Casos de tortura en México han aumentado 700 por ciento desde 2006

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Alcaldes de México

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El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), Adrián Ramírez López, informó que del 2006 a la fecha los casos de tortura han aumentado en un 700 por ciento.

Así lo manifestó durante el foro de la sociedad civil “Desaparición forzada de personas y tortura”, en la cual reviró lo declarado por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre que no hay una práctica generalizada de tortura en México.

“Si hoy el titular de CNDH sale a decir que no hay una práctica generalizada de tortura, de acuerdo a sus cifras, yo le digo que no tiene razón, porque su mandato sólo tutela a los servidores públicos del ámbito federal y no tiene el conocimiento de las 32 entidades federativas y lo que pasa a nivel municipal, por lo que no puede determinar que en México no se practica la tortura”, puntualizó.

Explicó que la cifra en casos de tortura se disparó cuando en el 2006 salieron a las calles el Ejército y la Marina para desempeñar labores de policía y se acrecentó la delincuencia organizada.

Reiteró que los caso y denuncias de la ONU al respecto “no son un artificio o elemento que pretenda desestabilizar al país, pues la tortura es real e inobjetable”.

Subrayó que los estados donde se presentan los mayores índices de esta violación de los derechos humanos son Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila

Ante este panorama, enfatizó, la tortura en México tiene un carácter generalizado, ya que se realiza a lo largo del país por los tres órdenes de gobierno y servidores públicos como policías y militares. Sostuvo que la cadena de responsabilidades en todos los ámbitos permite que este fenómeno no se detenga.

En este sentido, mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorece la tortura, ya que continúa considerando la figura de arraigo.

Destacó que la tortura ha tenido un cambio de patrón debido a que hoy en día se vive en un “narco-Estado policiaco militar”; en las detenciones, explicó, los funcionarios se deslindan de las lesiones a las personas, afirmando que son ajuste de cuentas, minimizando así el sometimiento y el uso de la fuerza.

Aseguró que la tortura prevalece y los métodos dirigidos a su eliminación son ineficaces e insuficientes, pues a pesar de que existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual tiene como primordial función prevenir este delito, la realidad es que llega tarde a atender los hechos.

Por otro lado, dijo que especialistas como médicos y forenses no son capacitados adecuadamente para determinar los casos de tortura; en ocasiones, continuó, los clasifican como lesiones leves, por lo que es necesario implementar el protocolo de Estocolmo, para considerar los aspectos médicos y psicológicos, ya que muchas veces los daños se dan en la mente.

De igual manera, aseguró que la Ley General de Víctimas no previene ni brinda el apoyo a las personas que han sido violentadas porque no tiene capacidad de respuesta.

Para acceder al Fondo de Víctimas, explicó, no basta decir que fue torturado, sino cumplir con una serie de requisitos como la presentación de la sentencia de un juez que avale que fue torturado y una recomendación de la CNDH.

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