Por Roberto Cienfuegos J.

 Aparece una práctica, una visión y/o un propósito segregacionista que como siempre entraña una naturaleza negativa, inconveniente desde el punto de vista económico e incluso potencialmente peligroso para la unidad y el progreso acompasado e integrado del país.

En tiempos del neoliberalismo económico mexicano, que inauguró el hoy expresidente Carlos Salinas de Gortari –también hoy colocado en la terrorífica lista de la quinteta enjuiciable-, el gobierno presumía que México estaba en la antesala de su incorporación al llamado primer mundo. Como prueba de ello aludía la incorporación nacional al llamado club de los países ricos agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la narrativa oficial, el país despegaba como nunca antes, incluso al hacerse socio económico y comercial nada menos que de Estados Unidos y Canadá, algo inalcanzable y aún inimaginable para ningún otro país latinoamericano y/o caribeño.

De hecho, México, que venía de la crisis de la deuda externa de principios de los 80s y del gobierno de Miguel De la Madrid, instaurador de acciones económicas draconianas, tomaba distancia de sus vecinos allende la frontera sur. Para resumirlo, México sólo se juntaba o asociaba con las naciones ricas y poderosas, a cuya sombra se acogía y más aún, pretendía competir casi en forma paralela pese a sus desigualdades, patéticas todavía hoy.

Un solo detalle afeaba escenario tan luminoso: los 50 millones de mexicanos pobres. Circulaba con profusión una frase atribuida a Salinas de Gortari, según la cual México cabalgaba en caballo de hacienda o iba en góndola como dicen los venezolanos, pero aun así sobraban al país 50 millones de pobres.

Tres décadas después, la 4T seduce y gobierna bajo la promesa de “primero los pobres”. Se impulsa una transformación pacífica –reivindica el gobierno- con la mente y el corazón puestos al servicio de los más desvalidos, los más vulnerables y los más ignorados o desdeñados durante los casi 40 años del ejercicio e instrumentación de una política económica que inició De la Madrid en el arranque de los 80s, fue llevada a fines de esa misma década a una nueva escala con Salinas de Gortari y fue útil para enriquecer a unos cuántos y empobrecer a muchos por la falta precisamente de políticas públicas expresas y a favor de un desarrollo más amplio e incluyente.

Así que nadie en su sano juicio puede negar hoy la bondad y sobre todo la necesidad social de rescatar y aliviar el drama de vida que en forma cotidiana sufre una inmensa mayoría de mexicanos, nadie.

Se discrepa sin embargo sobre la motivación real y la eficacia de las medidas de alivio económico a los pobres. Todo parece indicar que el propósito de estas acciones de ayuda social consiste en garantizar la servidumbre electoral a un proyecto político que como cualquier otro quiere ir más allá de los límites de un sexenio, y podría nutrirse de la perpetuación, antes que de la superación, de la pobreza de amplias franjas poblacionales elegidas y destinadas para servir como soporte por el mayor tiempo posible de un grupo que se amarra al poder –al estilo del PRI defenestrado- y se beneficia sectariamente del ejercicio de éste con el agravante de reducir y aún obstaculizar al máximo la competencia democrática.

Junto con este enfoque socio-económico y político aparece una práctica, una visión y/o un propósito segregacionista que como siempre entraña una naturaleza negativa, inconveniente desde el punto de vista económico e incluso potencialmente peligroso para la unidad y el progreso acompasado e integrado del país, visto como uno solo y un todo por la suma de sus partes.

Se trata de una política segregacionista porque si bien privilegia –relativamente- al sector más débil de la sociedad, incurre en el desdén de buena parte si no es que de todos aquellos otros que también forman parte de México, y –lo peor de esta política- estigmatiza, castiga, flagela y aún humilla y ridiculiza a sectores del país, que al menos constituyen la mitad de la población mexicana, al menos insisto.

Parece correcta –reconozco- la política pública de privilegiar o atender predominantemente a los que menos tienen en todos los sentidos. Pero resulta cuestionable y aún peligrosa la descalificación implacable y peor aun con los amplios recursos de un gobierno de todo aquel sector, grupo, actor político, empresario, inversionista, medios de difusión, periodistas, organismos civiles, instancias institucionales o simplemente críticos de una gestión gubernamental.

El caso más reciente de esta política segregacionista es la respuesta presidencial a la carta de más de 650 intelectuales, científicos, periodistas, cineastas y librepensadores, muchos de ellos notables por su quehacer, en la que conminaron al mandatario a no seguir estigmatizando y difamando a la libertad de expresión. “Esto debe parar”, plantearon al presidente.

Es un hecho y un fenómeno indeseable que la segregación o exclusión, más la descalificación por sistema de estos segmentos, empobrece a México y degrada la democracia nacional. La voz y el poder único, absoluto y aspiracionalmente total, enferma al país en su conjunto y limita sus potencialidades económicas, culturales, sociales, políticas, científicas y tecnológicas. Nunca uno es mejor que dos y así hasta el infinito, nos enseñan las matemáticas.

Sería prolijo enumerar en este breve espacio las polarizantes y sistemáticas descalificaciones hacia quienes disienten hoy en México y aún critican el rumbo nacional. A todos ellos se les segrega como norma y aun como siempre ocurre bajo esquemas de gobierno y mando verticales, que se aíslan, se imponen y se desgastan por estar siempre al frente de una estrategia de defensiva-ataque, que a la larga generalmente resulta infructuosa y que se diferencia de los sistemas horizontales, que resultan mucho más plurales, creativos y redituables para todos y no para unos cuantos. Peor todavía si éstos últimos se consideren así mismos los dueños únicos y absolutos de la verdad nacional e histórica.

Aún es tiempo de reflexionar para evitar con base en el uso y ejercicio del poder la imposición de una especie de Apartheid contra toda aquella persona que critique, disienta o simplemente piense y aún actúe de una forma diferente. Ojalá.

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@RobertoCienfue1