Legisladoras comparten los avances que se han logrado en la materia y lo que falta por hacer

El pasado 25 de septiembre de 2019, el Congreso de Oaxaca aprobó las reformas que permiten a las mujeres acceder a la interrupción legal del embarazo antes de las primeras 12 semanas de gestación, con lo que el estado del sur se convierte en la segunda entidad del país en acoger esta legislación, después de que lo hiciera la Ciudad de México en 2007.

Si bien existen otras entidades en las que se ha despenalizado el aborto, el caso de Oaxaca y la Ciudad de México resaltan por garantizar la libre decisión de las mujeres en cuanto a la la continuación o no del embarazo bajo cualquier causal, antes de las 12 semanas de gestación; mientras que en otras demarcaciones sólo es permitido bajo ciertas circunstancias, como violación, peligro de la vida de la madre y, en otros casos, malformaciones del producto.

Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca dio paso a la modificación de los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal del estado. Un mes después, el 24 de octubre de 2019, se publicó el decreto 806 referente a la despenalización del aborto en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, con lo que el aborto se vuelve legal bajo las especificaciones establecidas al día siguiente de su publicación, sin embargo, el procedimiento aún no es realizable.

Ante el cuestionamiento sobre qué hace falta para que el decreto sea una realidad en la entidad, la Diputada Local de Oaxaca, Aleida Tonelly Serrano Rosado, asegura que se tiene trabajo por hacer, desde la concientización de la sociedad sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, hasta las adecuaciones necesarias en las instancias correspondientes para que el aborto seguro y gratuito pueda ser una realidad para todas las habitantes del estado. “A las mujeres nos corresponde seguir luchando por nuestros derechos y, como representantes ante el Congreso del estado, lo que continúa es en el tema de las modificaciones necesarias en las instituciones pertinentes, para que se puedan llevar a cabo los procedimientos, a la par que realizamos con organizaciones el trabajo de campo con la sociedad.”

Asegura también que no se trata de imponer puntos de vista, pues se ha dado espacio a las diversas voces que se han manifestado en contra y a favor de los derechos humanos de las mujeres. “No es un tema menor pues también en otros asuntos que dividen opiniones se dan estas discusiones, como en los matrimonios entre personas del mismo género. En esta situación escuchamos, y lo que se votó fueron derechos”, reitera.

Por su parte, la Diputada Federal Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, comenta que lo acontecido en Oaxaca debe verse como un logro, pues se deja de criminalizar a las mujeres que sufren abortos naturales o que se los practican de manera clandestina y que, en muchos casos, mueren. “Representa un tema de justicia social, particularmente para miles de mujeres en el estado que viven en pobreza y que más fuertemente viven la discriminación y la falta de acceso a los servicios médicos, es un gran avance del estado.”

A pesar de lo logrado, aún no es posible que en la entidad se puedan realizar abortos de manera legal, pues si bien se han hecho las modificaciones necesarias en el Código Penal de Oaxaca y ya se ha publicado en el Diario Oficial del estado, al día del cierre de esta publicación, la Legislatura local aún no ha aprobado los cambios en la Constitución local y se han presentado imprevistos legales que, a decir de las diputadas consultadas, era un tema que sabían que sucedería. Se presentó, por parte de organizaciones contrarias al aborto, un recurso de inconstitucionalidad que debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una vez resuelto lo anterior, y en caso de que el resolutivo sea favorable para las causas feministas de los derechos sexuales y reproductivos, es necesario que se modifiquen los protocolos de actuación médica en Oaxaca, así como las sanciones y adecuaciones en las instalaciones. En cuanto a lo anterior, Wendy Briceño asegura que las adecuaciones son significativas, pero posibles en un corto plazo. “Es un tema del que ya se han pronunciado las autoridades federales y han asegurado que la entidad, y en general el sector salud, está preparado para dar el servicio y garantizar la seguridad a las mujeres, aunque sí requieren ciertas modificaciones y recursos extras, pero nada oneroso, por el contrario, es un tema que puede ser cubierto con un poco de empeño.

PANORAMA

Al plantearse el aborto como un derecho real en Oaxaca, surgen cuestionamientos sobre cuándo podría ser factible en la entidad. Aleida Serrano asegura que tanto el gobierno del estado como las organizaciones sociales a favor y en contra se han estado moviendo para ser escuchadas, ya que a pesar de que el proceso se ha iniciado y ya no es un crimen antes de las 12 semanas, es una intervención que no puede ser practicada aún por retrasos para votar las modificaciones en la legislación local, así como por parte de las agrupaciones contrarias.

Ambas diputadas coinciden en que lo que se pretende es proteger la salud y la vida de las mujeres y que tengan el derecho a decidir: “Es un punto que los gobiernos estatales, municipales y el Federal deben respetar y garantizar con procedimientos profesionales”, asevera Aleida Serrano.

Sobre si lo que sucede en Oaxaca abre las puertas para que el procedimiento de interrupción legal del embarazo sea una realidad nacional, Wendy Briceño platica que desde inicios de la Legislatura federal se ha trabajado en el tema, pero no puede ser algo impuesto pues se debe buscar la conciliación y por ello trabaja en mesas de diálogo. “Abrimos las puertas a todos los puntos de vista y entendemos que existen agrupaciones y personas que no lo ven con buenos ojos, y lo que tratamos de hacerles ver es que no es una imposición, sino un derecho y una deuda de la sociedad con las mujeres.

“Tenemos claro que existe pluralidad de opiniones, pero la vida religiosa y razones personales no pueden regir la vida política del país, y menos en los derechos de las personas”, sostiene.

El planteamiento de las organizaciones en contra busca prohibir o que no se legalice un acto que consideran un crimen, mientras que las organizaciones y legisladores a favor buscan una ampliación de derechos y protección a un grupo de personas vulnerables. “Lo que nosotras planteamos no es algo que obligue a nadie, en cambio penalizar sí causa sufrimiento y bloquea el acceso a los derechos”, finaliza.