Apoyos para un crecimiento sustentable.

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A partir del año 2000, las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno privilegiaron la construcción de unidades habitacionales alejadas de las ciudades. Los desarrolladores compraron suelos baratos en las periferias, “las reglas de operación estaban hechas para permitir una mala ubicación de este tipo de unidades, por lo que muchas personas accedieron a una vivienda a precios accesibles.

“Al final, los costos económicos, de salud pública y contaminación se transfirieron a los compradores y a los gobiernos locales. Era necesario cambiar las reglas para tener un modelo sustentable”, explica Enrique Soto, experto en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los espacios habitacionales construidos en la periferia ocasionaron la expansión de las ciudades, las cuales se multiplicaron con densidades bajas de población. Lo anterior se debió, en parte, a que el Gobierno Federal no pudo ofrecer suelo barato y urbanizado a los más pobres y dejó el problema en manos de la iniciativa privada. La gente buscó los precios más bajos y los encontró lejos de los centros urbanos. “Los gobiernos locales tampoco lograron instrumentar medidas para evitar la edificación de casas en zonas no aptas”, opina el experto.

Para contrarrestar esta situación, a finales de 2013, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación de un proyecto nacional vinculado a la vivienda social digna y sustentable, aplicable en las 90 ciudades más pobladas del país, con el objetivo de beneficiar a rescalas personas con ingresos de hasta cinco salarios mínimos.

Se trata del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU), el cual es operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que busca prever las necesidades de reservas territoriales en la edificación de asentamientos humanos. Esta iniciativa apoya con recursos presupuestales los proyectos construidos en suelo intraurbano, es decir, reservas territoriales dentro de las ciudades, libres de riesgos naturales o de efectos adversos ocasionados por las actividades humanas.

Otro de los objetivos consiste en mejorar el entorno urbano, fomentar las ciudades compactas, densificarlas y activar su economía. Con ello se podrá inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas no adecuadas, generar esquemas de movilidad sustentable y mejorar el acceso a servicios de infraestructura y equipamiento.

Cómo opera.

Para acceder a los recursos del programa, las dependencias municipales encargadas de la vivienda pueden participar como instancias ejecutoras. Los apoyos consisten en aportaciones directas para la inversión en vivienda social. De acuerdo con las reglas de operación, el Gobierno Federal puede destinar hasta 90 por ciento de dichas aportaciones, el 10 por ciento restante corre a cargo de los ayuntamientos.

Las instancias ejecutoras tienen la obligación de proporcionar a la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Sedatu el padrón definitivo de beneficiarios, de conformidad con la población objetivo, así como la información correspondiente al avance financiero y los datos que permitan dar seguimiento a su operación.

Asimismo, las dependencias municipales deberán brindar las facilidades a los órganos competentes para llevar a cabo la fiscalización de los recursos, así como participar en el desarrollo del esquema de contraloría social y en las sesiones informativas dirigidas a los beneficiarios. Para ejercer los apoyos presupuestarios, las instancias municipales deberán suscribir un acuerdo de coordinación o de concertación con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el cual se establecerán los compromisos de las partes, así como el monto global del subsidio federal que será asignado y el flujo de pagos de apoyos presupuestarios.

Coadyuvar para mejorar.

Monterrey y Guadalajara, que son dos de las cinco zonas metropolitanas más grandes del país, ya han puesto en marcha acciones de este tipo. Gabriel Eugenio Todd, director del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Monterrey, refiere que enEstadistica CRECIMIENTO SUSTENTABLE dicha demarcación se han dividido algunas regiones con potencial de regeneración dentro de la ciudad para revitalizarla. “Son polígonos de actuación muy específicos que se delimitan con el propósito de crear un nuevo desarrollo inmobiliario”, apunta.

En abril de 1992, en el barrio céntrico de Analco, Guadalajara, hubo una explosión que ocasionó la muerte de cientos de personas. La zona quedó casi abandonada y el tejido social se descompuso. Justo ahí las autoridades municipales se dieron a la tarea de densificar.

“Echamos a andar el Programa de Consolidación Urbana y Rehabilitación Habitacional (Procurha), que fue una prueba piloto para repoblar un polígono y rescatar espacios públicos. Analco tenía partes deshabitadas no aptas para la convivencia familiar, sin embargo ha dado un giro de 180 grados”, explica Pablo García, coordinador de Asuntos Metropolitanos del ayuntamiento de Guadalajara.

Luego de un análisis detallado sobre la situación del barrio, el ayuntamiento puso en marcha un estudio mediante el cual, próximamente se determinará la viabilidad de construir ahí edificios habitacionales verticales. El funcionario asegura que Analco cuenta con un buen equipamiento urbano, así como con condiciones adecuadas de accesibilidad y movilidad.

Enrique Soto considera que el PCRU es un acierto, aunque hace falta que los municipios se esfuercen más en capacitar al personal, así como en actualizar sus planes de desarrollo urbano.

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