Compatibilidad de la Seguridad Nacional con los Derechos Humanos

La armonización normativa y política de la Seguridad Nacional con los Derechos Humanos es una deuda histórica mundial ante la que México no puede hacer caso omiso.

La Seguridad Nacional y los Derechos Humanos son la construcción de una realidad social histórica que sistematizan los conceptos de las relaciones internacionales y la geopolítica; disciplinas que fundamentan la teoría para acceder al estudio de la Seguridad Nacional moderna de México.

Es necesario, a pesar de las dificultades y resistencias que implica la tarea, construir una memoria histórica, que permita en la actualidad rescatar lo valioso que es reconocer los desaciertos, aciertos y conexiones de la historia en materia de Seguridad Nacional y Derechos Humanos.

Hablando de México, hay desaciertos que han ocasionado en diversas ocasiones violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de la población, que ha entrado en contacto con las tareas de las Fuerzas Armadas, y no solo eso, sino además se han menoscabado las relaciones cívico-militares y ha surgido una incertidumbre en las Fuerzas Armadas al ejecutar las tareas que les confiere el Estado de derecho, pues no han logrado identificar la conciliación de sus tareas tácticas y operativas con la protección de los Derechos Humanos.

Hay otros estudios que soportan la novel y hoy necesaria relación entre la Seguridad Nacional y los Derechos Humanos. Se pueden abordar algunos elementos del Doctor Juan Manuel Angulo Jacovo en su texto Seguridad Nacional y Derechos Humanos en México (1917-2008):

Se entiende que dentro de la dinámica evolutiva en la que se encuentran estos conceptos, uno de los grandes debates ontológicos, jurídicos y políticos que hoy surgen en los altos niveles de toma de decisiones con voces autorizadas, es el referente al tema de la Seguridad Nacional y la garantía de los Derechos Humanos; conceptos  que durante ya varios años se consideraron antagónicos e incompatibles para muchos sectores gubernamentales e incluso académicos, polarizando los estudios y las prácticas entre securitistas y garantistas. La realidad es que actualmente se pueden encontrar especialistas de todo el mundo que han cuestionado la errónea concepción, cada vez menos vigente de que el Estado se encuentra legitimado para socavar la libertad y demás prerrogativas fundamentales de las personas, en aras de alcanzar un bien supuestamente de mayor, como la seguridad, tanto nacional como pública (Angulo, 2014).

Prueba de lo anterior es que actualmente existen diversos países en donde los conceptos de Seguridad Nacional, seguridad humana y seguridad pública, no implican la exclusión de uno o del otro para la construcción de una estrategia de Seguridad Nacional, pues son tópicos necesarios para la permanencia de las instituciones y población de un Estado, y de igual forma se puede hablar de los conceptos de Seguridad Nacional y Derechos Humanos como complementarios y no como antagónicos. México debe ser un referente en el continente de esta conciliación y consolidación de conceptos a través de una legislación acorde a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y una estrategia nacional que permita poner el ejemplo a nivel regional y encaminarse a ser uno de los mejores modelos a nivel hemisférico y referencia a nivel mundial.

Cuando se habla de una legislación acorde se hace por obligación referencia a los principios que destaca el Doctor José Luis Chávez García en su ponencia La Seguridad Nacional y los Derechos Humanos en México (del 2006 al 2012) en la Cámara de Diputados, donde destaca la relevancia de la cláusula conforme (constitucional y convencional). De lo que señala se puede rescatar a manera de síntesis lo siguiente:

El principio pro persona, que significa que todas las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales favoreciendo en todo momento a las personas para garantizar la protección más amplia a toda la población mexicana. De igual forma se debe tomar en cuenta en todo momento el control difuso de la convencionalidad que significa la incorporación del iuris corpus internacional al ejercicio de impartición de justicia nacional, es decir, la compatibilidad con los ordenamientos internaciones en materia de Derechos Humanos con las tareas de los tres poderes y los tres niveles de gobierno (Chávez, 2012).

Si bien el concepto de Seguridad Nacional es uno de los más elaborados y potentes del discurso geopolítico a nivel mundial, con la visibilidad de los Derechos Humanos se ha llegado a comprender de forma integral fenómenos nacionales e internacionales como las epidemias, hambrunas, guerras, desempleo, inflación y todo aquello que amenaza el bienestar de la población y por ende al Estado. El Mtro. Alejandro Martínez Serrano analiza la Seguridad Nacional de México a partir de tres contextos que se resumen a continuación:

El primero de ellos es a través del ámbito académico para ubicar en dónde se estudia la Seguridad Nacional en México. El segundo es el relativo a las políticas públicas y acciones gubernamentales en la materia, haciendo énfasis en los planes nacionales de desarrollo, y el tercero, se refiere concretamente a las disposiciones del gobierno que se han realizado en los últimos años en temas referentes a la Seguridad Nacional (Martínez, 2014).

Esta clasificación semántica ayuda a ubicar el impacto que tendría la Seguridad Nacional en la vida de las personas, sin embargo, en México aún no se cuenta con una articulación eficiente de conceptos, estudios, acciones, programas y legislación que permita ubicar a la Seguridad Nacional como un concepto axiológico que merece un marco normativo y operativo multidimensional e integral en aras del beneficio común de la población y por lo tanto del Estado y sus instituciones.

La conceptualización de la relación entre Seguridad Nacional y Derechos Humanos, no queda solo en el ámbito nacional, al trascender a la esfera internacional como lo propone Lara Cabrera:

La importancia detrás de una política exterior que se centre en la persona humana y en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad tiene no sólo una razón de ser normativa o de principio, sino que se anima también por un interés muy particular (además, claro, de la protección de los derechos de las personas mexicanas, en particular en el exterior): mientras más robusto sea el andamiaje internacional en materia de Derechos Humanos, mayores herramientas existirán para una mejor protección de los intereses nacionales vis-à-vis terceros Estados (Lara, 2017, pág. 105).

Lo anterior obliga al Estado mexicano a mejorar la normativa nacional para que a su vez promueva una mayor autoridad y presencia ante la comunidad internacional; toda vez que la agenda internacional tiende a hacer más énfasis en la persona y el libre desarrollo de la personalidad en condiciones de seguridad de la misma.

Desde la precisión del error de mantener separados los conceptos de Seguridad Nacional y Derechos Humanos, pasando por el señalamiento de Angulo Jacovo (2014) y Martínez (2014) que identifican los descuidos académicos que han disociado dichos conceptos y hasta las propuestas de complementariedad a través de los principios  básicos en los que convergen, como la que propone Chávez (2012) o en el ámbito internacional como lo sugiere Lara (2017), se puede decir que la armonización normativa y política de la Seguridad Nacional con los Derechos Humanos es una deuda histórica mundial ante la que México no puede hacer caso omiso; por lo que hoy más que nunca es necesario hacer una estrategia multidimensional enfocada en la Seguridad Nacional, que haga una transversalidad efectiva de los Derechos Humanos.

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