Temas como el presupuesto, seguridad y las elecciones se mantienen sin cambios notables en la vida de los municipios, al no contar estos gobiernos con tiempo y los recursos necesarios para trazar proyectos a largo plazo. Su funcionamiento, como una “verdadera célula de la República”, es un sueño opacado por la falta de interés de los estados y la Federación, los cuales no tienen en su agenda el debate de reformas para dar paso a una Ley de Municipios que permita lograr la autonomía, advierte la Asociación de Municipios de México (AMMAC).

La distribución de recursos es aún el tema medular entre los 2,440 ediles que gobiernan los municipios del país, ya que el dinero que reciben de los gobiernos estatales y del Federal es muy limitado para satisfacer las grandes necesidades que se presentan en cada comunidad. De los recursos que reciben para gobernar, 80 por ciento proviene del gobierno Federal, pero primero llega a los gobiernos estatales. Ambos niveles de gobierno los etiquetan y dejan muy poco margen para la operación municipal. A esto se debe añadir que los impuestos que genera cada entidad tampoco son recursos de los que puedan disponer.

Solamente 20 por ciento de las participaciones que corresponden a cada estado se reparte entre los municipios, y además sin la posibilidad de ejercerlos libremente, por lo que la AMMAC afirma que los recursos “nunca son suficientes”.

Como ejemplo de esta dinámica, de 170 mil millones de pesos que ingresan al México cada año por la actividad turística, 65 mil millones son por impuestos. De éstos sólo regresan 800 millones a los municipios que los generan, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Municipios Turísticos (Ammtur). Esta es la razón por la que el Congreso de la Unión debe reformar la Ley de Coordinación Fiscal Federal, lo que es una prioridad en la agenda de los ediles.

Existen muchos municipios en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz en donde la calidad de vida es muy baja, ya que hay grandes carencias de alimentos, agua potable, servicios, transporte, carreteras, escuelas, centros de salud y medicamentos, lo que coloca a esos poblados en una situación muy vulnerable. Sólo 300 de los municipios del país cubren la totalidad de estos servicios.

El consultor político Alberto Aguilar Iñárritu explica a Alcaldes de México que para enfrentar este rezago existen fórmulas que aumentan la recaudación, y da un ejemplo: que la Federación destine 2 por ciento del IVA a cada entidad donde se recaude, e incremente de 20 a 25 por ciento, por año, la repartición de las Participaciones Pagadas a cada estado.

Otro tema importante es la eliminación de las exenciones con las que son beneficiadas varias dependencias de los gobiernos Federal y estatales, así como el cobro de los diversos permisos que se otorgan para realizar diferentes actividades en los municipios, lo que daría mayor entrada de recursos a las comunidades, en opinión del director ejecutivo de AMMAC, Ricardo Baptista.

“Como municipios no se les puede cobrar a los aeropuertos, a las oficinas de las dependencias; están exentos de sumarse a la mayor fuente de recaudación, que es el pago del impuesto predial y servicios como el agua. Entonces, hay cómo obtener más dinero, pero no lo quieren hacer los estados ni la Federación, y por eso nunca hay suficiente para lo que se requiere atender”, destaca.

VÍCTIMAS SIN POLICÍA

Los hechos: durante este año, hacia principios de octubre, 11 presidentes municipales habían sido asesinados, cifra que equivale a un funcionario muerto cada mes. Las entidades más afectadas por esos crímenes son Durango, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León. Otros estados donde se han registrado esos hechos son los de México, Oaxaca y San Luis Potosí.

Para redondear el dato anterior hay que añadir que en los últimos tres años han perdido la vida más de 40 funcionarios y ex servidores públicos municipales: alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios del ayuntamiento y candidatos a la alcaldía, en crímenes relacionados con redes delictivas.

La gravedad del problema de seguridad también fue expuesta por la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República al denunciar que las bandas de narcotraficantes tienen controlados 195 municipios e influyen en otros 1,536.

La falta de presupuesto, la ausencia de políticas económicas y sociales sostenibles, así como el desinterés por parte de las autoridades federales y estatales se han conjugado para hacer de los municipios un escenario accesible para el crecimiento de la delincuencia, afirma la Comisión en su estudio Ayuntamiento y crimen organizado, documento presentado por el senador Ramón Galindo.

Otro gran tema del año ha sido la propuesta de crear un mando único para las policías de cada una de las 32 entidades federativas, con el objetivo de tener mejor organización para reducir los índices de inseguridad. Sin embargo, ha sido vista como un mal antídoto porque restaría independencia a los municipios, ya que sin policía, ¿cómo un alcalde tendría el control político si la seguridad le compete a otro nivel de gobierno? De esa forma, la presidenta de la AMMAC, Azucena Olivares Villagómez, afirma que 90 por ciento de los municipios se une al rechazo del mando único, y se manifiesta por “una verdadera coordinación policiaca” entre los tres niveles de gobierno.

Han sido dos los actos que anteceden un “no” a la propuesta del Ejecutivo: primero, la detención en mayo de 2009 de 10 presidentes municipales en Michoacán por presuntos nexos con el narcotráfico, mismos que han recuperado su libertad por falta de pruebas. Segundo, el arresto, a finales de mayo de este año, del presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, Gregorio Sánchez, quien se encuentra sujeto a proceso también por presuntos nexos con grupos relacionados con el narco.

Sin embargo, pese a esa oposición, varios estados ya han puesto en marcha los procesos legales e institucionales para la creación de policías únicas: Coahuila, Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí son algunos ejemplos.