El empoderamiento de las mujeres es uno de los retos más importantes para las administraciones municipales, estatales y para el Gobierno Federal, ya que actualmente el país no cuenta con ninguna gobernadora y en la historia sólo seis mujeres han ocupado dicho cargo. Por otro lado, según los resultados de los últimos comicios estatales en 2013, sólo 6.9 por ciento de las alcaldías de la nación están regidas por una mujer.

“Este aspecto debe ser considerado con la magnitud adecuada, teniendo en cuenta que más de la mitad de la población del país está conformada por mujeres, lo que hace increíble que en ninguna de las 32 entidades federativas haya una mujer al frente del ejecutivo estatal. Lo anterior es una muestra de los limitados espacios de toma de decisión y de representación popular con los que contamos”, asegura la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez.

ALLANAR EL CAMINO

La funcionaria explica que el empoderamiento es entendido como una vía para que las mujeres gocen y ejerzan sus derechos humanos y ellas mismas sean partícipes en la construcción de sus decisiones y experiencias, por lo que la política del Gobierno Federal en la materia tiene por objetivo crear condiciones que favorezcan al proceso de empoderamiento a través de la eliminación de la discriminación y la violencia.

En ese sentido, Cruz Sánchez menciona que la capacitación ha sido una estrategia clave, la cual también ha ayudado a implementar la transversalidad de la igualdad de género en las instituciones del Gobierno Federal.

La titular del Inmujeres comenta que uno de los instrumentos más importantes para lograr dicho fin es el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), que tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura organizacional de las administraciones estatales y municipales, así como contribuir al empoderamiento de las mujeres mexicanas, particularmente en materia de participación política y económica.

AVANCES NOTABLES

Lorena Cruz menciona que en 2013, 406 municipios fueron beneficiados con el PFTPG —el cual forma parte de la Política Nacional de Igualdad definida en el Plan Nacional de Desarrollo—, lo que representa un incremento de 130 por ciento en relación con los recursos otorgados el año anterior. Asimismo, de las 329 instancias municipales de la mujer que recibieron apoyo del programa, 110 eligieron como tema de desarrollo el empoderamiento de las mujeres.

Este año, el Inmujeres elaboró el Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 2013-2015 (PCI), para contribuir a eliminar las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres en la administración pública federal mediante acciones como la promoción y permanencia de las mujeres en puestos de toma de decisiones, y generar las condiciones para contar con espacios libres de hostigamiento, acoso sexual y otras formas de violencia laboral.

NO HAY RECETAS

Cruz Sánchez asegura que se debe incrementar la participación de las instancias municipales de las mujeres en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, y con ello incidir en el quehacer gubernamental.

La funcionaria sostiene que pese a los retos, existen avances significativos en la participación política de las mujeres en México, ya que hoy día se cuenta con una legislación federal más sólida y con acciones afirmativas a favor de las mujeres, no sólo en el marco normativo secundario sino también en la Constitución; asimismo, destaca la importancia de la reforma política del país, en la cual se establece una cuota de género paritaria.

“No existe una receta ni un manual que podamos publicar o seguir para que la subrepresentación sea revertida, pero con base en un diagnóstico de la situación que se vive a nivel estatal, se puede afirmar que muchos de los pasos que se están dando en el ámbito federal no han sido replicados en lo local. Tampoco puede afirmarse que el marco federal y las prácticas que se tienen son las óptimas, porque sería algo imparcial, pero el marco jurídico estatal y la percepción que aún permanece respecto de la participación política de las mujeres continúa con un grave rezago en distintos estados y municipios, advierte Cruz Sánchez.

Asimsimo, explica que las cuotas de género han demostrado su efectividad, pero a nivel estatal dicho mecanismo debe perfeccionarse e incluso debe elevarse a nivel constitucional en cada entidad. También menciona que en cada entidad se establece una cuota paritaria para cualquier cargo de representación popular, no sólo para el Poder Legislativo, y sancionar a los partidos políticos con restricciones para el registro de candidaturas en caso de incumplir con las cuotas.

Otro elemento en el que Lorena Cruz Sánchez considera que se debe poner atención es en los partidos políticos a nivel nacional y estatal, pues dichas instituciones tienen un papel fundamental en el desarrollo de sus militantes, al ser quienes se encargan de postular o impedir las candidaturas de más mujeres.