Es difícil de ponderar el saldo que 2009 dejó para los gobiernos estatales. Por una parte, la crisis económica pegó: al reducir los montos de transferencias federales, y al generar mayores necesidades sociales de intervención por sus efectos en la calidad de vida y el nivel de ingreso de los ciudadanos. Además, en dicho año se exhibieron graves deficiencias de coordinación entre las administraciones estatales y la Federación, que dan cuenta del arreglo intergubernamental aún inacabado. Éstas fueron particularmente notorias en materia de salud y de seguridad pública, en las que, pese a numerosos mecanismos formales de coordinación, no se han establecido relaciones cotidianas de colaboración, confianza y trabajo conjunto.

Por otra parte, sin embargo, es difícil negar que al cierre del año pasado los gobiernos estatales terminaron políticamente fortalecidos frente a la Federación y recuperados en términos de los recursos que recibirán en 2010.

En las siguientes líneas se hará un repaso de la agenda que previsiblemente mantendrá ocupados a los gobiernos estatales en lo que resta de la administración del presidente Felipe Calderón.

DISTRIBUCIÓN DEL PODER Y DINERO

La lista de las tareas en que trabajarán los gobiernos estatales en 2010 tiene dos componentes obvios: las elecciones que tendrán lugar en 12 estados y la distribución intergubernamental de los recursos presupuestarios. Las elecciones dominarán la atención pública por lo menos hasta octubre, lo que inevitablemente hará más complicadas las negaciones políticas, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas estatales, y polarizará posiciones dificultando la colaboración entre actores políticos.

La renovación de los cuadros gubernamentales revivirá —aunque, como en el pasado, con pocas probabilidades de éxito— las discusiones sobre la falta de continuidad en las políticas públicas, el sistema de botín que predomina en la asignación de los puestos públicos en estados y municipios y lo endeble de los sistemas de planeación para el desarrollo.

En materia de distribución del poder también veremos a los estados tomar posición, más allá de “declaraciones de banqueta”, sobre los temas de la reforma política.

El otro tema que dominará la atención pública es la discusión sobre fórmulas, montos y reglas para la asignación de dinero entre Federación y estados. Si se realiza, como se ha anunciado, una reforma profunda al régimen fiscal y a los mecanismos de coordinación, es muy probable que veamos a los gobiernos estatales —por separado, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y por medio de sus diputados federales— en un papel muy activo buscando mayores recursos, reglas más flexibles y fórmulas que los favorezcan.

 

RETOS DE COORDINACIÓN

A esta agenda inmediata habrá que agregar la asociada con los dos temas centrales de la discusión pública: la seguridad pública y la crisis económica, y sus repercusiones sociales. Los gobiernos estatales habrán de desplegar instrumentos de política adecuados para atender las consecuencias sociales y económicas de la recesión que ha arrojado más personas al desempleo y a la pobreza. También tendrán que hacerse cargo de obligaciones cambiantes en materia de seguridad pública, ante los ojos de una población impaciente ya con los resultados de la estrategia en curso. En ambos temas, como en muchos otros, la coordinación intergubernamental seguirá siendo (a menos que se tomen decisiones de fondo para mejorarla sustancialmente) el “talón de Aquiles” de todos los esfuerzos gubernamentales.

Pero en ningún tema estos problemas de coordinación son tan graves, ni generan consecuencias tan perversas, como en materia de política social, en donde se encuentra un entramado de programas federales, estatales y crecientemente municipales que no corresponden a un diseño deliberado y congruente, sino a la competencia por recursos y por clientelas en función de ocurrencias y decisiones coyunturales. Lo más probable es que en los años por venir veamos esta competencia reflejada en las discusiones presupuestales y legislativas en los ámbitos Federal y estatal, pero no en aras de conseguir un diseño integral de la política social.

LA AGENDA PENDIENTE

Hay un par de temas que, sin ser prioritarios para los gobernantes, lo son cada vez más para los gobernados: la eficacia gubernamental de los aparatos administrativos y la auténtica rendición de cuentas de los gobiernos, los políticos y los funcionarios. Se han vuelto ya comunes las afirmaciones sobre la falta de control y rendición de cuentas en los gobiernos estatales; si bien muchas de estas afirmaciones son exageradas y deben ser matizadas para reflejar una variedad amplia entre las entidades federativas, lo cierto es que es un tema en el que los gobiernos locales, como el resto de los ámbitos de gobierno, deben trabajar aún.

Particularmente, en la rendición de cuentas, los estados presentan un rezago considerable en la actualización de sus normas para incorporar las reformas constitucionales de 2007 y 2008 en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, archivos, indicadores, presupuestos y control contable.

Es de esperar que los temas asociados a la disputa por el poder y el dinero dominen, necesariamente, la agenda de los estados; lo deseable, sin embargo, es que la agenda no se agote ahí, y que se avance en mejorar la coordinación intergubernamental y las condiciones del ejercicio del poder en cada estado. Muchos aspectos de la calidad de vida de los ciudadanos de este país dependen de ello.