manejan los recursos del FASP —que para este año dispone de 7,600 millones de pesos (mdp)— lo que impide conocer con exactitud cómo y en qué se gasta el dinero.En otro reporte, la ASF da a conocer que no hay mecanismos para que el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) sea distribuido adecuadamente, debido a irregularidades en la gestión de las secretarías de finanzas locales.