Resulta un reto importante para las autoridades dar respuestas eficientes ante un desastre natural, emergencia que pone en vilo su capacidad de salvaguardar la seguridad y estabilidad de los ciudadanos, la infraestructura de la ciudad y además del gobierno mismo.

Y es que, aunque año con año, nuestro país padece en mayor o menor medida los efectos de la temporada de fenómenos meteorológicos, aún no es parte de las agendas elaborar un plan de preparación, socorro y respuesta individual, según la zona geográfica a la que pertenecen.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en México hay 1,325 municipios en alto riesgo de desastres naturales debido a condiciones de vulnerabilidad climática y social. Aunado a ello, la ubicación de ciudades económicamente importantes en zonas de peligro aumenta para México la probabilidad de padecer más los efectos de una emergencia provocada por la madre naturaleza.

El problema es que con los efectos del cambio climático año con año se agrava la situación, excediendo la capacidad de los gobiernos a hacerle frente tanto a corto como a largo plazo, pues se estima que las lluvias, inundaciones, sismos y sequías, entre otros, implican una reducción del progreso de hasta dos años, lo que impacta directamente en la pobreza y el desarrollo de los ciudadanos.  Anualmente, estos fenómenos cuestan al país 2,942 millones en promedio (CENACED).

Para atender las contingencias naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuenta con dos fideicomisos: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. De acuerdo al Anexo X de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre de 2016, los recursos autorizados con cargo al FONDEN ascendieron a 6,700.1 millones de pesos.

El FONDEN es el órgano encargado de “entregar recursos a las dependencias y entidades federales para las obras y acciones de reconstrucción que son responsabilidad del gobierno federal por la ocurrencia de desastres naturales”.

La información proporcionada por el Gobierno Federal señala que el FONDEN se estableció con el objetivo de que tanto estados como municipios afectados no sufrieran económicamente al atender las consecuencias de un embate natural, sin embargo, las pérdidas podrían resultar menos costosas si se fomentara la cultura de la prevención en todas las piezas del rompecabezas de la sociedad.

Es de suma importancia que cada gobierno, en coordinación con expertos,  identifique las regiones que se encuentran más expuestas a estos fenómenos y analicen la vulnerabilidad, tanto de sus habitantes como de sus patrimonios, para establecer políticas de manejo preventivo adecuadas para cada uno.

Prevenir un desastre debe estar entre los planes de gobiernos locales y estatales, la falta de una gestión eficaz en materia de planeación influye de manera negativa antes, durante y después de un desastre natural, dando como resultado más gastos, más daños, más afectados y más muertos.

Ante este tipo de siniestros, la falta de un plan de acción que tome en cuenta las aristas del territorio, la región y la sociedad, impide la consolidación del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y resulta una muestra flagrante de que lo previsible puede hacerse imprevisible.

Es un hecho que no podemos conocer con exactitud la hora ni el lugar de las catástrofes, pero sí podemos educar a la población para que sepa qué hacer y con qué recursos contar en caso de alguna emergencia, ya que cuando los desastres naturales suceden se pierde gobernabilidad, pero sobre todo, se fomenta una cultura de improvisación. Es mi opinión…