Cinco mujeres de la sociedad civil integran el Comité de Contraloría Social de la Unidad Médica de Atención Primaria en Salud, en la comunidad de Loma de Zempoala, en Yuriria, Guanajuato. Ellas se encargan de vigilar que dicho centro de salud brinde el servicio en forma adecuada, desde el médico que atiende al paciente, hasta el hecho de que la unidad esté limpia. Ellas supervisan que los servidores públicos cumplan con su trabajo.
Ésa es la mejor contraloría, la que ejerce la sociedad, asegura Miguel Márquez Márquez, secretario de la Gestión Pública del estado de Guanajuato. En la medida en que la sociedad se involucre más en las tareas de su gobierno, será mejor el esquema de contraloría, dice.
“Entre más participe la sociedad en la igilancia de la ejecución del gasto público, será mejor la contraloría que llevemos. La gente tiene derecho a pedir información y a que se la den, y en muchos municipios esto ya se hace, la gente empieza a involucrarse y eso estamos promoviendo en los órganos de control”, destaca en entrevista con Alcaldes de México, el también ex coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación.
La Comisión Permanente de Contralores agrupa, en seis regiones, a los órganos de control estatales del país, en una alianza con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Ésta trabaja para mejorar los procesos de control, de rendición de cuentas y transparencia de todas las entidades federales.
A la fecha, el organismo ha puesto en marcha distintas propuestas, de las cuales se han obtenido resultados concretos. Por ejemplo, en la región Noroeste, se trabajó en un modelo de evaluación nacional del desempeño de los servidores públicos, el cual fue aprobado por la Comisión. Dicho modelo implica revisar, a través de indicadores, la actuación de los funcionarios en el cumplimiento de las metas y programas planteados en el plan de gobierno. “Esto significa vigilar no sólo que se erogue el recurso público, sino que se cumpla con las metas específicas para las cuales se aprobó”, explica Márquez.
Y es que uno de los principales problemas que detectan los contralores de las entidades, comenta, es que el servidor público no se apega a la normatividad establecida al momento de la ejecución del gasto, lo que deriva en observaciones por parte de los órganos de control. “Esto ocurre muchas veces por el interés de aplicarlo con un criterio muy particular, por negligencia y por falta de observación de los ejecutores, ya que las reglas de operación se modifican y actualizan cada año”, precisa.
En tanto, la región Noreste trabajó, durante el año pasado, en un Catálogo Único de Observaciones, el cual permitirá que todas las entidades federativas apliquen los mismos criterios de observación en sus dependencias de gobierno, junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Se desarrolló también el Sistema de Información Programático Presupuestal (Sippef), que es una herramienta para el ordenamiento, sistematización y procesamiento de la información relativa a la aplicación de los recursos federales transferidos a los estados.
PREVENCIÓN, MÁS QUE CORRECCIÓN
Márquez explica que el trabajo de la Comisión se enfoca más en la prevención que en la corrección. En este sentido, un caso es la región Centro-Occidente, que trabaja con la SFP en la simplificación administrativa, para lograr una mayor transparencia y evitar actos de corrupción.
“La Comisión Permanente de Contralores emitió —también— un pronunciamiento mediante el cual nos comprometemos a tener este año los mismos requisitos en todas las entidades, para las actas de nacimiento y licencias de conducir”, añade.
Como parte del impulso a la transparencia, enfatiza el funcionario, los contralores de los estados, particularmente los de la región Centro-Pacífico, llevaron a cabo una campaña de carácter interno en las contralorías, titulada “Dale más valor a México, sé honesto”, mediante la cual se promovió el valor de la honestidad.
Otro logro es la creación de un solo número de denuncia a nivel nacional: el “01800honesto”, el cual está en operación desde septiembre de 2009, y consiste en una herramienta gratuita para la atención de quejas y denuncias ante actos de corrupción de los servidores públicos.
El trabajo de la Comisión se enfocará también a reforzar los programas existentes y a diseñar otros que contribuyan a fortalecer la transparencia y las mejores prácticas de los servidores públicos.
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