Alonso Lujambio fue un “Hombre de Estado”. Este calificativo implica mucho más que un reconocimiento a su trayectoria profesional como servidor público, a sus aportes académicos y a su reflexión constante sobre México. En realidad, lo valioso de un Hombre de Estado es su capacidad de visualizar integralmente al país, definir qué requieren sus instituciones, entender el momento en el que se actúa y tener la habilidad para promover los cambios con éxito. Alonso era uno de esos hombres que supo vivir la vida con una dirección muy clara.

Entender la construcción de nuestra democracia y prevenir los procesos políticos que se avecinan en los próximos meses, implica recordar algunas enseñanzas de Alonso, tanto para el Instituto Federal Electoral (IFE) como para otras instituciones en las que participó. El proceso electoral de 2012 recordó, por ejemplo, la importancia de tener cuidado con las normas que regulan el uso del dinero en las campañas electorales. A la fecha, queda pendiente que el IFE termine de revisar los ingresos y egresos de los candidatos, y que resuelva las quejas interpuestas por el uso de recursos provenientes de MONEX y operados a través de tarjetas de Soriana. En pocas palabras, lo que está pendiente es la fiscalización de los recursos de los partidos.

En los últimos meses de 1996, Alonso ya formaba parte del grupo de consejeros electorales encabezados por José Woldenberg. Había elegido presidir la Comisión de Fiscalización del IFE y la tarea era construir, desde cero, las tareas institucionales para la fiscalización de los partidos. Entre diciembre de 1996 y mayo de 1997, tuvo la oportunidad de mostrar una pequeña parte de lo que hoy permite que lo recordemos como un Hombre de Estado.

Las tareas eran claras: había que aprobar el reglamento de fiscalización para los partidos; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos debía conformar un equipo de contadores, abogados y asesores para hacer el trabajo; había que revisar, en poco tiempo, los informes que presentaron los partidos sobre sus ingresos y egresos de 1996; se debía elaborar un dictamen consolidado de la revisión, y proponer al Consejo General una resolución que sancionaría por primera vez a los partidos políticos por el uso de sus recursos. Alonso condujo este proceso con éxito.

Los partidos no estaban acostumbrados a un proceso de rendición de cuentas ni contaban con aparatos administrativos que les permitieran enfrentar los retos de una fiscalización férrea. El propio IFE estaba apenas construyendo su equipo de fiscalizadores y desconocíamos cómo juzgaría el Tribunal Electoral los criterios que se aplicaron para sancionar y conducir las investigaciones. En medio de eso, el IFE preparaba el proceso electoral de 1997 y aplicaba una nueva ley. Por primera ocasión, el Consejo General no estaba presidido por el secretario de Gobernación.

El 30 de mayo de 1997 se aplicaron por primera vez sanciones significativas a los partidos políticos y con ello se inició una forma novedosa de rendición de cuentas para éstos. Si bien se contaba con un marco jurídico nuevo y se habían destinado recursos para la fiscalización, la decisión de colocar al IFE en la vanguardia de este proceso correspondió a Alonso Lujambio.

Sin duda falta mucho por hacer. En el nivel de los municipios, la transparencia en el uso de los recursos enfrenta actualmente el mismo reto que enfrentó Alonso hace 16 años. Cuando se apruebe la ley que uniformará la administración y contabilidad de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, alguien deberá seguir el ejemplo de Lujambio, y en poco tiempo habrá exigencias administrativas y mecanismos de revisión que modificarán viejas costumbres que hasta hoy prevalecen en muchas entidades. Habrá que estar listos. Por lo pronto, que descanse en paz Alonso Lujambio, un Hombre de Estado.

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