La eventual creación de una autoridad electoral de carácter nacional, con legislación única, que se encargue de organizar las votaciones federales, así como las estatales y las municipales, debe ser un tema de profundo debate antes de ser aprobado.

Como se sabe, dicha propuesta constituye el compromiso 90 del Pacto por México, iniciativa que si bien todavía no se ha presentado ante el Congreso de la Unión, ha generado controversia entre académicos, analistas políticos, legisladores y autoridades de los estados, quienes prácticamente rechazan la idea en los términos en los que fue firmado en diciembre pasado por las cúpulas partidistas y el Gobierno Federal.

Por lo pronto, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) tomó la delantera y ya presentó su propia iniciativa, que será eventualmente analizada en el siguiente período ordinario de sesiones.

Uno de los argumentos del Pacto por México para reformar el sistema electoral y crear un solo organismo administrador de los comicios es el relativo a los gastos. Sin embargo, Jorge Alcocer, analista político, ex subsecretario de Gobernación y director de la revista Voz y Voto, opina que los costos no son una justificación válida.

Refiere que, en un año de votaciones, los partidos políticos y los institutos locales le cuestan al erario12 mil 222 millones de pesos (mdp), mientras que en un año sin comicios la cifra se reduce a 5 mil mdp.

Asimismo, el Instituto Federal Electoral (IFE) utiliza un presupuesto de 11 mil mdp con todo y prerrogativas, de los cuales 7,277 mdp son gastos directos del Instituto casi imposibles de reducir.

En caso de que el IFE se convierta en lo que los analistas han comenzado a llamar el Instituto Nacional de Elecciones (INE), se tendrá que federalizar el gasto y no se generaría un ahorro tan significativo.

SOBRECARGAS DE TRABAJO

A decir de Alcocer, una oportunidad para reducir gastos consistiría en preparar votaciones concurrentes. En este supuesto, el Instituto generaría economías a escala al utilizar los mecanismos de organización, capacitación y desarrollo para administrar los procesos locales y federales. Sin embargo, se tendría que convocar a sufragios cada año.

Otro de los grandes problemas que implica la propuesta de reforma es la sobrecarga de trabajo a la que sería sometido el IFE, un problema que de por sí ya padece.

Rosa María Mirón Lince, politóloga y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que el eventual INE estaría abrumado por sus tareas, ya que se encargaría de dirigir, desahogar y calificar cada tres años alrededor de 3,400 procesos locales, más los federales.

Consecuentemente, se tendría que aumentar la plantilla de personal y, por lo tanto, deberán pagarse más salarios, añade Javier Arzuaga, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Con base en estas consideraciones, no se debe cometer el error de pensar que todo lo consignado en el Pacto por México se concretará, pues asuntos como esta reforma deben revisarse a fondo, refiere Mirón Lince.

ESTRÉS DEMOCRÁTICO

Una autoridad única en el país no es conveniente para la salud de la democracia mexicana, porque estaría permanentemente cuestionada y expuesta a un estrés constante, comentan los expertos en política y derecho.

Si el posible INE se llegara a encontrar en medio de conflictos interminables —como ha ocurrido en los últimos años— entonces su legitimidad quedaría rebasada, advierte Javier Arzuaga.

Con el propósito de evaluar lo que significaría para el país la propuesta planteada en el Pacto por México, se realizó el encuentro Reforma electoral 2013, los retos para la gobernabilidad democrática, en las instalaciones de la Cámara de Diputados y al que concurrieron legisladores y expertos.

Las voces en contra de la creación del INE fueron casi unánimes. Algunos opinaron que se pretende convertir al actual IFE en juez y parte, mientras que otros calificaron de contradictorio que por un lado se pretenda consolidar al sistema de partidos y por otro que se centralicen los asuntos electorales.

En medio del rechazo casi generalizado a la creación del INE también existen voces discordantes. Jaime Cárdenas Gracia —quien cuenta con credenciales como las de consejero del IFE de 1996 a 2003, diputado federal entre 2009 y 2012, además de investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM— opina que la reforma planteada en el Pacto por México debe aprobarse.

Desde su perspectiva, el funcionamiento de los órganos locales es lamentable, ya que, en la mayoría de los casos, están controlados por los gobernadores y el partido dominante en cada entidad federativa.

Jorge Alcocer coincide en que, durante los últimos años, se ha producido una “balcanización de las leyes locales”, toda vez que algunos congresos estatales modificaron las leyes “a contentillo” del gobernador en turno. En ese sentido, refiere que “la democracia generalizó las malas prácticas”. No obstante, aclara que un eventual cambio del sistema debería considerar otras medidas diferentes a la unificación.

Según Cárdenas Gracia, otro beneficio que aportaría la creación del INE consiste en la homologación normativa, ya que la diversidad de leyes locales propicia una ausencia de racionalidad en los comicios. Pone como ejemplo al estado de Chiapas, donde se realizan precampañas de tres días.

También hace ver que el IFE ejerce muchas funciones que no realizan los institutos estatales, entre ellas la construcción del padrón electoral —aunque cobra por el servicio a un bajo costo— y el reparto de tiempo de radio y televisión. Además está lo previsto en el Artículo 116 de la Constitución, el cual ordena que si un organismo local es incapaz de celebrar un proceso local, que convenga con el IFE para que éste lo haga.

Tan solo la construcción y actualización del padrón significa 60 por ciento del presupuesto del IFE, una actividad importante que realiza este organismo y por la cual no existen inconvenientes.

Si bien lo presupuestal es un argumento importante, Cárdenas Gracia advierte que la razón de peso para emprender la modernización del sistema es el hecho de que debe contarse con votaciones confiables en los estados, los municipios y la Federación.

UN VIRAJE DE 360°: IEQ

Sobre este tema, los organismos estatales piden que se haga una evaluación objetiva de su actuación y sus aportaciones a la democracia. José Vidal Uribe Concha, presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), hace ver que en el pasado y el presente las autoridades locales administrativas y judiciales han cumplido con su encomienda de ser garantes en los comicios de las entidades federativas y del Distrito Federal.

La revisión histórica refleja alternancia política y estricto cuidado en la administración de las votaciones, a lo que se suman ciudadanos que toman en sus manos el control de los consejos municipales o distritales, comenta el funcionario.

“Se realizan diversas acciones de entrenamiento, a través de capacitadores, y se instalan mesas directivas de casillas, con ciudadanos que se sortean de cada una de las secciones electorales. Menciono esto porque no se puede poner en duda que un proceso se prepara con ciudadanos que, voluntariamente o bien por el azar, se involucran apoyando a los órganos permanentes.”

Uribe Concha advierte que la instauración de una autoridad única significaría virar 360 grados en la conceptualización del derecho electoral mexicano. “Hoy en día la organización de las elecciones en el país y en las entidades federativas no refleja un problema nacional que deba atenderse con inmediatez; por el contrario, los organismos locales y el federal cumplimos con la naturaleza jurídica de nuestra función”, concluye el presidente del IEQ.