En los últimos 30 años, la población urbana del país se multiplicó por dos. Hoy día casi 8 de cada 10 mexicanos viven en ciudades y 6 de cada 10 en una ciudad administrada por dos o más municipios.

Este acelerado crecimiento urbano ha disparado la demanda de los servicios públicos como agua potable, seguridad pública, movilidad y transporte, además de la recolección y disposición de residuos sólidos, responsabilidades que recaen principalmente en los gobiernos municipales.

Las fuentes de ingreso para financiar dicho gasto provienen, en promedio, 64 por ciento de las transferencias federales, 23 por ciento de fuentes locales (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos), 8 por ciento del endeudamiento y el resto de recursos disponibles desde el principio del periodo.

El hecho de que los ayuntamientos dependan tanto de las transferencias federales los hace muy vulnerables a shocks externos, como los cambios en las fórmulas de distribución de los recursos o fluctuaciones en el precio del petróleo. La gráfica muestra cómo las transferencias a los municipios han disminuido en los últimos tres años, debido al proceso de descentralización fiscal.

Esta falta de recursos para enfrentar sus obligaciones de gasto puede conducir a las ciudades a dos escenarios indeseables: Uno, los gobiernos se endeudarán más allá de su capacidad de pago para proveer los servicios, o dos, se reducirá la calidad de los mismos para ampliar la cobertura.

Por lo anterior, es indispensable pensar en alternativas que permitan a los municipios hacerse de recursos suficientes a fin de cumplir sus obligaciones con los ciudadanos.

LAS ESTRATEGIAS.

La sustentabilidad en el financiamiento de los servicios públicos debe partir de una estructura ingresos-egresos con tres características:

1) Mantener finanzas públicas sanas. Es decir, el gobierno encargado de proveer los servicios públicos no debe depender del endeudamiento para atender sus compromisos.

2) Uso racional de los servicios públicos. Cuando no existe un sistema de precios que refleje el costo social del suministro y consumo de un bien o servicio, la demanda será mayor a la socialmente óptima. Como consecuencia, la autoridad debe sufragar estos costos.

3) Transparencia y rendición de cuentas. Un principio básico para que los ciudadanos puedan exigir mayor calidad en la prestación de los servicios que pagan y evaluar al gobierno que los otorga.

CUOTAS DE USUARIO.

La mejor manera de cumplir con estos tres puntos consiste en cobrar a los beneficiarios de los servicios públicos. A esto se le conoce como cuotas de usuario. Un esquema de este tipo genera un contrato entre ciudadanos y el gobierno local que conduce a un consumo racional.

Las cuotas de usuario se pueden aplicar para todos los servicios públicos que pueden ser divididos en unidades de uso y que permiten identificar a los beneficiarios particulares, como son los kilogramos de basura que se recogen, los metros cúbicos de agua, las horas de estacionamiento en la calle, el número de veces que se pasa por un puente, entre otros.

Por ejemplo, los parquímetros son un esquema que en México ha probado ser muy eficaz para cobrar por el uso de la vía pública como estacionamiento de automóviles. La reciente introducción de esos medidores en dos colonias del Distrito Federal (DF) ha traído resultados sorprendentes: el tráfico en esas zonas se redujo considerablemente y en el primer año de operación se recaudaron 64.2 millones de pesos (mdp).

ACUERDOS INTERMUNICIPALES.

Cada vez más se reconoce que las ciudades tienen ciertas características comunes, como la necesidad de compartir servicios y espacios públicos. Para lograr unas finanzas locales equilibradas, además de buscar recaudar más o mejor, es necesario suministrar los servicios con la mayor optimización de costos.

Los acuerdos intermunicipales son ideales. Se trata de un esquema en el que los gobiernos preservan sus atribuciones y recursos pero se coordinan en acciones conjuntas. Un ejemplo consiste en que los municipios conurbados de una ciudad homogeneicen sus impuestos y de esta manera generen sinergias en lugar de competir entre sí.

Otra propuesta es la creación de organismos intermunicipales para prestar un bien público que beneficie a toda un área urbana. Bajo este esquema, existen importantes ahorros administrativos y se aprovechan las economías de escala propias de un servicio en red, como el sistema de agua potable y alcantarillado.

Monterrey es quizá la mejor demostración de cómo se han generado importantes ahorros y mayor eficiencia en el abasto de agua, a través del organismo público intermunicipal; en tanto que Aguascalientes es un excelente ejemplo en el manejo de los residuos de todos los municipios del estado.

MEDIDAS DE DESARROLLO URBANO.

Otra manera de reducir los costos de provisión de los servicios es cambiar el modelo de desarrollo urbano que predomina en el país. Prácticamente todas las ciudades han crecido de manera dispersa: según el estudio El costo de la ciudad, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la superficie que ocupan las manchas urbanas creció, entre 1980 y 2010, a una razón de siete veces, mientras que la población creció sólo dos veces.

Esta tendencia conlleva costos mucho más altos para los gobiernos en comparación con un desarrollo más compacto. Éste último concepto se refiere a una ciudad que mantiene una alta densidad poblacional, usos de suelo mixtos y que limita la extensión territorial.

Según dicho estudio, si una ciudad lograra reducir a la mitad la velocidad de expansión de su mancha urbana, se lograrían ahorros en los costos de inversión en infraestructura del orden de 30 por ciento, y de 68 por ciento en los costos de mantenimiento y operación de los servicios públicos.

En suma, lograr que el desarrollo urbano sea más compacto traería amplios beneficios, principalmente ahorros considerables para las arcas municipales, con lo cual es factible la sustentabilidad de la provisión de los servicios públicos municipales.