Después de la irremediable curva de aprendizaje, la actual administración inició un año en el que se sigue mostrando la precipitación, improvisación, falta de claridad y coordinación al aplicar las políticas públicas. En este enero el cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) generó múltiples protestas, al menos durante las primeras semanas del nuevo año.

Las críticas han sido: falta de medicinas, carencia de médicos y cirujanos para atender a los pacientes, así como el incremento sustancial de las cuotas que el 31 de diciembre se solicitaban. Seguramente los problemas se irán asentando poco a poco y de manera improvisada se aplicarán soluciones y correctivos. Sin embargo, con la salud de las personas, el Estado debería de tener especial cuidado, pues cualquier retraso o ineficiencia en el servicio puede costar vidas o daños permanentes en los pacientes.

El problema de fondo es la ineficiencia del gobierno en el diseño, instrumentación, aplicación y comunicación de sus políticas públicas. En el caso del Insabi, la expectativa, deliberadamente generada, era que los servicios médicos, con todo y medicinas, fuese gratuito. Al menos ese era el discurso y la oferta del nuevo gobierno, con frecuencia reiterado por el Presidente de la república en “las mañaneras”.

A un año de esta administración Federal, las justificaciones gubernamentales son repetitivas: (1) Lo importante es acabar con la corrupción, por lo que para este tipo de políticas se hace necesario romper los procedimientos establecidos e instaurar algo nuevo. Por ejemplo, es imperativo eliminar cualquier intermediario en la prestación de servicios, aunque el esquema anterior funcionara bien. (2) La austeridad implica destinar menos recursos en prácticamente todos los rubros del presupuesto federal. Ello fácilmente se traduce en la aplicación ineficiente de políticas. (3) Los responsables de todos los males son los gobiernos anteriores y las concepciones neoliberales en el ejercicio del poder. El problema es que poco a poco el encargado de la correcta aplicación de las nuevas políticas empieza a ser el gobierno actual.

Por ello, más allá del prestigio y popularidad del Presidente, la estrategia de su gobierno para la aplicación de las políticas públicas deberá cuidar la eficiencia y la rendición de cuentas desde su diseño.

Comienza el periodo ordinario del Congreso de la Unión y la agenda incluye temas importantes para el proyecto presidencial, que deberán ser instrumentados a la brevedad, si se quiere cumplir a cabalidad con la centena de promesas que ofreció el Presidente al inicio de su gobierno. Es importante recordar que además de las dos elecciones locales que tendrán lugar el 7 de junio de este año, durante el segundo semestre la actividad política estará impregnada de los preparativos para del proceso electoral 2020-2021. Para los alcaldes del país, la elección de 2021 será particularmente importante porque 1,927 ayuntamientos en 30 entidades de la república y 30 congresos locales se renovarán.

Para el Gobierno Federal, la eficiencia en la aplicación de las políticas públicas durante 2020 será también fundamental. Está en el interés lógico de la Presidencia de la república mantener su mayoría en la Cámara de Diputados en la elección de 2021, y cualquier error importante sería difícil de corregir cuando las campañas electorales hayan iniciado. Por lo pronto, el arranque del Insabi no es un buen augurio, y los recortes a los presupuestos municipales tampoco.