Acciones para frenar la corrupción e impunidad: Causa en Común

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Alcaldes de México

La organización ciudadana Causa en Común sugirió una serie de acciones para frenar la corrupción e impunidad en el país, pues de no detenerse, dice en una carta enviada al Presidente de la República, el descontento social no terminará.

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La misiva, dirigida también a los secretarios de Hacienda, Economía, Función Pública, así como al Procurador General de la República y a la opinión pública, señala que la incertidumbre y un creciente descontento social han marcado el inicio del año.

“Esta situación, que está llegando a un punto insostenible, es derivada de años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas de poder”, apunta.

Sostiene que las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población “porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados”.

“El anuncio de la liberación de los precios de gasolina no vino acompañada con un programa de austeridad en la burocracia. Tampoco de un programa de contención ante las acciones anunciadas por Donald Trump previo a su llegada a la presidencia de Estados Unidos, y cuyos efectos ya se comienzan a sentir con la cancelación de inversiones. La inacción del gobierno federal resulta abrumadora”, asegura.

Señala que “a estas situaciones se suma que los abusos y la corrupción que aquejan al país y se gestan en altas esferas del poder no son castigadas. Por el contrario, las autoridades encargadas de impartir justicia se convierten en cómplices al no darle seguimiento oportuno y olvidar o alargar convenientemente los casos de los exgobernadores en investigación”.

Por lo anterior, los firmantes de la misiva consideran que sí se puede hacer algo más y piden al gobierno se comprometa a las siguientes acciones:

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

  1. Implementar una política severa de contención a los privilegios económicos de la administración pública federal, y una convocatoria pública del Ejecutivo Federal para que se adhieran a esta política los otros dos Poderes de la Unión, los Órganos de Autonomía Constitucional, las entidades federativas y municipios.
  1. Ampliar el acceso a la información, pero sobretodo, la integridad en el ejercicio del gasto público, especialmente el que se realiza a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, así como mediante adquisiciones de bienes, servicios y obra pública.
  1. Reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública.

A la Secretaría de Economía:

  1. Proponer un plan de contención ante la posibilidad que se vayan más inversiones del país, o se deje invertir en México.

A la Secretaría de la Función Pública:

  1. Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interés.

A la Procuraduría General de la República:

  1. Solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses información puntual que permita sancionar inmediatamente en México a los servidores públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en las operaciones en las que Odebrecht y sus subsidiarias reconocen haber pagado por al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en México, presuntamente relacionados con PEMEX.
  1. Investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de PEMEX.
  1. Asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances para contener inmediatamente este delito que ha crecido generando pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios, a través de más de 3,500 tomas clandestinas en ductos de PEMEX.

“México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción, pública y privada. Las autoridades tienen que dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacerle frente a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho e informar de forma transparente y puntual a la sociedad”, finaliza.

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