La vulnerabilidad de México ante desastres naturales obliga a los gobiernos locales a planear la forma para enfrentar los riesgos, porque además de preservar la vida de los ciudadanos, deben encontrar mecanismos para recuperar parte de lo perdido.

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), tan sólo en 2011 se reportaron 10 mil 804 siniestros ocasionados por terremotos e incendios. Si bien se trata de acontecimientos poco previsibles, una de las opciones más comunes para enfrentar este tipo de contingencias es la compra de seguros contra desastres.

Veamos algunos casos prácticos a partir de los cuales se pueden tomar ideas. Chiapas ha implantado la contratación de pólizas de seguros ante la constante presencia de huracanes, ciclones y depresiones tropicales, entre otros.

En 2010, ante los daños provocados por el huracán Matthew, se activó esta póliza con lo cual disminuyó la afectación financiera, la cual, según información proporcionada por Protección Civil de esa entidad federativa, provocó daños en la infraestructura por 1,347 millones de pesos (mdp).

Otro caso concreto son los 40 millones de dólares (mdd) que respaldan al gobierno de Puebla ante una eventual erupción del volcán Popocatépetl que, según la administración estatal, se activarán apenas se presente la declaratoria de emergencia de las autoridades federales, con lo que se abrirían los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), mismos que se complementarían con 200 mdp del gobierno del estado.

COBERTURAS DE MÁS DE 40 MDD

El director de Daños de la AMIS, Luis Álvarez Marcen, destaca que al menos nueve estados y varios municipios han adquirido este tipo de coberturas, además de que por ley los gobiernos subnacionales están obligados a protegerse con algún tipo de seguro para obtener recursos del Fonden en caso de algún desastre.
Sin embargo, en la mayoría de los casos por falta de presupuesto, o por el simple hecho de dejar a la suerte la probabilidad de no ser tocado por un desastre natural, no adquieren las coberturas.

“Varias de las regiones que ya han sufrido daños por terremoto, huracán, inundaciones o cualquier tipo de desastre natural han adquirido sus seguros tanto en gobiernos estatales como municipales. Históricamente han sido las administraciones de Puebla, Veracruz o Tabasco”, refiere el directivo.

Álvarez Marcen destaca que estos instrumentos financieros son muy efectivos, pero muchos de los gobiernos no adquieren los límites suficientes para cubrirse, ya que contratan límites que pueden variar de 10 a 40 mdd. Sin embargo, la recomendación de las aseguradoras es que se compren coberturas mucho mayores.

“Si se presenta el caso de que los gobiernos locales no alcancen a cubrir las pérdidas generadas por un desastre, es aquí cuando el Fonden entra a aportar los recursos para la reconstrucción. Además hay que recordar que México acaba de renovar el bono catastrófico, el cual funciona contra terremotos en cinco zonas del país, con una cobertura que podría alcanzar 140 mdd; para el caso de huracanes llega a 60 mdd.”

En el pasado reciente, el fenómeno natural que más costos ha causado al sector asegurador fue el huracán Wilma, ya que representó indemnizaciones por alrededor de 1,800 mdd en los años 2005 y 2006, refiere la AMIS.

VENZA LAS RESISTENCIAS

No obstante estos programas, Luis Álvarez enfatiza que la falta de cultura sobre aseguramiento en el país hace más complicado el manejo del riesgo ante eventos naturales. Según el especialista, sólo 5 por ciento de las viviendas del país cuenta con un seguro y, si se lleva a niveles gubernamentales, la situación es similar.

“Los gobiernos no creen que podrían enfrentar una catástrofe. Algunos sí se protegen, pero si al final del día hay una gran afectación, las pérdidas son millonarias. Además, las aseguradoras pueden ayudarle a los gobiernos a administrar estos recursos, para que se recuperen rápidamente sin necesidad de recurrir a otros instrumentos financieros como la deuda o aumentar los impuestos.”

SIGA ESTOS CONSEJOS

Pero llegado el momento de comprar el seguro contra desastres naturales, ¿qué pasos son los que deben seguir los funcionarios locales? y, ¿qué aspectos son los que tienen que cuidar? Gerardo Filorio, director de la reaseguradora Colemont, da algunas recomendaciones prácticas a los funcionarios municipales y estatales.

En primer lugar, las administraciones locales deben presentar a las aseguradoras los bienes que pretenden asegurar, con su valor correspondiente y un histórico de la siniestralidad que ha presentado el estado o ayuntamiento.

No es necesario tener calificación crediticia de ninguna agencia, excepto si las autoridades se acercan al mercado de capitales, para adquirir, por ejemplo, bonos catastróficos del Gobierno Federal.

Según Filorio, no hay problema si los gobiernos tienen créditos con otras instituciones financieras, ya que las empresas aseguradoras exigen el pago de la prima por aseguramiento al inicio del proceso, con lo cual, no hay riesgos de falta de pago.

También se sugiere a los gobiernos locales mantenerse actualizados sobre las reglas de operación de los programas como el Fonden, ya que constantemente tienen modificaciones, como el hecho de que en caso de no contar con una póliza de seguros, el Gobierno Federal ya no respondería al 100 por ciento en eventos subsecuentes.

“Se debe buscar una asesoría sobre cómo utilizar las retenciones, qué riesgos y bienes pueden cubrirse conforme a las necesidades de cada gobierno. Asimismo, en caso de que las administraciones locales hayan decidido contratar una póliza contra desastres naturales, pueden aliarse con otros gobiernos para presentar a las compañías aseguradoras y reaseguradoras una dispersión de riesgo y obtener un mejor contrato.”

ELIMINE LA BUROCRACIA

Gerardo Filorio explica que otra de las dificultades que enfrentan los gobiernos locales al momento de contratar un seguro es la burocracia, ya que más de una dependencia busca controlar el proceso, ya sea las secretarías de Administración o de Finanzas o incluso la unidad de Protección Civil.

Otra falla puede presentarse en la preparación de información, sobre todo en lo que se refiere a valores, ya que los bienes amparados generalmente pertenecen a distintas áreas, como escuelas y carreteras, entre otras, por lo que Filorio sugiere a las autoridades locales emprender un gran esfuerzo de organización para coordinar estos procesos exitosamente.

DIVERSIFIQUE LA ECONOMÍA

Hoy día, el desafío de todos los órdenes de gobierno consiste en diseñar un esquema de administración pública con base en un manejo adecuado del riesgo, principalmente en temas como el cambio climático, refiere Jesús González Arellano, socio en Administración de Riesgos de la empresa consultora KPMG.

“Si bien los seguros pueden ayudar a recuperar la infraestructura afectada por un desastre natural, se debe considerar que la zona afectada estará fuera de uso por un periodo de tiempo prolongado. Si se trata de un lugar turístico, por ejemplo, no se tendrán recursos disponibles de esta actividad. Con esto, un seguro no puede proteger del impacto social que se tiene en condiciones como éstas”, advierte el experto.

En ese sentido, Jesús González hace ver a las autoridades locales que los seguros ayudan a transferir ciertos riesgos, pero aclara que sólo se trata de una parte de la solución. Dependiendo de la zona geográfica donde se ubique un municipio, por ejemplo en la playa, una alternativa consistiría en impulsar otras industrias que generen ingresos y disminuyan la dependencia de la derrama económica del turismo.

“Lógicamente si llega un huracán u otro desastre natural disminuirá la llegada de paseantes, pero al menos no se reduce totalmente la entrada de recursos. De modo que un seguro, combinado con una actividad alternativa que no se afecte a pesar del mal clima, da como resultado un impacto mucho menor en la administración.”

PLANIFIQUE A 50 AÑOS

González Arellano subraya que ese tipo de planeación no puede improvisarse, sino que requiere de personal bien capacitado en el manejo de riesgos. En términos generales, se requiere de un equipo que desarrollará un trabajo de largo plazo y que podrá reaccionar de manera inmediata ante un acontecimiento imprevisto, esto es, desde la contratación de un seguro hasta el desarrollo de políticas económicas.

“Los aspectos básicos a seguir por un estado o municipio para manejar riesgos deberían de prevalecer independientemente del cambio de gobierno y de colores de partido. Si se aceptan esos lineamientos permanentes en la administración, las pérdidas son menores.”

En ese sentido, el especialista considera que un gobierno local debe tener una visión de 40 ó 50 años, a partir de un análisis de fortalezas y debilidades de la administración, sin olvidar el entorno general del país.

A partir de aquí se hace una planeación de atracción de inversiones, desarrollo de la actividad económica, crecimiento poblacional y un factor primordial que incide en las decisiones gubernamentales de todo el mundo: el cambio climático.

“Ésta es una de las acciones en las que los gobiernos deben enfocarse, y no sólo en el tema de desastres naturales. El cambio climático implicará afectaciones económicas y sociales complicadas, desde la falta de alimentos, desempleo, pobreza, escasez de agua, entre otros problemas, que deben ser prioritarios en toda agenda de gobierno”, concluye Jesús González.