La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no apelará la decisión de la juez que negó la orden de aprehensión solicitada contra Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“La Fepade determinó no impugnar la resolución de la Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien negó la orden de aprehensión en contra de un ex dirigente partidista.”, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
“En su pretensión punitiva, dicha Fiscalía, consideró pertinente no agotar el medio de defensa previsto en la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional”, precisó la Fiscalía.
El 9 de diciembre pasado Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, rechazó conceder la orden de aprehensión contra Escobar y otros implicados, al estimar que la Fepade imputó a los acusados un tipo penal que no es el adecuado para la conducta presuntamente denunciada.
Ante ello la Fepade tenía dos opciones: apelar la negativa de aprehensión ante un tribunal unitario, el cual tendría la última palabra al respecto, o solicitar la devolución del expediente para perfeccionar sus inconsistencias y volver a consignarlo con el propósito de obtener las aprehensiones.
Cuestionan actuación del titular de la Fiscalía
En medio de las resoluciones en el caso Escobar, diversos legisladores del PRI y del Partido Verde, reprochan la conducta del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, y demandan la renuncia del funcionario.
Los legisladores acusan al fiscal de “mentir” al presentar sus documentos oficiales para acceder a su actual cargo al no reportar su relación previa con el PRD, y por otro lado, señalan que el funcionario habría violado la ley en la integración contra el ex dirigente del Partido Verde.
Por tales motivos, se presentó una denuncia penal contra el funcionario, por lo que los legisladores que lo acusan consideran que debe dejar su cargo en la Fiscalía.
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