Muchas veces una aplastante realidad pone todas las barreras para el avance en las políticas y leyes que involucran a las niñas y niños, pues las familias, comunidades y gobiernos, desconocen los derechos de esta población

Recientemente hemos visto como siempre, que la niñez está al centro de los discursos políticos de todo el mundo, sin embargo, al hablar de acciones hemos presenciado el desprecio que se ha tenido por garantizar los mejores perfiles en los órganos legislativos mexicanos para que encabecen estás comisiones, pues los “políticos” ven el tema de la infancia como un asunto del cual se tienen que hacer cargo las mujeres legisladoras o funcionarias y no ven el tema como “redituable” políticamente.

Lo anterior resulta lamentable, toda vez que la niñez, más que un asunto político o de partidos, debería ser una política de Estado. En México hay alrededor de 32.8 millones de niñas, niños y adolescentes que son menores de 15 años, lo cual representa el 27.4% de la población (según el ultimo censo público del INEGI): número y etapa que serían un detonador de desarrollo a gran escala si se supieran gestionar bien las políticas de infancia en México.

Entre esta población de niñas, niños y adolescentes, hay un grupo que requiere especial atención, debido a la gran relevancia que tiene esta etapa para el desarrollo de cualquier ser humano, son los niños y niñas de 0 a 5 años, que representan 12 millones 713 mil habitantes (10.6% de la población); 55.2% de los niños y niñas de entre 2 y 5 años de edad viven en pobreza; 13.1% en pobreza extrema y millón y medio sufre desnutrición crónica.

Si bien, en el país existe legislación que protege y reconoce los derechos de esta población como son el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras, que tutelan el interés superior de la niñez y, a nivel internacional, existe la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos que se transversalizan con la misma, hoy en día no podemos evaluar de forma positiva los avances sustantivos que ha tenido nuestro país en el tema.

Pese a esfuerzos de gobiernos y sociedad civil, han faltado voluntades para consolidar un Sistema de Protección integral y multinivel para la infancia en México. Las cifras de desaparición de niñas y niños, según la REDIM, han sido de las peores en México, pues del total de las cifras de niñas y niños desaparecidos, tres de cuatro desapariciones fueron en este sexenio (2012-2018). El acceso a la salud, a la educación, al juego y a la justicia, también son tareas pendientes que nos deben de preocupar y alarmar, toda vez que la inversión que un Estado hace para proteger a la infancia es un detonador de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, pero aún es difícil que las personas que toman las principales decisiones de políticas públicas en nuestro país, tomen consciencia de ello.

Muchas veces una aplastante realidad pone todas las barreras para el avance en las políticas y leyes que involucran a las niñas y niños, pues las familias, comunidades y gobiernos, desconocen los derechos de esta población y siguen manejándose bajo un enfoque en el que se les ve a las niñas, niños y adolescentes como objetos que se pueden poseer o moldear a libre gusto, en vez de verles como sujetos de derechos, capaces de vivir cada etapa en aras de lograr su libre desarrollo de la personalidad. Recordemos los derechos que el Estado Mexicano protege, y aunque aún sean más visibles en papel que en la vida real, vale la pena estudiarlos y tenerlos conscientes en todo momento.

SON DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

II. Derecho de prioridad

III. Derecho a la identidad

IV. Derecho a vivir en familia

V. Derecho a la igualdad sustantiva

VI. Derecho a no ser discriminado

VII.      Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral

VIII.     Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad

XI. Derecho a la educación

XII.      Derecho al descanso y al esparcimiento

XIII.     Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura

XIV.    Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información

XV. Derecho de participación

XVI.    Derecho de asociación y reunión

XVII.   Derecho a la intimidad

XVIII.  Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso

XIX.    Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet

Podemos ver que el mosaico de derechos que debieran proteger a las niñas, niños y adolescentes de este país, es multidimensional e integral. Sin embargo, aún no logramos concretarlo. Falta mucha voluntad política, presupuestos especializados, sensibilización en la población civil y colaboración en red de todos los niveles de gobierno, sociedad civil y familias, para poder sacara adelante este tema que debería ser de los más relevantes para dar certeza, sostenibilidad y seguridad al desarrollo de un Estado. Ojalá podamos lograrlo.