Leyes estatales de transporte imponen barreras a la competencia: COFECE

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Alcaldes de México

En Sinaloa existe una regulación con efectos anticompetitivos en el servicio público de transporte de carga que inhibe el crecimiento potencial de la entidad federativa, determinó la COFECE; una situación similar se presenta en varios estados.

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La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió el dictamen preliminar de la investigación para determinar barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado del servicio público de transporte de carga en general en el estado de Sinaloa, donde concluyó que la Ley de Tránsito y Transporte y su reglamento imponen barreras a la competencia.

De acuerdo con la Autoridad Investigadora de la COFECE, existen restricciones por zona, facultades discrecionales para el otorgamiento de permisos, regulación de tarifas, derechos preferentes sin criterios objetivos, conflictos de interés y, además, se limita que las empresas y productores se autoprovean del servicio de transporte.

Señala que por las restricciones regulatorias, en la mayoría de los municipios del estado un solo concesionario concentra 50% de los permisos de transporte de carga de productos agrícolas y de materiales de construcción o pétreos; como consecuencia, los usuarios se ven imposibilitados en buscar alternativas de transporte más económicas y eficientes lo cual impacta adversamente en la actividad económica local.

Asimismo observa que los agricultores y constructores manifiestan que gastan hasta 40% más por el servicio, al no poder autoproveerse. 

El transporte público de carga es pieza clave en el funcionamiento de la cadena de suministro y distribución de diversos sectores, ya que conecta los puntos de oferta y demanda en donde otros medios de transporte (marítimos, ferroviarios y aéreos) no llegan, considera la Autoridad Investigadora.

Por otro lado, el otorgamiento de concesiones y permisos de transporte por zona incrementa los costos de interconexión con los puertos marítimos estatales, generando un sobrecosto al tener que enviar la mercancía a otros estados, los cuales inhiben la actividad comercial de Sinaloa.

Para eliminar estas barreras a la competencia que impiden el funcionamiento eficiente del mercado investigado, el dictamen preliminar plantea una serie de medidas correctivas como limitar facultades discrecionales para el otorgamiento y asignación de permisos, así como para la regulación de tarifas; permitir la integración vertical de los agricultores y constructores para autoproveerse; y eliminar el conflicto de interés generado por el carácter simultáneo que tiene el titular de la Dirección de Vialidad como regulador y a su vez como permisionario.

La investigación y la propuesta de medidas remediales planteadas se remitirán al Titular del Ejecutivo estatal y al Congreso local.

Otras entidades presentan restricciones similares

Cabe señalar que diversas entidades federativas del país tienen restricciones similares a las detectadas en Sinaloa; al respecto la COFECE señala que: 

•  6 entidades impiden que los agentes económicos se provean a sí mismos del servicio de transporte (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Sonora y Tabasco);

• 18 entidades restringen el número de concesiones o permisos por titular (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas);

• 10 entidades otorgan “permisos de zona”, es decir, autorizan la prestación del servicio únicamente en zonas geográficas determinadas (Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán);

• 2 entidades facultan al Ejecutivo para suspender, de forma discrecional, el otorgamiento de concesiones o permisos (Tabasco y Chiapas) y 5 más para fijar o modificar tarifas (Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz);

• 12 entidades establecen criterios de preferencia poco objetivos, o favorecen a los locales, en el otorgamiento de concesiones y permisos (Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), y

• 5 entidades fijan reglas que propician conflictos de interés, por ejemplo, permiten la participación de privados en decisiones regulatorias (Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guerrero y Zacatecas).

Por lo anterior, la COFECE podrá actuar, con base en sus atribuciones y procedimientos, con el propósito de promover la eliminación de cualquier obstáculo regulatorio a nivel local que pueda afectar la libre concurrencia y competencia en detrimento del bienestar social.

Aquí puede consultar más sobre esta investigación.

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