En el mosaico de estados que componen el territorio mexicano, algunas entidades ostentan desempeños avanzados que están a la par de cualquier localidad del mundo desarrollado; mientras que otras tienen niveles de crecimiento todavía muy atrasados. Lo anterior hace que la mejora regulatoria sea un tema urgente y de enorme relevancia.
Adicionalmente, es apremiante elevar el empleo y la productividad, promover la inversión y el emprendimiento, reducir las oportunidades para la corrupción y disminuir las discapacidades sociales, concluyen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y funcionarios del Gobierno Federal.
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, indica que en las últimas décadas el crecimiento económico del país ha sido insuficiente para abatir los rezagos sociales, y las regulaciones deficientes disminuyen la productividad al desviar recursos para el cumplimiento de requisitos y trámites.
De acuerdo con el estudio Doing Business 2011, elaborado por el Banco Mundial, México encabeza a las naciones de América Latina mejor ubicadas en cuanto a las facilidades que brindan para hacer negocios, luego de que se han eliminado 14 mil 784 normas administrativas y cerca de 1,400 trámites innecesarios en toda la administración pública federal.
Gurría considera que en una economía global, como la mexicana, contar con un marco regulatorio de vanguardia es una condición sine qua non para el progreso, en particular en un país con la diversidad y complejidad regulatoria como la de México, que cuenta con casi 2,500 municipios.
En el país, los estados, junto con los municipios y el Gobierno Federal, tienen la capacidad de regular las actividades de las empresas y los ciudadanos, y entre los retos que enfrentan está evitar la duplicidad de trámites y establecer un proceso sencillo, accesible y con orientación de servicio.
En los últimos años, los estados han dado batalla al exceso de trámites y regulación, de tal forma que se ha logrado un avance significativo por parte de las administraciones locales. Hay casos como Colima, Chiapas y Jalisco, en los que las entidades han eficientado sus marcos regulatorios.
EVALUACIÓN A FONDO
Ante los grandes desafíos de gobernabilidad regulatoria, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la OCDE realizaron la revisión, a profundidad, de los trámites de más alto impacto en la actividad empresarial, tanto a nivel estatal como municipal, con el fin de generar recomendaciones puntuales que mejoren los procesos y se pongan en práctica en el menor tiempo posible.
Dicha tarea se llevó a cabo en nueve entidades mexicanas con sus respectivas capitales, y se ponderaron tres procesos: apertura de empresas, permisos de construcción —donde están muchos de los problemas— y registro de la propiedad. Con esto generaron más de 800 recomendaciones de mejora.
Esas 800 sugerencias componen la Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulso de la competitividad de México. De este universo, fueron 24 las de más alto impacto, dado que aparecían en todos los casos.
En este sentido, la Guía recomienda, en primer lugar, actualizar y poner en línea los planes de desarrollo urbano, que son responsabilidad del municipio y, en ocasiones, del estado, porque todo este tema del uso del suelo y de las construcciones es un “problema”.
Por otro lado, también sugiere establecer bases de datos únicas y compartidas, tanto entre dependencias municipales como entre el municipio y el estado, enlazando dependencias, como las de desarrollo urbano y catastro.
Asimismo, propone promover el uso de medios electrónicos entre fedatarios públicos, adoptar el portal tuempresa.gob.mx, además de diseñar e instrumentar portales electrónicos a nivel municipal y estatal.
La OCDE documenta las diversas experiencias para que los estados las adopten y aprovechen. Implementar los cambios que sugiere la Guía puede generar beneficios por más de 26 mil millones de pesos en las 32 entidades federativas, e incrementar el PIB de México en 0.23 por ciento, de acuerdo con el organismo internacional. Mejorar la regulación es tarea de todos, toda vez que lo que el ciudadano requiere son soluciones y un ambiente favorable para emprender.
PONEN EL EJEMPLO
La decisión que tomó Colima, hace escasos tres años, después de adoptar las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria, pronto tuvieron resultados. En 2009 ocupó la sexta posición en el reporte subregional de Doing Business. Sus autoridades se comprometieron a entrar al tema de la desregulación, teniendo presente que esta herramienta es indispensable para aumentar la productividad.
Para lo anterior avanzaron por dos caminos: trámites de alto impacto y gobierno electrónico. En el proyecto para mejorar los trámites de mayor impacto han trabajado en conjunto con otros ocho estados, con la participación del Imco, la OCDE y la Secretaría de Economía federal.
A su vez, Chiapas instaló un comité para mejorar la regulación en los 118 municipios de la entidad, a partir de la Ley de Mejora Regulatoria. Entre los proyectos del comité se destaca la “tala regulatoria”, un análisis de toda la regulación, desde leyes hasta reglamentos, circulares y demás documentos normativos, con el objetivo de transformar al estado en esta materia, en el periodo 2007-2012.
En lo que respecta a Jalisco, se creó el Consejo de Mejora Regulatoria (Comejal) en el que participan todos los sectores involucrados —alcaldes, delegados, notarios, banqueros y presidentes de cámaras— quienes aportaron sus opiniones, las cuales fueron escuchadas y ejecutadas por el gobierno estatal.
Entre las propuestas se encuentran: incorporar la figura de afirmativa ficta, revisión de requisitos —ya que se piden repetidamente, como el acta de nacimiento—, y evitar las visitas físicas innecesarias de los ciudadanos. Luego de estas recomendaciones se hizo un padrón de trámites estatales para que el ciudadano lo consulte y sepa exactamente qué requiere, mismo que está en ley, entre otras acciones.
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