Los mexicanos nos enfrentamos todos los días con una relación muy desequilibrada: por un lado, los proveedores de bienes y servicios que hacen del abuso sistemático una estrategia de negocios, y por otro, millones de usuarios que carecemos de herramientas jurídicas y legales para resarcir daños que derivan en grandes fortunas a nuestras espaldas.

Por eso, yo fundé la asociación Al Consumidor con mi socia Adriana Labardini. Ella es abogada y durante muchos años fue secretaria técnica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). También fue socia en un bufete legal. Radicó un año en Estados Unidos (EU) donde le ofrecieron una beca en una serie de programas de interés público.

Yo había vivido en EU y observé cómo funcionaban las asociaciones de defensa de usuarios en distintos servicios. Hay una cultura ciudadana más consolidada, un apoyo gubernamental en muchos sentidos y yo quería ver si esto se podía importar a México.

TRAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Inicialmente éramos tres personas y ahora somos ocho, entre socios y voluntarios. A seis años y medio de existencia, el objetivo original es el mismo pero hoy el enfoque es distinto. Antes ayudábamos a personas individualmente y creábamos precedentes para que otros usuarios que estuvieran en iguales circunstancias pudieran apoyarse con los mismos recursos que nosotros utilizábamos, en un principio, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Ahora el acento está en impulsar políticas públicas que beneficien al bien común y no tanto en asesorar a consumidores individualmente. Profeco, con todos los cambios, modificaciones y reformas que ha tenido, todavía es una institución muy complicada. Todo el proceso de conciliación está mal diseñado. Para nosotros representa una vía menos eficiente que la de cabildear directamente en proyectos con los legisladores, organizar foros, etcétera.

Nuestra principal aportación han sido las acciones colectivas, una figura jurídica que, aunque sí existía, resulta que Profeco era el único ente del gobierno que podía emprender este mecanismo de defensa para los consumidores. Pero esa procuraduría nunca ha utilizado la figura para combatir los abusos, sobre todo de grandes empresas que incurren en prácticas como la publicidad engañosa, el cobro indebido y comisiones ocultas.

Las acciones colectivas han funcionado en otros países para transformar una cultura empresarial que en México se inclina muchas veces en contra de los clientes. No hay una responsabilidad ética y social de las empresas que saben que hacen cobros indebidos.

Por lo que se ha observado en otros países, dicho instrumento jurídico permite que un grupo afectado, no solamente en el ámbito del consumo, sino también en casos de violación a los derechos humanos, de defensa del medioambiente o del patrimonio cultural, etcétera, pueda acudir a un juez. Si este juez les otorga la razón a los promotores de la causa, los beneficios obtenidos de una sentencia en contra de la empresa demandada se pueden extender a todos los miembros del grupo.

LOGRO: ACCIONES COLECTIVAS.

Gracias al apoyo que tuvimos de especialistas y académicos de México y de otros países, y a la organización y celebración de varios eventos de corte académico, con abogados particulares, con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con legisladores, entre otros, la idea de las acciones colectivas se transformó en una propuesta de ley que, a partir de 2008 y hasta 2011, fue debatida y negociada en las dos cámaras legislativas y finalmente aprobada.

Los términos de dicha aprobación quizá no fueron los que nosotros queríamos, pero en México ya existe la posibilidad de que en ciertos ámbitos, como los que tienen que ver con el consumo, con la competencia económica, con servicios financieros y con el medioambiente, sí puedan iniciarse acciones de este tipo tal y como ha sucedido en otros países del mundo. Sin embargo, se quedaron fuera de la legislación los asuntos relacionados con derechos humanos o de denuncias contra el gobierno.

De modo que éste es un instrumentoN jurídico muy sui géneris en México, pero ya tenemos un pie adentro. Lo que tenemos que hacer es perfeccionarlo, apelara los medios, seguir en las redes sociales, cosa que ya hacemos, y ésta va a ser una brega de años. Pensamos que ya habíamos llegado a la tierra prometida en 2011, pero pudieron más los intereses, sobre todo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y de las cúpulas empresariales.

Los grandes cambios no se han podido concretar porque no hay una voluntad de los reguladores, que no son autónomos, que dependen de sectores del gobierno muy reacios al cambio, y eso no abona a que la cultura ciudadana y las acciones colectivas puedan volverse realmente una acción de cambio estructural en nuestro país. Así que tenemos que insistir.

En temas como la publicidad engañosa y la posible regulación de la comida chatarra, hemos podido vincularnos con otras asociaciones que tienen una visión similar a la nuestra o son defensoras de derechos de los niños o de los derechos humanos en general. De momento, estos grandes temas se han colocado como parte de un cambio de enfoque en la política y un replanteamiento del rol que debe de jugar la sociedad civil organizada y el gobierno.

PARTICIPACIÓN SOCIAL, INCIPIENTE.

El hecho de que se nos percibe, no sólo a nosotros, sino a los activistas a favor de los derechos humanos y del medioambiente como ajenos a lo que sucede en México, tampoco contribuye a que se entienda la participación ciudadana como un fenómeno que debe ampliarse.

No hay muchos círculos concéntricos en México de personas dispuestas a participar, incluso como usuarios afectados, pero esta situación poco a poco también se va a revertir. El ingrediente que falta, como menciono, es una sociedad vigilante, que sepa exigir, que sepa cuáles son sus derechos, que esté dispuesta a cambiar de proveedor en caso de un mal servicio. Es todavía una ciudadanía muy incipiente.