Gestión con vocación Ecológica

La contaminación motivó al ayuntamiento a reestructurar su dirección de medioambiente y a crear una fiscalía pionera en el ámbito local

Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios conurbados es el crecimiento desordenado y una de las consecuencias que trae consigo, es la contaminación.

En Tlajomulco de Zúñiga conocen muy bien esta situación. Esta alcaldía forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), la cual está conformada por nueve municipios y es la segunda más poblada del país.

Entre 1990 y 2015 la población de Tlajomulco, que actualmente es de 549 mil 442 personas, creció más de 800 por ciento, de tal manera que la contaminación comenzó a hacer estragos en el municipio. Para la administración que hoy día encabeza el gobierno de Tlajomulco, el cuidado del medioambiente es una prioridad, por lo que se dio a la tarea de ejecutar acciones concretas.

Una de ellas fue separar las responsabilidades de gestión e inspección del medioambiente, a través de la creación de dos dependencias: la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad y la Fiscalía Ambiental, respectivamente.

TLAJOMULCO

Planes de acción en puerta

Según la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establecida en 1986, durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, es atribución de los gobiernos locales el resguardo del medioambiente, especialmente en lo que tiene que ver con la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como con la protección del entorno, salvo cuando se refiera a asuntos reservados para la Federación.

Propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas son otras facultades que tienen los gobiernos municipales, de tal manera que el ayuntamiento de Tlajomulco estipuló que ambas fueran facultades de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad y de la Fiscalía Ambiental.

Miguel Ángel León Corrales, director de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad de Tlajomulco, expresa que la transición de la Dirección de Ecología hacia la dependencia que ahora administra tiene como una de sus principales motivaciones promover la educación ambiental en los habitantes, acompañada por actividades de reforestación y generar un manual de procedimientos.

En los próximos meses, esta dirección concluirá la elaboración de dos planes de acción climática municipal; con el primero evaluarán los índices de gases de efecto invernadero en el municipio y el segundo tendrá por objetivo disminuir las emisiones.

“Tlajomulco padece severos problemas de contaminación del aire, principalmente en la zona Valles, donde viven aproximadamente 300 mil personas y que reporta cantidades mínimas en su calidad del aire”, asegura el directivo.

David Cabrera Hermosillo, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco (Proepa), afirma que la propuesta de Tlajomulco fortalece el ejercicio de las atribuciones que tiene el municipio, aunque la administración del medioambiente a nivel estatal y federal ya estaba resuelta.

Una figura novedosa
El 25 de abril de 2015, el alcalde Alberto Uribe Camacho anunció la convocatoria a nivel nacional para encontrar a la persona que cumpliera con el perfil para ocupar la primera Fiscalía Ambiental de Tlajomulco, la cual es pionera en el país. Luego de un amplio proceso de selección, que incluyó un examen de oposición, el maestro en Protección Ambiental por la Universidad de Guadalajara (UDG), Gilberto Villalpando Piña, fue elegido como fiscal Ambiental el 5 de junio de este año y ocupará el cargo por cuatro años.

En la plantilla laboral de este organismo destacan 12 inspectores que realizarán auditorías y diagnósticos ambientales, en el marco de las facultades con las que cuenta el municipio, además de supervisar empresas, dar seguimiento a denuncias y, en caso de ser necesario detener a quienes sorprendan en la comisión de un delito ambiental.

elegir-fiscalAntes de contar con la figura del fiscal Ambiental, en noviembre de 2015, el gobierno de Tlajomulco clausuró las obras de un complejo habitacional conocido como Bosque Alto o Santa Anita Hills, que pretendía urbanizar una zona boscosa en los límites de amortiguamiento de esta área verde, que ponía en riesgo más de 5 mil árboles adultos, así como a la fauna del lugar.

Villalpando Piña coincide con el procurador ambiental del estado al manifestar que “esta Fiscalía busca tener vinculación con las secretarías federal y estatal en materia de medioambiente” y mantiene reuniones periódicas con las delegaciones estatales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Dos meses después de la creación de la Fiscalía Ambiental, la Proepa ya tuvo un acercamiento con dicha instancia para colaborar mediante la creación de un plan de acción metropolitano. “El marco legal ya lo tienen y el estado de Jalisco ha hecho lo propio con la Procuraduría de Protección al Ambiente”, apunta el funcionario estatal.

Debido a que en el marco de las leyes federales y estatales, en lo que tiene que ver con protección al medioambiente hay aspectos en los que sólo pueden intervenir autoridades de estos órdenes de gobierno, la jurisdicción del municipio se ve limitada; no obstante, el fiscal Ambiental de Tlajomulco tiene la obligación de denunciar los casos en los que se observen infracciones a las leyes.

“La actividad que pueda desempeñar el fiscal estará sumamente limitada, pues al municipio no le competen muchos de los grandes delitos ambientales”, reconoce Arturo Curiel Ballesteros, investigador de Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales y Vulnerabilidad de Comunidades en la Universidad de Guadalajara (UDG).

No obstante, el experto reconoce la relevancia de fortalecer un espacio en la administración pública municipal dedicada a temas ambientales. Para el investigador, la concurrencia de los tres órdenes de gobierno debe tener claro el concepto de la función del fiscal Ambiental para que la gestión pueda prosperar.

“La procuración de justicia no se aplica en todos los contextos. La justicia ambiental opera con base en denuncias, por lo que sólo se persiguen aspectos penales sin darle tratamiento a los aspectos civiles y administrativos”, apunta.

Atractivo contaminado

Cajititlán es un poblado ubicado a 25 minutos del periférico de Guadalajara, cerca de la carretera hacia Chapala y es un punto de atractivo turístico en la región por su laguna formada con agua de lluvia que escurre de los cerros que la rodean y que se acumula sobre un fondo de tepetate salitroso.

“Este vaso lacustre es un regulador ambiental, de importancia económica para los pescadores y como identificación del municipio”, explica Villalpando Piña, quien reconoce los problemas de contaminación de la laguna, la cual en 2014 experimentó una crisis ambiental que derivó en la mortandad masiva de una variedad de peces locales conocidos como popocha. En total se contabilizaron más de 200 toneladas de ejemplares muertos, lo que afectó a las actividades económicas de la región como el turismo, la pesca y el comercio.

El fiscal Ambiental sostiene que una de las medidas que hoy día están en operación es la limpieza por medio de biofiltros que operan al doble de su capacidad, además de humedales artificiales para eliminar los compuestos contaminantes mediante un proceso biológico de oxigenación.

El saneamiento es un reto permanente, pues la polución en la laguna data de hace tres décadas; por ello la Fiscalía iniciará un plan de acción para vigilar la ribera, con el fin de ubicar escurrimientos y descargas clandestinas. “Si detectáramos algunas empresas que incurren en estos actos las vamos a clausurar”, asegura Villalpando Piña.

En la zona hay tres plantas tratadoras de agua repartidas en las comunidades de San Miguel Cuyutlán, San Juan Evangelista y Cajititlán, cuya capacidad será ampliada; para ello, el municipio invertirá 150 millones de pesos (mdp). Asimismo, la dependencia dio seguimiento a un programa de reconversión agrícola creado en 2014 para elaborar una composta basada en residuos orgánicos de peces popocha de la laguna de Cajititlán en un centro de composteo de 100 hectáreas donde producen biofertilizantes para los campesinos de la zona.

ALBERTO-URIBE

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