México, entre los países con más corrupción; el peor de la OCDE

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Alcaldes de México

IPC2015-Comparativo-01-–-OCDEMéxico obtuvo 35 puntos en una escala de 0 a 100 (donde cero son altos niveles de corrupción y cien los niveles más bajos), en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 publicado este miércoles por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

Con estos resultados el país se ubica en el último lugar entre las 34 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en el ranking internacional se ubica en el lugar 95 de 167 países evaluados, junto con Armenia, Mali y Filipinas.

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Respecto a los países que integran el G20 –que agrupa a las principales economías del mundo-, se ubica en la posición 17 de 19, solamente por delante de Argentina y Rusia.

En el índice internacional, Dinamarca es el país mejor evaluado, con 91 puntos, mientras que Somalia y Corea del Norte obtuvieron las peores calificaciones al recibir sólo 8 puntos.

IPC2015-Comparativo-02-–-G20Transparencia Mexicana atribuye los malos resultados a una serie de escándalos para la opinión pública como el caso Ayotzinapa, la llamada “Casa Blanca”, Oceanografía, OHL, acusaciones contra los ex gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tabasco, entre otros, que impidieron hacer patentes las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

“México sólo podrá mejorar su calificación en este índice si se implementan las reformas en materia de transparencia y anticorrupción y muestran ser eficaces para seguir ampliando la información pública y reducir la impunidad en los delitos asociados con corrupción en el país”, opinan en un comunicado conjunto Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional.

Además, los organismos señalan que “el control de la corrupción debe ser parte de una estrategia para reducir la desigualdad en el país y propiciar el crecimiento económico”.

“La corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y justicia. El control de la corrupción debe ser parte de una estrategia para reducir la desigualada en el país y propiciar el crecimiento económico”, señalan.

Según el análisis liderado por la ONG alemana, los países que ocupan las primeras posiciones en el Índice presentan características comunes que son clave como altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es independiente de otros sectores del gobierno.

En cambio, los países en las últimas posiciones del ranking se caracterizan, además de sufrir conflictos y guerras, por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación.

Recomendaciones para México

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana recomiendan una serie de medidas para reducir los niveles de corrupción e impunidad, y salir del estancamiento histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción:

Avanzar una agenda legislativa en anticorrupción que vaya más allá de las 2 leyes generales que señala la reforma constitucional (Ley de Responsabilidades y Ley del Sistema Nacional Anticorrupción). Transparencia Mexicana ha identificado más de 15 leyes que impactan en el control efectivo de la corrupción.

Prestar especial atención a las leyes vinculadas con la contratación pública, como la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”. que actualmente se discute en el Poder Legislativo.

Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.

Aplicar con efectividad tanto la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (ley antilavado) como la “Ley Federal de Extinción de Dominio” para desmantelar redes de corrupción.

La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar seguimiento puntual y prioritario a las recomendaciones entregadas por la ASF en materia de procedimientos penales en contra de funcionarios públicos que han hecho un uso ilícito de recursos públicos.

El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en el sistema anticorrupción, implementando medidas que garanticen la independencia de jueces y que reduzcan el riesgo de corrupción al interior de este poder del Estado.

Incorporar planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.

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