México, a un paso de la inseguridad alimentaria

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Mercado52% de la población nacional no puede adquirir los alimentos suficientes para tener una vida sana y activa. ¿Las razones?, entre otras: falta de inversión en el campo mexicano, grave endeudamiento del sector, desinterés político y el nuevo modelo económico que privilegia la importación de granos y la exportación de hortalizas, frutas y flores.

México es un país inseguro en términos alimentarios. Es verdad que la producción de maíz —grano básico en la dieta de los mexicanos—, no se ha desplomado y que existe suficiente maíz blanco para consumo humano. Sin embargo, la producción, en términos del concepto de seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es insuficiente, toda vez que hay que ponderar, tanto el acceso como la distribución a los diversos sectores de la población mexicana y en las distintas regiones del país. Sin embargo, la definición empleada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) mide en especial la producción de granos y no aborda el tema de la accesibilidad.

En este sentido, es importante que las autoridades nacionales, en conjunto con entidades privadas y la sociedad, replanteen el concepto oficial de seguridad alimentaria, por lo menos tomando en cuenta el espíritu de lo acordado en la Cumbre Mundial sobre Alimentación de la FAO de 1996. Este replanteamiento debe hacerse a todos los niveles: municipal, estatal y federal, de manera que la sociedad mexicana disfrute de un satisfactor fundamental para su supervivencia y desarrollo. Asimismo, la reconsideración conceptual debe hacerse utilizando una metodología apropiada para realizar las mediciones necesarias de manera veraz.

QUÉ ES SEGURIDAD ALIMENTARIA

Seguridad e inseguridadDe conformidad con lo dispuesto en la Cumbre de 1996, la seguridad alimentaria se logra: “cuando todas las personas poseen, en todo momento, acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimentarias para tener una vida sana y activa”. De acuerdo con ello, la FAO estima que 852 millones de personas en el mundo padecen hambre crónica y malnutrición, situación directamente relacionada con la pobreza. La mayor parte de las personas que padecen hambre en el mundo residen en países pobres.

Los nutriólogos señalan que diariamente una persona debe consumir entre 2 mil 100 y 2 mil 700 calorías. Esta proporción puede variar de conformidad con las condiciones geográficas y la actividad física. Los inuit, por ejemplo, requieren unas 6 mil calorías diarias dadas las condiciones climáticas. El requerimiento mínimo de calorías consumidas es de mil 500, pero esto es únicamente para garantizar que la persona sobreviva padeciendo hambre de manera endémica.

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La Sagarpa, a través de su Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), afirma que la seguridad alimentaria es: “El acceso de las familias de zonas rurales marginadas a suficientes alimentos saludables y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias con el objeto de llevar una vida activa y sana, preferentemente basado en el aprovechamiento de los recursos locales, sustentado en aspectos ambientales, sociales y económicos, y con certidumbre en el tiempo”.

Si bien la propia Sagarpa enfatiza que este concepto se diferencia del de la Cumbre Mundial en que se centra en la búsqueda de autosuficiencia basada en la producción local con recursos igualmente locales, uno de los problemas que presenta es que está diseñado para abocarse al combate de la pobreza en zonas rurales. Empero, en las zonas urbanas existen igualmente problemas en materia de seguridad alimentaria, por lo que también se requieren programas que partan de un plan nacional encaminado a enfrentar este desafío.

La Sagarpa utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, de 2005, para documentar la llamada “pobreza alimentaria”2 en áreas rurales. Así, la encuesta revela que 25 millones de personas en áreas rurales (62 por ciento de la población rural total) vive en condiciones de pobreza. La pobreza es dividida por la Sagarpa en tres rubros: pobreza patrimonial, pobreza de capacidades y pobreza alimentaria. Para cada una de estas “vertientes” hay un diagnóstico, según el cual:

23.8 millones de personas padecen pobreza patrimonial; esto es, que la población tiene un ingreso percápita menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentos, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte y educación.

15.3 millones de personas enfrentan pobreza de capacidades; es decir, su ingreso percápita es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentos, salud y educación.

12.5 millones de personas sufren pobreza alimentaria; esto es, su ingreso percápita es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria.

¿CÓMO SE MIDE?

Valor de las importacionesUna metodología usada tradicionalmente para medir la inseguridad alimentaria es la que consiste en evaluar de manera indirecta la dieta, a nivel individual o comunitario en un país, o también a través de datos sobre el peso y la talla de las personas, con el fin de identificar la malnutrición que presentan. A últimas fechas se ha buscado otra metodología, basada en métodos directos en los hogares de los países. Consiste en un cuestionario de 10 preguntas, aplicado en los hogares, en torno al acceso y disponibilidad de los alimentos. De estas preguntas se derivan tres conclusiones: la preocupación por la malnutrición, seguida de la reducción de la calidad de la dieta y, finalmente, la reducción en el consumo de calorías en adultos y niños. Así, la inseguridad alimentaria se divide en tres fases: leve, mediana y grave.

Esa metodología, desarrollada en Estados Unidos, posteriormente fue aplicada en Brasil y Colombia; a partir de estas experiencias, un grupo de investigadores latinoamericanos se abocó a crear la Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria (ELCSA). A lo largo del presente siglo, la ELCSA se realizó a nivel estatal en el Distrito Federal (2004), Sierra de Manantlán, Jalisco (2005) y Guanajuato (2007); así como a nivel nacional en 2006 y 2008 (la más reciente). Para la encuesta correspondiente a 2008, que se desarrolló entre el 26 de enero y el 27 de febrero de 2008, se interrogó a mil 560 adultos haciendo una muestra nacional representativa.

De acuerdo con la ELCSA, menos de la mitad de la población mexicana vive en condiciones de seguridad alimentaria. El 52 por ciento restante presenta algún nivel de inseguridad alimentaria, situación preocupante, porque, como se sugería líneas arriba, de no aplicar los correctivos apropiados, la inseguridad alimentaria leve puede escalar para tornarse media o grave.

Si bien la ELCSA puede ser útil para tener una apreciación general del problema, no hay que perder de vista que, como refiere Felipe Torres, la seguridad alimentaria en México tiene, a nivel regional, dimensiones distintas, por lo que se requiere una valoración a nivel estatal a fin de determinar el número de personas que enfrentan problemas alimentarios severos, o que, por diversas razones, tienen dificultades para acceder a los alimentos. De esta manera se pueden identificar las zonas o regiones de alto riesgo.

Así, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto (PIB) sectorial por entidad federativa, es posible encontrar regiones muy especializadas en la producción, la diversidad y con altos niveles de productividad, en contraste con otras que carecen de capacidades agropecuarias y que dependen de las primeras para satisfacer sus necesidades alimentarias. Así, analizando el PIB agropecuario, se tiene que Jalisco, Veracruz y Sinaloa eran, a principios del presente siglo, las entidades que más participaban en el PIB nacional al representar 25 por ciento del sector, seguidas por Michoacán, Sonora, Guanajuato y Chiapas, responsables de otro 20 por ciento.

Si se mide la producción agrícola en función del PIB regional, ocho estados de la República aportan 50 por ciento del valor del PIB nacional en el sector: Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guanajuato y Michoacán (que poseen la agricultura de tipo comercial más importante en México), más Oaxaca, Chiapas y Veracruz-Llave (que cuentan con formas de producción más tradicionales).

El dato anteriormente referido es importante porque revela que una buena parte de los estados de la República Mexicana, al participar de manera deficitaria en el PIB agropecuario, son más vulnerables a los cambios que experimenta la agricultura, las políticas en torno al sector y también de cara a las consecuencias que tiene la apertura comercial en el sector de los alimentos.

Para complementar el análisis, en el entendido de que el aspecto central de la seguridad alimentaria es la accesibilidad, es menester analizar el nivel de ingreso de la población, con el fin de determinar si cuenta con los recursos para adquirir los alimentos que necesita. Y aquí aparece una primera contradicción: Oaxaca y Chiapas, entidades que contribuyen de manera importante al PIB agrícola nacional, son los estados donde se tienen los ingresos más bajos, lo que coloca a su población en una situación de gravedad de cara al acceso a los alimentos (porque, en promedio, 80 por ciento de sus habitantes tienen ingresos inferiores a tres salarios mínimos). Pero no son los únicos. Otros estados, donde de 70 a 80 por ciento de la población tampoco reúne los ingresos necesarios para acceder a los alimentos que necesita, son: Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz-Llave, San Luis Potosí, Durango y Campeche.

PERSPECTIVAS

La seguridad alimentaria en México constituye un problema de seguridad nacional, en la medida en que una buena parte de la población, tanto en zonas rurales como urbanas, enfrenta dificultades para tener acceso a los alimentos esenciales para su supervivencia. Este problema obedece a numerosos factores, entre los que vale la pena destacar los siguientes: la falta de inversión en el campo mexicano, el grave endeudamiento acumulado por el sector, el desinterés de la clase política en este rubro y el nuevo modelo económico —impulsado en buena medida por grandes empresas transnacionales del sector alimentario—, el cual privilegia la importación de granos y la exportación de hortalizas, frutas y flores.

En consecuencia, México ha debido incrementar las importaciones de granos básicos, tendencia que se mantiene. El país, entonces, es muy vulnerable, porque depende de la compra en el exterior de alimentos básicos para la población, y exporta, en cambio, una serie de productos agrícolas que son prescindibles y que están sujetos a una enorme volatilidad en los mercados internacionales. Lo anterior implica mayores erogaciones para la adquisición de maíz, frijol, etcétera, y la incertidumbre respecto a los ingresos que se obtendrán por concepto de exportaciones de verduras, flores y frutas.

A nivel mundial, los precios de los alimentos han venido aumentando por razones que van desde las condiciones climatológicas, la disminución de los inventarios, el aumento en los precios de los combustibles y los cambios de la estructura en la demanda global, hasta la especulación en los mercados financieros y, por supuesto, la tendencia a emplear alimentos (como el maíz) para la producción de biocombustibles.

Para generar un escenario de seguridad alimentaria, México debe reducir las desigualdades en el ingreso, favorecer la producción de granos básicos y, sobre todo, agregar valor a sus exportaciones. En la medida en que sólo ofrezca materias primas sin gran valor agregado, su vulnerabilidad en el mundo se acentuará. De no atender esta situación, México estará condenando a una buena parte de su población a la hambruna, con las consecuencias que este hecho tiene y tendría en ámbitos como la salud, la educación y la productividad. Un pueblo con hambre, simple y llanamente no puede funcionar.

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