Oaxaca con cifra histórica de presidentas municipales pero sigue la violencia política

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El pasado primero de enero tomaron su cargo 59 mujeres electas para encabezar el ayuntamiento en igual número de municipios de Oaxaca, una cifra histórica según el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), sin embargo, llegar a ese cargo no ha significado el fin de la violencia política de género en muchos casos.

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Anabel López Sánchez e Irma Aguilar en reunión con Mariana Ortiz Cabrer, directora de Vinculación con Gobiernos Municipales en SEDESOL (Foto: Twitter @marianaortizca)

En Oaxaca, de las 59 presidentas municipales que asumieron su cargo al inicio de este 2017, 38 fueron electas por partidos políticos y 21 por sistema normativo, comúnmente conocido como usos y costumbres.

Aunque pareciera que la inclusión plena de las mujeres avanza en el estado como lo señala el IEEPCO, aún quedan arraigadas malas costumbres políticas que afectan la plena integración femenina a la vida política del país.

Es el caso de presidentas municipales, que a partir de que ganaron la elección municipal, comenzaron a sufrir algún tipo de acoso, hostigamiento e incluso violencia para obligarlas a renunciar al cargo.

De acuerdo con Anabel López Sánchez, representante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres A.C., se debe a que muchas candidatas fueron postuladas para cumplir con la paridad de género en las candidaturas, pero les exigían renunciar al cargo en caso de resultar electas.

López Sánchez, en entrevista para Alcaldes de México, señala que al menos cuatro casos de este tipo se han logrado ubicar, sin embargo sólo el caso de Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac, en el distrito de Jamiltepec, ha tenido un seguimiento.

El caso destaca por la violencia física que sufrió la alcaldesa tras rendir protesta como presidenta municipal, quien además denunció haber sido amenazada de muerte por los integrantes de su propio cabildo para que renuncie a su cargo.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Ciudad de México, Aguilar Raymundo aseguró que el síndico de la comunidad, Gabriel Ángel Guzmán, le dio tres meses para “desistir de sus intereses como munícipe de la comunidad”.

“Esto es una constante. Hay otras que no se atrevieron a denunciar, pero sabemos que estaban siendo presionadas para dejar su cargo y en su lugar estuviera el síndico municipal”, asegura Anabel López Sánchez.

“No todos los casos se denuncian públicamente, sin embargo hay uno que se ha vuelto emblemático, el de Irma Aguilar Raymundo. Ella incluso el día de la toma de posesión fue agredida por familiares del síndico municipal que argumentan que ese lugar es suyo, que la presidenta sólo iba a cumplir con la paridad, pero tenían que renunciar cuando llegara al cargo”, explica la ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

Ante este tipo de situaciones, López Sánchez explica que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), acompaña algunos de estos casos cuando recibe demandas, como lo hizo Irma Aguilar, pero señala que en la entidad no hay muchas condiciones para hacer el acompañamiento de estas mujeres que están viviendo violencia política.

La representante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres explica que los partidos políticos, a la hora de los conflictos, van dejando a las mujeres solas. Inclusive a veces los conflictos son dentro de los mismos partidos. “La lectura que dan es que los conflictos son muy locales y deben resolverse en lo local, sin considerar que en estas circunstancias las mujeres están en situación de desventaja”.

La alcaldesa de San Pedro Atoyac acudió esta semana al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido, el PRD, para solicitar apoyo y se le garantice la seguridad, pues aseguró que no entregará su cargo. Además exigió al Gobierno de Oaxaca que garantice las condiciones de seguridad para que pueda regresar a su comunidad y continúe con el cargo que le dieron al votar por ella.

Anabel López recomienda a los partidos políticos garantizar las condiciones efectivas para que las mujeres puedan desempeñar su cargo aun cuando finalice el proceso electoral, porque “finalmente son ellos quienes tienen este vínculo directo con sus autoridades municipales, por lo tanto deberían establecer ciertos mecanismos de sanción a quienes estén incurriendo en hechos de violencia contra las mujeres”.

Por su parte, las instituciones públicas, estatales y federales, tendrían también que generar las condiciones para que desempeñen el cargo para el que fueron electas.

“Es muy probable que las mujeres empiecen a ser hostigadas y limitadas en la facultad que tienen. Habrá que esperar a ver qué ocurre en los primeros meses. Creo que la situación en que las mujeres están llegando a este espacio de representación requiere un acompañamiento puntual de las instituciones públicas”, señala.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno del estado medidas cautelares para la alcaldesa de San Pedro Atoyac, así como para la síndica Yareli  Cariño López, de Pinotepa Nacional, pero quedan pendientes los casos no denunciados de mujeres que a pesar de haber ganado en las urnas, deben seguir luchando por su puesto en el ejercicio de sus funciones.

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