A partir de que el Consejo General del INE decreta el inicio del proceso electoral, muchas cosas cambian. Por principio, todos los días y horas son hábiles, lo que quiere decir que el personal electoral debe estar disponible. Por su parte, desde el 8 de septiembre, el Consejo General está obligado a sesionar al menos una vez al mes de forma ordinaria y los partidos políticos afinan su participación y vigilancia a todo lo que acuerda el INE. Se inicia una cadena de actividades que corren por dos vías: la de partidos y la de autoridades electorales.

Para los primeros, el inicio del proceso electoral significa que tienen que tomar pronto tres decisiones: acordar si formarán una coalición para competir o participarán solos en la elección; en cualquier caso, decidir quién será su abanderado para la elección presidencial; y construir la estrategia para obtener el favor ciudadano durante la campaña, tanto financiera como logísticamente.

Para autoridades electorales el reto también es triple: hacer los preparativos para la elección; resolver las controversias entre los partidos y candidatos que le correspondan y coordinar las actividades con los órganos locales para garantizar el éxito en las elecciones estatales. Todos los actores conocen las reglas y todos saben jugar. Entonces, ¿qué distingue este proceso de los anteriores?

Para empezar, el INE estableció que, a partir del inicio del proceso electoral, ningún aspirante a una candidatura presidencial podrá aparecer en los spots partidistas o en cualquier otro medio que lo posicione como posible candidato. El acuerdo generó polémica pero es una decisión acertada para que se mantenga la equidad en la competencia. Adicionalmente, el tema de esta elección será la habilidad de la autoridad electoral para fiscalizar adecuadamente los recursos que los candidatos inviertan en sus campañas. Ese es uno de los efectos del debate posterior a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Por si fuera poco, el INE llega al proceso presidencial en medio de críticas y descalificaciones que poco ayudan al buen desarrollo de la elección.

En medio de todo, incluso antes de que se conozca el nombre de los candidatos y sepamos qué tipo de coaliciones se formarán entre los partidos, o si alguno de los independientes logrará estar en la boleta, la percepción es que el resultado será muy cerrado y que ninguno de los contrincantes alcanzará una votación ampliamente mayoritaria. Al haber fracasado la posibilidad de regular la segunda vuelta como una alternativa, hoy se debaten temas novedosos como la posibilidad de pactar un gobierno de coalición.

Ante la complejidad, lo que conviene a todos es que las instituciones prevalezcan, se fortalezcan y estén en condiciones de hacer bien su trabajo, incluso los partidos políticos. Todos deberán asumir su tarea y sólo un actor no deberá entrometerse: el Gobierno Federal. Ni siquiera debiera darse pie a que alguien alegue una intervención del gobierno en la elección. No pareció ocurrir así, según múltiples opiniones, en la reciente elección del Estado de México.

Este proceso electoral federal concurre con 30 locales; por primera vez se aplica el modelo INE en una elección presidencial y es imposible hacer un pronóstico sobre quién podría ser el vencedor. Pero además, lo cierto es que esta vez no sólo está en juego la Presidencia de la República. Esta vez, la calidad del proceso electoral que proyecte el INE y el comportamiento responsable de todos los actores, incluido el gobierno, determinarán el derrotero que siga nuestra democracia. Lo demás lo determinará la ciudadanía al emitir su voto el próximo 1o de julio.