No es ningún secreto que algunos gobernadores y ex gobernadores decidieron llevar durante su administración una vida de lujos y excentricidades con cargo al erario, satisfaciendo sus gustos y llenando sus bolsillos mediante el desvío de recursos públicos; creando leyes locales a modo y promoviendo actos de corrupción. Tampoco es desconocido que a casi todas las denuncias ciudadanas que se interponen contra ellos se les da “carpetazo” o se vuelven rumores a voces.

La impunidad y la respuesta tardía de las autoridades ha permitido a un sinfín de ejecutivos estatales saquear las arcas públicas. Sin testigos, sin evidencias ni juicios que los obliguen a devolver lo robado.

Y es que, a pesar de las escandalosas pruebas de corrupción como en los casos de Humberto Moreira, Fidel Herrera o Arturo Montiel, nunca pasa nada o la respuesta es lenta, tal es el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de delitos contra la salud y por quien apenas la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcione información que lleve a su aprehensión.

El caso más actual y expectante es el de Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, quien a menos de dos meses de terminar su mandato, pidió licencia a su cargo para “facilitar” las investigaciones desprendidas de las acusaciones en su contra. Y no, nadie le pidió que dejara la gubernatura, no fue precisamente un tribunal, la PGR o autoridades del Estado; lo hizo por decisión propia, lo anunció triunfante en televisión y posteriormente se fugó.

Las arcas de Veracruz fueron saqueadas a tal punto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió 47 denuncias penales ante la PGR por presunto daño patrimonial, mismo que asciende a casi 12 mil millones de pesos. En paralelo, sus finanzas están muy comprometidas con una deuda pública de 45 mil millones que, contabilizando otros adeudos, ronda los 100 mil millones de pesos.

El Gobierno Federal tiene el reto y responsabilidad de aprehender a Duarte de Ochoa, del que no sabemos más noticias que la de sus presuntos pasaportes falsos. Hasta ahora, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ha revelado que en breve presentarán resultados de su búsqueda, continuando aún en secreto si continúa o no en México.

Por otro lado, tenemos a Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, que después de huir y ampararse 28 veces contra las acusaciones que lo señalan, decidió anunciar que se entregaría a la justicia, diciéndose inocente.

Padrés Elías, enfrenta un juicio por los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada por el movimiento de al menos 312 millones de pesos de procedencia ilícita, de los cuales 178 pertenecían al erario estatal. Además, se ha implicado a su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, a quien también se investiga por los mismos delitos.

La Auditoría Superior de la Federación debe asumir un papel más activo en la fiscalización de recursos a las entidades federativas que presentan anomalías, pero también la clase política nacional debe comenzar a pensar en una reconfiguración del federalismo basada en la rendición de cuentas, la transparencia y la democratización de los estados.

El trabajo debe realizarse comenzando desde las instancias partidistas, seleccionando candidatos que no terminen sumergidos en la ambición del poder por el poder, porque la lista de los gobernadores que han traicionado a los ciudadanos y a sus estados es larga pasando por los ya mencionados y completándola con casos como los de Roberto Borge, César Duarte, Andrés Granier, Fausto Vallejo, Mario Villanueva Madrid y muchos otros. Es mi opinión…