Problemas como el endeudamiento de más de 500 mil millones de pesos (mdp) en estados y municipios, localidades que no tienen dinero para pavimentar una calle y funcionarios que toman decisiones económicas a “toro pasado”, son irregularidades que tienen su origen en una mala administración pública.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el primer día de 2009, apunta no sólo a llevar un control férreo sobre el presupuesto de cada entidad pública, sino a tener información en tiempo real sobre el ejercicio de dicho gasto, lo cual es fundamental para un tomador de decisiones, explica Moisés Alcalde, socio responsable del Sector Público y Gobierno de la firma consultora Ernst&Young.

Sin embargo, a seis meses de que venza el plazo para que las entidades federativas cumplan en forma con la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, aún hay rezagos en la realización de los registros contablescon base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio y la generación en tiempo real de estados financieros.

De acuerdo con el estudio Ley General de Contabilidad Gubernamental. Avances en su Cumplimiento (Entidades Federativas y Municipios), publicado este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 24 entidades presentan avances importantes en la materia, entre las que destacan Chihuahua, Guanajuato, el Estado de México, Chiapas y Puebla; mientras que Campeche, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Tabasco presentan un cumplimiento calificado como “medio” por la ASF en la implementación de la LGCG.

EDOMEX, EJEMPLO A SEGUIR.

 

El Estado de México es una de las entidades que con mayor éxito ha aplicado la LGCG, ya que desde 1996 comenzó a implementar una contabilidad acorde con las características que exige la nueva legislación. Marco Antonio Esquivel, contador General Gubernamental del Estado de México, explica que para 2001 se había conformado ya el primer manual único José Antonio Quesada. Foto: cortesía de IMEF de contabilidad gubernamental para las dependencias, entidades públicas y municipios del Estado de México.

A partir de entonces “iniciamos una contabilidad armonizada en todo el estado y sus ayuntamientos, misma que depuramos y actualizamos año con año. Hoy los tres poderes, los organismos autónomos y las alcaldías tenemos un manual único de contabilidad”, enfatiza.

Cuando entró en vigor la Ley, “lo que hicimos fue actualizar las normas que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), como son catálogos de cuenta, clasificadores del gasto y de ingreso, así como algunas normas que tienen que ver con la presentación de la información”, comenta el funcionario.

Asimismo, menciona que en el éxito logrado han sido fundamentales tres aspectos: las modificaciones legales, la capacitación y la adopción de tecnología, los cuales han permitido cumplir con el registro de millones de operaciones. Al referirse a la capacitación, menciona que cada año cerca de 2,500 servidores públicos estatales y municipales reciben la instrucción necesaria para desempeñar sus funciones conforme a las disposiciones de la armonización contable.

Para una implementación eficaz de la LGCG, el encargado de instrumentarla en el Estado de México recomienda básicamente dos cosas: primero, establecer un coordinador del proyecto a nivel estatal que se involucre totalmente en el proceso de administración contable y, segundo, generar un esquema escalonado.

“El principal problema que tuvo la Ley es que estableció que la armonización tenía que ser simultánea en los tres niveles de gobierno. En el Estado de México lo hicimos de manera escalonada: primero las dependencias del sector central, luego los organismos descentralizados estatales, después los municipios y al final los organismos descentralizados municipales, de tal manera que como se iba avanzando por etapas, cada uno podía ir tomando bajo su cargo la coordinación de la armonización con quienes estaban en su ámbito de competencia y de esa manera podía avanzar”, precisa.

CAPACITACIÓN, FACTOR CLAVE.

Aplicar la ley no necesariamente implica una gran erogación de recursos. José Antonio Quesada, integrante del Cómite de Información Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), sostiene que “más bien hay que darle la prioridad que merece, de manera que sí haya financiamiento, pero también tiempo para que los funcionarios hagan su tarea, que desarrollen sistemas normativos y legales para asegurar que se cumpla con la normatividad”.

Al respecto, Marco Antonio Esquivel afirma que buena parte de los recursos destinados por el gobierno mexiquense a la instrumentación de la LGCG han sido canalizados a la capacitación. “En 2013 y en 2014 estaremos aplicando aproximadamente 2 mdp anuales en ese rubro”, precisa. En cuanto a la tecnología, el funcionario menciona que el software que se utiliza es un desarrollo propio creado por el personal del gobierno estatal, y añade queen los casi 20 años que han transcurrido desde que la entidad migró a la contabilidad acumulativa, la inversión ha sumado entre 80 y 100 mdp, es decir, 4 mdp por año en promedio.

José Antonio Quesada sostiene que las aplicaciones tecnológicas son de gran ayuda, pero si los gobiernos estatales no cuentan con recursos para invertir en éstas, existen alternativas.