Sufre alcaldesa amenazas en nuevo caso de violencia política en Oaxaca

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Alcaldes de México

Oaxaca registró un nuevo caso de violencia política en contra de una de sus presidentas municipales, con lo cual suman al menos cuatro alcaldesas y servidoras municipales que enfrentan una situación similar.

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Este nuevo caso lo sufre Samantha Caballero Melo, presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, quien recibió amenazas de muerte para obligarla a dejar el cargo, según publica el portal de noticias La Silla Rota.

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La denuncia fue hecha a través del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres A.C., donde señalan al síndico municipal electo Pablo Anica Valentín, como autor de las amenazas y quien busca suplir a Caballero Melo en el cargo.

El medio señala que la alcaldesa actualmente ejerce el cargo sin ningún tipo de protección o medidas a su favor para garantizar el ejercicio municipal.

La Silla Rota detalla que el 18 de diciembre, familiares del síndico municipal electo, Anica Valentín, acudieron a la casa de la abuela materna de la ahora alcaldesa para pedirle que convenciera a Caballero Melo de dejar el cargo, “pues si no lo hacía ‘iba a correr sangre'”.

Posteriormente, el delgado del PRI en la Costa, Zita Guzmán Flores, la presidenta del PRI en San Juan Bautista Lo de Soto y Pablo Anica Valentín, acudieron a la casa de la alcaldesa, a un día de que tomara protesta, para exigirle que se abstuviera de asumir el cargo, bajo el argumento de que existía un acuerdo previo para que Caballero Melo fuera la síndica y Anica Valentín asumiera la presidencia municipal.

El primero de enero de 2017, señala La Silla Rota, después de que Samantha Caballero Melo tomó protesta como presidenta municipal, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación, tomaron el Palacio: sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas.

Para el 12 de enero de 2017 Samantha Caballero Melo acudió a la Secretaría General de Gobierno a rectificar las acreditaciones de su cabildo por un error en el distrito, cuando fueron devueltas se encontraron con que la dependencia de gobierno había acreditado como tesorero municipal Nazario Bracamontes Clemente, esposo de la presidenta del PRI en el municipio.

Derivado de las agresiones, la alcaldesa inició la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), e iniciará las acciones legales necesarias para que su cargo sea respetado.

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