Amarchas forzadas, los tres órdenes de gobierno tratan de cumplir con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece que para el 3 de enero de 2013, los estados y municipios, así como la Federación, deben haber concluido con las evaluaciones y certificaciones de control de confianza de todos sus cuerpos policiacos.

Sin embargo, la carencia de un diagnóstico y la mala planeación del programa anticipan que no se cumplirán las metas en las 32 entidades federativas y, lo más grave, advierten especialistas, es que la mayoría de los elementos reprobados siguen en funciones.

Los datos más recientes, liberados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) a principios de noviembre pasado, indican que sólo seis entidades federativas —Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Colima— habían cumplido al 100 por ciento con la evaluación de sus corporaciones.

En contraste, otras entidades como el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua y Quintana Roo aún no han alcanzado ni siquiera 40 por ciento.

Alejandro Fontecilla Pinto, Investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), asegura que “falta un diagnóstico adecuado para llevar a cabo este proceso, ya que el programa se puso en marcha sin establecer una estrategia”.

Pese a todo, el académico concede que las acciones de depuración policiaca representan un avance para la seguridad en el ámbito local y nacional, ya que se aplican cinco exámenes, uno de tipo psicológico, otros de carácter médico y toxicológico, así como un estudio socioeconómico, sin olvidar la prueba del polígrafo.

REPROBADO: 15%

Fontecilla Pinto confía en que la administración entrante de Enrique Peña Nieto no echará por la borda este esfuerzo, e incluso, propone enriquecerlo con otros procesos que también se han empujado en años pasados, que tienen que ver con mejores técnicas de reclutamiento y selección de efectivos, como la homologación de grados.

Preocupado por la idea de saber que muchos policías considerados como no aptos continúan en las instituciones de seguridad pública, Gustavo Fondevila, titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refiere que los controles de confianza han sido el “caballito de batalla” de la reforma policial.

Pero en su opinión, han sido “un fracaso por sus plazos ilusorios, ya que las entidades federativas no estaban en condiciones de cumplir, y porque en ninguna parte del mundo se ha podido depurar a la policía sin una reforma estructural. Es ingenuo pensar que lo harán con un polígrafo”.

Justo unos días antes del cambio de poderes, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del gobierno calderonista, José Óscar Vega Marín, hizo un llamado a los gobernadores y los presidentes municipales, en el siguiente tenor: “Elemento evaluado que no ha sido aprobado debe ser cesado de inmediato del servicio de policía o de seguridad pública, porque si bien es un avance importantísimo para la sociedad conocer quiénes son los elementos aptos y los no aptos, lo fundamental es que los segundos no estén sirviendo en las corporaciones”.

Lo anterior, porque la mayoría de los policías que reprueban los exámenes siguen en funciones. Hasta principios de noviembre, han sido evaluados 333 mil 540 elementos, 15 por ciento de los cuales no acreditaron las pruebas, y de éstos últimos, sólo 20 por ciento fue depurado de las corporaciones municipales, estatales y federales. Es decir, de los 49 mil 870 policías reprobados, sólo 10 mil 49 han sido despedidos.

Vega Marín exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno “sacar a los elementos negativos y proceder penalmente en contra de quienes ya se les comprobaron vínculos con la delincuencia organizada”.

EVALUAR AL CERTIFICADOR

Ante esta situación, Alejandro Fontecilla Pinto prevé que en enero podrían surgir controversias contra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a que la mayoría de los Centros de Control de Confianza han escudriñado a las policías, sin contar ellos mismos con un certificado que respaldara sus exámenes, por lo que su validez está en duda.

“Hasta 2011 se empezaron a acreditar los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y antes de esa fecha ¿quién avala esos certificados?”, cuestiona el académico. Según los registros del SNSP, en el país existen 37 centros —dos federales y 35 estatales—, pero al corte de octubre pasado, únicamente seis estaban certificados, los que corresponden a Durango, Guerrero, Tamaulipas, Yucatán, Campeche y San Luis Potosí. En proceso de revisión se encontraban los de Baja California Sur y Quintana Roo.

Según Gustavo Fondevila, las pruebas de confianza han servido como un mecanismo para limpiar las instituciones policiales y ministeriales del país, lo que nunca antes se había realizado, y también han sido un filtro para impedir el ingreso de elementos incompetentes. Sin embargo, insiste en que las policías de México necesitan un cambio estructural.

“La carrera policial debe abarcar desde la escala salarial hasta las entrevistas de ingreso, así que mientras se continúe reclutando a los sectores con menos capacidades, habilidades y conocimientos, la policía en México seguirá siendo deficiente. Si los gobiernos estatales no invierten en capacitación, los policías en la calle con más de 30 años de servicio seguirán enseñando a las nuevas generaciones las prácticas de corrupción aprendidas.”

En este sentido, considera que “los controles de confianza han sido un intento alternativo, pero tímido e ingenuo al dejar a un polígrafo la confianza en los policías”. Con base en esta experiencia, advierte que “el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene muchas posibilidades y muchas estrategias posibles a analizar”.

LIMPIAR Y VIGILAR A NO APTOS

Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), afirma que la Administración Federal saliente optó por un programa que no resolvió el problema de deshonestidad y la falta de preparación de la policía, y una prueba es que varios de los elementos han sido evaluados negativamente, sin olvidar que pocos de ellos han sido removidos de sus puestos.

En su opinión, “ha sido inapropiado haber colocado tantos recursos y tanto interés en algo (los exámenes) que sólo es una pieza, antes de que se hicieran cambios de fondo en las instituciones policiacas”.

Además, Alejandro Fontecilla y Gustavo Fondevila consideran que el proceso adolece de transparencia, pues a la fecha se desconoce qué criterios aplican los centros de control de confianza para determinar si una persona es competente. Lo peor, dicen, es que no se lleve un registro y seguimiento de los elementos dados de baja, para saber cómo viven y a qué se dedican, porque la responsabilidad de los encargados del programa no termina con la separación del individuo, sino que continúa con la tarea de reinsertar a los rescatables.

CUESTIÓN DE VOLUNTAD

Pero esto no es obra de la casualidad, ya que las autoridades de los tres niveles de gobierno perciben riesgos de llevar registros tan detallados. “Lógicamente hay personas en niveles políticos importantes, que no les conviene pasar por un proceso mediante el cual toda la información va a quedar en un centro de control de confianza, misma que puede ser mal utilizada”, comenta Fontecilla Pinto.

Un ejemplo ocurrió en Coahuila el pasado 26 de octubre, cuando el secretario de Seguridad Pública del estado, Jorge Luis Morán Delgado, renunció a su cargo inesperadamente con el sólo argumento de tener motivos personales. Sin embargo, trascendió que no acreditó los exámenes de control de confianza.