115 constitucional, la reforma aplazada.

por | Abr 1, 2013 | Abril 2013, Expediente Abierto | 0 Comentarios

Constitución PolíticaEn los primeros cinco meses de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, se han visto pasar varias iniciativas de cambios estructurales en el plano educativo, la administración pública federal, la Ley de Amparo y la atención de víctimas, pero nada relacionado específicamente con municipios.

Y es que de todos los entes públicos del país, el que requiere de una reforma urgente es el ayuntamiento, porque de no concretarse un cambio de fondo, la consecuencia será una mayor asimetría regional. César Octavio Pedroza Gaitán, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, lo expone de este modo: lo más grave será que se amplíe la brecha entre demarcaciones poderosas y las que están en el abandono absoluto.

Alcalde de 4 añosHoy día el tercer orden de gobierno es una institución débil, de ahí la principal causa de la escasez de recursos financieros, afirma Adán Larracilla Márquez, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), quien añade que el problema no sólo es la falta de dinero, sino la carencia de herramientas y potestades para hacerse de él. “Los titulares del ámbito local hacen esfuerzos gigantes para mantener su operación diaria.”

A nivel político no hay continuidad en los proyectos y las alcaldías muchas veces dependen de lo que hagan los gobiernos estatales o el Federal. Además, existe una gran desigualdad entre ellas, pues no es lo mismo San Pedro Garza García, Nuevo León, que Tlaxiaco, Oaxaca, agrega Vicente Fernández Fernández, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

LLAMADO DE AUXILIO.
Adán LarracillaLos expertos coinciden en la necesidad de modificar el Artículo 115 constitucional. Sin embargo, “hasta ahora el Gobierno Federal no ha hecho un planteamiento en torno a cuál será su propuesta municipal. No hay una plataforma municipalista en este arranque de sexenio”, critica Raúl Solís Barrueta, director de Locallis, una asociación civil dedicada al desarrollo de este tipo de demarcaciones.

Mientras esperan una señal que no llega, los alcaldes piden auxilio inmediato a los actores políticos del país. Jacobo Manríquez Romero, presidente de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), xhorta a los Poderes de la Unión a discutir inmediatamente la modernización de este nivel de gobierno, porque como ya lo ha demostrado la quiebra financiera de varias circunscripciones y la difícil tarea del combate a la inseguridad, las administraciones locales, sobre todo las pequeñas, no tienen margen de maniobra para cumplir con sus funciones.

DEMOCRATIZAR AL CABILDO.

Fernández sostiene que la parte política de la reforma municipal tiene que ver con la duración del mandato de sus jefes del ejecutivo. “Tres años es un plazo insuficiente para ver resultados, obras y políticas públicas, pues el primero es un periodo de aprendizaje, de conocer el territorio. En el segundo comienzan a verse las actividades de las autoridades y en el tercero, muchos ya están pensando en el siguiente cargo que ocuparán.”

Habría que ampliar su plazo constitucional a seis años, o bien aprobar la reelección inmediata, de tal manera que los ciudadanos puedan premiar el trabajo de un alcalde al votar por él, para que gobierne un periodo más y pueda dar continuidad a los programas.

Raúl Solís, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, agrega como un ingrediente más la democratización del cabildo. Es decir, que la elección de los regidores sea independiente de la del titular del ayuntamiento. “Que no haya planillas.

Que por un lado los ciudadanos puedan votar por el alcalde y por otra parte por un regidor, eso los convertiría en auténticos representantes territoriales”.

Asimismo, para dar solidez a la institución municipal, es necesario fortalecer la composición de sus estructuras administrativas, mediante la capacitación, la planeación de mediano y largo plazos, la profesionalización de los servidores públicos y el servicio civil de carrera, refiere el senador Pedroza Gaitán.

“Hay que evitar que cuando asuma el cargo un nuevo titular limpie la mesa, como si nada de lo anterior sirviera. Se debe apoyar la creación de entidades de planeación que trasciendan los periodos de los ayuntamientos y revisar los procesos administrativos, modernizarlos, sistematizarlos, para impedir que, cuando se renueven los cargos, se empiece de cero.”

Lenta metamorfosis

NO QUEREMOS MIGAJAS: AMMAC.

Jacobo ManriqueEn materia hacendaria, hay puntos muy específicos que se deben incorporar en una eventual modernización del tercer nivel de gobierno. Jacobo Manríquez, quien también funge como alcalde de Pénjamo, Guanajuato, se queja de que los municipios sólo reciben “migajas” del presupuesto.

Lo anterior, porque la Ley de Coordinación Fiscal establece que 80 por ciento de la recaudación federal participable se lo quede la Federación, 20 por ciento los estados y, de esta porción, sólo 4 por ciento corresponde a las localidades. Es decir, 20 por ciento de 20 por ciento.

“En la ANAC proponemos que haya un aumento de 1 por ciento anual. Si este año la asignación municipal es de 4, que el próximo sea de 5, al siguiente de 6, y que suba gradualmente hasta 20 por ciento.

Sin embargo, tendrían que ajustarse los porcentajes de la Federación y de los estados”, explica Larracilla Márquez a manera de solución.

Otro asunto tiene que ver con los recursos adicionales que la Federación obtiene, por ejemplo, de los excedentes petroleros. La ANAC plantea que las alcaldías también sean beneficiarias.

“En el tema del impuesto a la gasolina, ¿cuántos litros se consumen por segundo, por minuto, hora, día, mes, año, sexenio, de ese combustible? Paradójicamente, los coches circulan por caminos cuyo mantenimiento es atribución de los ayuntamientos, pero el impuesto generado por el consumo de gasolina no se traduce en inversión directa para las vías de comunicación. Un porcentaje de tal gravamen debería destinarse a ello”, agrega Adán Larracilla.

Para sacar adelante dicha propuesta, el experto reconoce que debería crearse un ramo especial. “Planteamos un fondo exclusivamente con las cantidades que se mueven en otras bolsas y programas, en el que se asignen los recursos a las localidades no sólo por carencias, sino por buenos resultados.”

TRATO ESPECIAL A PEQUEÑOS.

Raúl SolísEn el mismo tema hacendario, Raúl Solís recuerda que es atribución de los ayuntamientos cobrar el impuesto predial. Sin embargo, captarlo es carísimo, porque se debe tener un departamento de catastro actualizado, el cual no lo está en muchos casos, porque la inversión es muy elevada, tan sólo para las fotos aéreas, además de que es bajo el monto del impuesto. Por eso muchas localidades no cobran ese gravamen, sin embargo es preciso apoyar a las alcaldías para fortalecer su recaudación.

Al respecto, Jacobo Manríquez hace ver que el federalismo hacendario debe tomar en cuenta también las diferencias regionales. Menciona que si bien Guanajuato capital y León pueden mejorar su captación de impuesto predial, debido a que cuentan con varios miles de habitantes y diversas construcciones habitacionales, industriales y comerciales, en el caso de Pénjamo esto no es posible, debido a que es un sitio rural. Por consecuencia, dice el alcalde, es necesario encontrar otra fórmula para fortalecer las finanzas de las demarcaciones pequeñas y con economía agropecuaria.

Jorge Fernández Ruiz, coordinador del posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comparte la idea de reformar el Artículo 115 constitucional para que el municipio tenga el marco jurídico adecuado. “Hay que establecer sus atribuciones de manera sistemática, lógica y racional, pues encontramos errores notables de catalogación en la fracción tercera de dicho artículo, donde se mencionan servicios públicos y funciones públicas como si fueran lo mismo.”

Según el experto, falta precisar cuáles son las funciones públicas del ayuntamiento, los servicios y la obra, así como las acciones de interés social. Advierte que en dicha normatividad “no está el servicio de transporte urbano y resulta que el municipio tiene a su cargo el mantenimiento y conservación de la infraestructura del mismo”.

TRIBUNALES LOCALES, VIABLES.

Vicente FernándezAñade que existe un atisbo en la fracción segunda del 115 constitucional, que abre la posibilidad de que estas demarcaciones puedan tener tribunales o juzgados contenciosos administrativos. Esto las fortalecería, porque ya no quedarían sujetas a la jurisdicción del estado, a través de su Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es una instancia independiente, ajena al orden federal. Sus resoluciones no son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y dministrativa, y lo mismo debería ocurrir en el ámbito municipal.

Y aunque Fernández reconoce que la reforma al Artículo 115 no es una panacea, sería la base para una nueva estructura jurídica del ayuntamiento.

A CAMBIO, MÁS TRANSPARENCIA.

Con la autoridad que le da ser representante municipalista, Manríquez Romero sostiene que este nivel de gobierno debe estar dotado de mayores facultades para servir mejor a la sociedad, pero está consciente de que la obtención de más poder va ligada a una rendición de cuentas.

Por ejemplo, dice estar de acuerdo en que se establezcan topes a la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos, pero sin faltar a su autonomía. Menciona la necesidad de verificar más cuidadosamente el uso de los préstamos, la ejecución de las obras públicas, además del pago a los proveedores para que, al llegar un nuevo equipo de trabajo, no se encuentre con sorpresas “por debajo de la mesa”.

Asimismo, destaca la necesidad de impulsar en todas las regiones del país los conceptos de presupuesto participativo y presupuesto con base en resultados, además de reforzar la formación de cuadros capacitados por medio del servicio civil de carrera.

“Cada tres años metemos a infinidad de personas sin idea de lo que es la administración pública”, reconoce Jacobo Manríquez, quien asevera que la profesionalización de empleados públicos, además de traer una mejor gestión, también contribuye a la realización de transiciones de gobierno más tersas.

“Hemos visto casos desastrosos, de funcionarios que han defraudado a la sociedad. Por eso es necesario hacer adecuaciones a la ley para que aspiren los mejores hombres y mujeres a los cargos de responsabilidad”, concluye el alcalde.

Nora Sandoval

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