La correduría pública como herramienta para regularizar el comercio informal

por | Nov 25, 2016 | De Puño y Letra | 1 Comentario

Los corredores públicos pueden trabajar de la mano de los municipios, brindando servicios integrales a los comerciantes, a fin de ayudar a los pequeños empresarios en el cumplimiento de los requisitos que la formalidad implica

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Una de las primeras sorpresas a las que se enfrenta un estudiante de Derecho, es cuando descubre que el legendario Derecho Romano no era un cuerpo monolítico, que fuera único y que nunca hubiese cambiado; por el contrario, el Derecho Romano representó una constante evolución que iba a la par de la antigua Roma.

El análisis de esta evolución nos demuestra que en sus primeras etapas, cuando existían las XII Tablas, el derecho era sacramental y lleno de formalismos, requisitos legales y dogmas; en cambio, cuando la sociedad fue evolucionando, llegó el tiempo de los pretores, donde el sistema jurídico era menos formalista y donde los requisitos legales eran menores.

Esto viene a cuento porque la principal prueba de que una comunidad no ha avanzado es por su excesiva regulación jurídica, su devoción a los trámites, a los formalismos y a los medios sacramentales, que provocan que el derecho deje de ser solo un medio para facilitar el quehacer diario de los hombres, y se trastoque en un fin en sí mismo, con tintes religiosos.

Esto tiene una consecuencia inmediata y terrible. El comercio es una actividad que fluye como el agua entre las rocas; si encuentra obstáculos que lo entorpezcan, tiene que hallar su propio sendero y al final termina filtrándose en la tierra; la manera en que lo logra entre la maraña de requisitos legales a los que se enfrenta el comerciante, es mediante la corrupción y la informalidad.

La corrupción y la informalidad no son los males sino los síntomas de la enfermedad, que no es otra cosa que la exagerada tramitología y requisitos a los que se tiene que enfrentar el comerciante, a fin de poder desarrollar su actividad.

No es el momento, ni la capacidad del autor, el hablar de todos esos obstáculos que entorpecen el desarrollo del comercio; pero sí el platicar un poco de una herramienta que los comerciantes pueden hallar para poder sortear mejor las barreras que tienen. Me refiero a la figura del corredor público.

El corredor público es un abogado habilitado por la Secretaría de Economía Federal, a quien se le delega fe pública para el ámbito mercantil (constitución de empresas, reforma de estatutos, ratificación de firmas, cotejo de documentos, fes de hechos, etc.); pero además se le reconoce su carácter de perito valuador (valuación de inmuebles, de maquinaria y equipo, de marcas, de empresas, etc.), su capacidad de asesor (elaboración de contratos, realización de trámites, registro de marcas, etc.) y su capacidad para dirimir controversias de manera extrajudicial (arbitraje, conciliación, mediación, etc.).

Estamos hablando de cerca de 400 corredores públicos en todo el país, con una preparación similar, gracias a los exámenes federales que implican su habilitación y que pueden caminar de la mano de los comerciantes, a fin de sortear los requisitos legales a que deben enfrentarse a fin de dejar la informalidad.

Los corredores públicos pueden trabajar de la mano de los municipios, brindando servicios integrales a los comerciantes, a fin de ayudar a los pequeños empresarios en el cumplimiento de los requisitos que la formalidad implica, y estos puedan dedicarse a lo que es su esencia, la generación de riqueza.

Para los municipios, las entidades federativas y en sí, el Estado Mexicano, es fundamental que los pequeños comerciantes cuenten con la colaboración de los corredores públicos, a fin de regularizar su situación legal, para así poder integrar a la mayor cantidad posible a la formalidad, lo cual, es indispensable para el Estado, para el comerciante, y evidentemente para México.

Alfredo Trujillo Betanzos

El autor es Director de la firma TB&A, de la Revista de Correduría Pública y del Grupo Especializado de Corredores Públicos y Mediadores Privados de CANACO, Ciudad de México; también es Secretario del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Valuación. Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, reconocido con la "Medalla al Mérito 2015", del Colegio Mexicano de Abogados, A.C., por su desempeño profesional y académico.

1 Comentario

  1. Mary Lety

    Muy bien, felicidades

    Responder

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