Por Pablo Sanguinetti*

CAF -banco de desarrollo de América Latina- presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, en el que se repasan los avances logrados y los desafíos pendientes, enfatizando propuestas en cuatro ámbitos de acción: reglas y control en la función pública, mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, transparencia y monitoreo ciudadano y gobernanza de los intereses privados.

CAF -banco de desarrollo de América Latina-, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) presentaron en la Ciudad de México el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019 sobre “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, atendiendo a uno de los desafíos más grandes que enfrenta México y toda la región de América Latina, referido a impulsar  reformas en favor de la integridad en las políticas públicas.

El estudio sugiere que si bien los avances realizados en materia de corrupción han sido importantes, aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios para asegurar la implementación efectiva de las medidas propuestas. Por ello, esta investigación abarca una amplia gama de ámbitos de acción que desemboca en el objetivo principal, que es maximizar el bienestar colectivo en toda la región de América Latina, combatiendo la corrupción con políticas públicas efectivas.

Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF y presentador del estudio RED, se refirió a algunas de las consecuencias que este problema tiene en América Latina, comentando que “la corrupción se ha convertido en un problema central en el debate público de la región debido a sus consecuencias negativas, por ejemplo, en términos de una menor capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de manera óptima, además de generar una baja en la productividad económica y reducción de incentivos para la inversión e innovación. Quizás aún más relevante que los costos económicos es que la alta incidencia de la corrupción debilita la legitimidad del Estado y la confianza de los ciudadanos en la democracia”.

Ricardo Salgado, Secretario Ejecutivo del SESNA, se dio a conocer la Plataforma Digital Nacional, herramienta que permitirá el intercambio y consulta de información para el reconocimiento de patrones y comportamientos de la corrupción en caso de suscitarse.

En el caso de México, es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho en materia de transparencia y apertura de datos. A principios de siglo, nuestro país fue el primero de América Latina en adoptar una ley de acceso a la información. En años recientes, se han impulsado iniciativas para difundir información sobre la acción estatal de manera más proactiva. La Plataforma Digital Nacional, a cargo del SESNA, supone un ambicioso proyecto para centralizar y publicar información de distintas bases de datos con un enfoque dirigido a la prevención de la corrupción a través de un creciente monitoreo social.

Por otra parte, las políticas de transparencia representan solo uno de los eslabones en la larga cadena de la rendición de cuentas. Para disuadir la corrupción es necesario que haya una institucionalidad suficientemente fuerte e independiente para sancionar las irregularidades administrativa, legal y electoralmente. En México, como en todos los países de la región, es imperioso seguir trabajando en la construcción de esas capacidades.

La investigación enfoca sus propuestas desde cuatro ámbitos de acción: reglas y control en la función pública, mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, transparencia y monitoreo ciudadano, y gobernanza de los intereses privados. Se menciona una serie de puntos clave que deben orientar las políticas en cada uno de estos ámbitos:

1. Adoptar protocolos, procedimientos y reglas de decisión basadas en criterios objetivos en la función pública. Esto también incluye la simplificación y digitalización de trámites
2. Fortalecer los sistemas de fiscalización, auditoría y las capacidades investigación y administración de justicia.
3. Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.
4. Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.
5. Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios.
6. Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
7. Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.
8. Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares y personas jurídicas e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas.
9. Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo y en la identificación y gestión de conflictos de interés.
10. Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.

El RED destaca también la importancia de factores que pueden ayudar a acelerar el proceso de adopción e implementación de reformas, como la cooperación internacional, la integración a mercados internacionales y el papel que puede desempeñar la tecnología por medio de herramientas de generación, apertura y procesamiento de datos.

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.

* Pablo Sanguinetti Ph.D. en Economía en la Universidad de California (EE.UU.). Máster en Economía en la misma universidad. Máster en Economía del Instituto Torcuato Di Tella (Argentina). Se desempeña como profesor de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Sus intereses de investigación se centran en las áreas de comercio exterior e integración, desarrollo económico y federalismo fiscal. Anteriormente, fue investigador y profesor visitante en la Universidad de New México, la Universidad de Texas (A&M) y la Universidad de Bonn, Alemania. Ha sido miembro de LARR (Latin America Research Review). Ha trabajado como consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (ECLAC), y CAF-banco de desarrollo de América Latina, y ha sido miembro del directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina.