Exigen castigo a responsables de ataque a consejera del INE en Oaxaca

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Alcaldes de México

El pasado 24 de julio, un grupo de mujeres, presuntas militantes del PRD, agredieron físicamente a Lorena Nava Cervantes, Vocal Ejecutiva del VII Consejo Distrital del INE.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que exhortó a las autoridades electorales y a los partidos políticos a prevenir, investigar y sancionar toda expresión de violencia política en el estado de Oaxaca.

Mícher Camarena puso énfasis en el rechazo a los ataques cometidos por presuntas integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra Lorena Nava Cervantes, Vocal Ejecutiva del VII Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE).

Consideró que “las mujeres no debemos, bajo ninguna circunstancia, reproducir la misma violencia de la que hemos sido víctimas”.

Expuso que las agresiones realizadas el pasado viernes 24 de julio, por presuntas inconformidades con los resultados electorales “son una clara y lamentable expresión de la violencia política, que el partido en el Gobierno se ha negado a tipificar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Además, dijo, “representa una manifestación de violencia de género por ser un atentado colectivo contra la dignidad y la integridad física de una funcionaria electoral”.

Aunque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR), inició una investigación por este hecho, hizo un llamado a los partidos políticos a exhortar a su militancia a mantener la civilidad en el contexto electoral, sobre todo en aquellos lugares donde aún existen impugnaciones pendientes.

En el Punto de Acuerdo hizo un llamado a que los partidos sancionen o expulsen a los integrantes de sus militancias que incurran en cualquier acto de violencia política y fomentar el uso de los mecanismos legales para dirimir sus inconformidades y controversias electorales.

Solicitó a las autoridades electorales correspondientes que agilicen, dentro de los términos legales, las resoluciones en torno a las impugnaciones de los pasados comicios, con el fin de evitar que crezca la violencia por las inconformidades de dicho proceso electoral.

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