A partir de la acusación de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) de que muchos gobernadores intervienen en los procesos electorales locales trastocando la equidad de las contiendas, se aprobó una reforma electoral cuyo eje principal es la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) como máxima autoridad con capacidad incluso de absorber la organización de elecciones locales.

En pocos meses, el sistema electoral y de partidos en los ámbitos estatal y municipal empezará a padecer las consecuencias de una reforma mal conceptualizada y que seguramente motivará muchos conflictos en los co- micios locales.

La creación del INE es populista: despierta aplausos, sue- na correcta políticamente pero no resuelve problemas de fondo. Es cierto que hay un problema de intento de captura de autoridades electorales por parte de gobernado- res de todos los partidos en muchas entidades (no sólo del Partido Revolucionario Institucional).

Pero la solución de fondo pasa por los equilibrios de poder en las entidades y por combatir el ejercicio, meta constitucional del poder político. Ese es un gran problema, no sólo en materia electoral, sino de la democracia mexicana.

Si se lleva esta estrategia al extremo —la de centralizar funciones que no se realizan adecuadamente en las entidades— habría que considerar también nacionalizar los poderes legislativos porque algunos de ellos también son cooptados políticamente por los gobernadores, o incluso centralizar los órganos judiciales.

La consecuencia lógica de estas acciones sería postergar el desarrollo político local, más que solucionar el problema de fondo. Pero más allá del problema global, la creación del INE planteará problemas concretos en la celebración de los comicios locales. Primero, porque la reforma constitucional establece que el Instituto “podrá” asumir la función electoral local, esto es, organizar las elecciones estatales y municipales ya sea cuando haya solicitud de los órganos locales, o bien, por decisión de ocho votos de 11 del Consejo General del INE.

La motivación que subyace esta propuesta es que la amenaza de que el INE pueda absorber la organización de elecciones locales evite abusos que dañen la equidad de los comicios. O bien, que ante la intervención, por ejemplo, de gobernadores en procesos electorales, el INE les quite el control para garantizar equidad.

El reto es que la ley secundaria defina con precisión bajo qué circunstancias el INE deberá absorber la función electoral local, y dado que se trata de procesos electorales cuya evaluación siempre conlleva una buena parte de subjetividad, entonces las peticiones de que el INE organice comicios locales siempre serán planteadas por los partidos que se sienten desfavoreci- dos —por causas de inequidad o simplemente por debi- lidad electoral.

Otro problema de la reforma electoral es que el Conse- jo General del INE ahora será responsable de elegir a todos los consejeros de los institutos estatales (siete por cada uno). Y aunque la designación de ellos por una autoridad externa a las entidades limitará la influencia indebida de los gobernadores en los órganos electora- les locales, el problema es que introducirá una dosis de enorme presión política al interior del INE, además del problema de falta de información adecuada de su Con- sejo General para nombrar a los candidatos idóneos en cada entidad.

Finalmente, nada garantiza que los propios partidos que han hecho hoy esta reforma electoral no serán los primeros que busquen cooptar a los consejeros federales para sesgar los nombramientos de las autoridades estatales.

El tercer gran problema de la reforma electoral se refiere al sistema de nulidades de elecciones. El fondo del problema es que se parte de un enfoque equivocado, el que supone que con amenaza de sanciones se resolverá el problema de inequidad de las elecciones locales.

La reforma establece que una elección será anulada cuando se rebasen los topes de campaña en al menos 5 por ciento, o bien, cuando se compre cobertura informativa en medios electrónicos.

El escollo es que ambos fenómenos, muy comunes en las elecciones mexicanas, no son acreditables de manera objetiva y material, como exige la reforma, y por lo tanto se trata de una invitación a la queja y el litigio, pero difícilmente esas conductas muy recurrentes son comprobables jurídicamente. De tal forma que en cada elección de gobernador tendremos a los partidos perde- dores solicitando anular los comicios, pero la autoridad electoral será incapaz de acreditar las denuncias y eso conllevará a conflictos poselectorales constantes.

Aunque exista un Instituto Nacional Electoral, los problemas centrales de la democracia no se solucionarán mientras no se ataque su origen principal: el costo creciente de las campañas que se financia mayormente con recursos que no se reportan a las autoridades electorales (desvío de recursos públicos, aportaciones privadas, etcétera).

Ese financiamiento ilegal y cuantioso genera corrupción: “Te pago hoy para que me pagues mañana”, y eso significa obra pública, contratos, permisos de construcción,
peculado, entre otras formas de ilegalidad.

Si los gobernadores intervienen en los procesos electorales de sus entidades se debe a los recursos que usan y que no son fiscalizados; si los gobernadores son capaces de meter mano en la designación de consejeros electorales es porque tienen cooptados a los congresos locales que son los que eligen (y eso lo logran con desviación
de recursos, con pagos paralelos y hasta sobornos a los diputados de sus entidades).

De tal forma que el nombre del problema es dinero, no las burocracias electorales. Querer atacar el síntoma y no la enfermedad, es postergar la solución de los problemas reales.

En lugar de centralizar la organización de las elecciones, lo que se debe hacer es poner contrapesos a la forma como gastan los gobiernos estatales. En lugar de exigir una reforma electoral antes de votar la energética, el PAN debió haber exigido una reforma a las leyes de Presupuesto y de Fiscalización para generar un sistema eficaz de control del gasto público en las entidades.

Por todo lo anterior, aunque comparto la preocupación que han expuesto el PAN y el PRD respecto al interven- cionismo de muchos gobernadores en los comicios locales, no creo que el INE sea la solución. Más aún, creo que la creación del INE simplemente distraerá la atención de lo relevante por varios años más. Y en 2019, una vez más, los perdedores de los comicios presidenciales del año previo exigirán una nueva reforma electoral.