Reformas a la Ley de Disciplina Financiera podrían provocar deudas ilegales

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Alcaldes de México

Las reformas a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, aprobadas por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, podrían provocar que se reconozcan financiamientos adquiridos de forma irregular por las autoridades locales, advirtió la diputada panista Minerva Hernández.

La legisladora del Partido Acción Nacional señala que en uno de los artículos transitorios de la reforma a la legislación de disciplina financiera, se propone regularizar ante el Registro Público Único de deuda obligaciones o financiamientos contraídos con anterioridad a la aplicación de dicha norma, para lo cual se debe acreditar que se cumplieron con requisitos aplicables a la “normatividad vigente en el momento de su contratación”.

“Se tendría como consecuencia que pudiera otorgarse el aval de la garantía federal y que se permitieran refinanciar obligaciones y financiamientos que son totalmente irregulares, por no cumplir con los criterios que orientaron las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera y que fueron contratados en franco contravención de lo establecido en esta ley”, expresó la legisladora, según cita el diario Reforma.

La Ley de Disciplina Financiera se aprobó a finales de 2015 para evitar que las entidades contrajeran deuda de manera irresponsable, pero ahora, con las modificaciones se relajan las reglas establecidas para los gobiernos locales en torno a la contratación de dichos recursos y genera marcos de opacidad en la asignación de licitaciones.

“Existe deuda subnacional que, en forma irregular, fue contratada previamente a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera en noviembre de 2010 los criterios jurisprudenciales derivados de la Acción de Inconstitucionalidad 163/2007, y previamente a la reforma constitucional de mayo de 2015 en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios”, explicó Minerva Hernández.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los estados contarán con un mayor margen de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes y podrán destinarlo incluso a cubrir sus necesidades de gasto corriente, lo que no está permitido actualmente, ya que la ley establece que el remanente debe usarse para el pago de la deuda contraída.

“Por ello, en la Ley se estableció la obligación de registrar cualquier financiamiento y obligación –estuviera o no respaldado con participaciones o aportaciones federales– en el Registro Público Único, entendiéndose que en éste quedarían inscritas las obligaciones de deuda pública subnacional que cumplieran con los requisitos constitucionales de mayo de 2015 y con los requisitos legales de esta misma ley”, precisó.

En la reforma se modificó también el Sistema de Alertas, creado para advertir trimestralmente de endeudamientos en estados y municipios que se tornan “inmanejables”; sin embargo, la reforma establece periodos más extensos de diagnóstico; es decir, las advertencias se actualizarán trimestralmente sólo para las entidades; en los municipios se hará cada seis meses y en el caso de los entes públicos distintos de la administración pública descentralizada, anualmente.

“No encuentro explicación alguna para postergar la publicación de información que, en teoría, siempre debe tener la autoridad hacendaria. La propuesta además permite a los estados asignar, sin realizar un proceso competitivo, las reestructuraciones de deuda. Esto es grave cuando existe evidencia de colusiones de instituciones financieras en créditos al gobierno. La reforma no corrige una de la fallas fundamentales de la ley, que consiste en que las reestructuras de deuda no necesariamente tienen que bajar el valor presente de la deuda, es decir, no sólo ampliar plazos, sino efectivamente desendeudar”, explicó Vidal Lleneras en un artículo para El Economista.

En la discusión de esta semana en el Pleno, la diputada Minerva Hernández propondrá otra redacción al artículo segundo transitorio y que se precise que todo crédito (estatal o municipal) que se registre debe cumplir con las reglas constitucionales.

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