Sin seguridad ciudadana no se pueden ejercer las libertades públicas ni disfrutar de una calidad de vida que, para su plena vivencia, se requiere de un espacio social dónde fructificar y desarrollarse y, por otra parte, sin libertades públicas el individuo no se desenvuelve en un marco de seguridad.

F. Carrión, docente universitario, consultor, escritor e investigador de desarrollo urbano y seguridad pública, afirma que existe una violencia específica de la ciudad y que ha ido evolucionando con el devenir de los tiempos, presentando hoy unas características muy diferentes de las de hace unas décadas.

Existe un primer componente de delincuencia tradicional, inmutable en el tiempo (pequeños hurtos o “tirones”), al que se añade un segundo componente, constituido por una delincuencia moderna, variable en función del “tempo” histórico, que hace que las características de la inseguridad de hoy sean distintas a las de épocas anteriores. Este segundo componente es más peligroso. Presenta nuevas formas de violencia asociadas a actividades de narcotráfico, prostitución, bandas juveniles y ciberdelito, entre otras, que aumentan la complejidad de la lucha contra la violencia urbana. ¿Constituye la ciudad una fuente de violencia? A este respecto, la interacción del binomio ciudad–inseguridad es compleja. Es indudable que la urbe es el escenario donde se desarrolla un tipo singular de violencia. Sin embargo, no puede decirse que sea causa de la misma.

Cabe preguntarse si, por el contrario, la violencia produce una alteración de las características o parámetros urbanos. A este respecto se puede, en cambio, afirmar con rotundidad que la violencia urbana engendra unas variaciones importantes de los parámetros y de las características de la ciudad.

La inseguridad ciudadana produce una nueva tipología urbana, unos nuevos hábitos de convivencia y de forma de ocio, un nuevo tipo de vida y de relacionarse, una disminución de los contactos entre los diversos estratos sociales de la población. Todo ello comporta costes en calidad de vida, en las dotaciones presupuestarias de los gobiernos y un deterioro de las finanzas municipales por la disminución de ingresos económicos por turismo y por una menor inversión del sector privado. Durante mucho tiempo el modelo existente era el que se basaba en la fuerza coercitiva y judicial para mantener la paz ciudadana. Dicho modelo de seguridad es el que básicamente ha prevalecido hasta hace relativamente poco, sustentado con el apoyo de las fuerzas de la Policía Nacional/Estatal, ayudadas por las policías locales y un rígido sistema de elaboración y administración legal de carácter nacional.

Ese modelo de seguridad no ofrece una solución válida a la problemática de nuestras ciudades. La sociedad ha evolucionado en todos sus espacios de forma vertiginosa y demanda una gran transparencia en la actuación de la administración pública. Pide más eficacia y eficiencia en los servicios públicos y una mayor participación ciudadana en la construcción de la vida social.

Hoy la ciudad no es sólo una realidad territorial, un ente topológico, sino que es un ente estructurado en red, en el que se relacionan entre sí, de forma proactiva, los agentes que la configuran. Es una ciudad comunicacional y es necesario plantearse un proceso de elaboración, ejecución, control y evaluación de unas adecuadas políticas de seguridad ciudadana, en las que participen todos los actores implicados. La seguridad nos concierne a todos y no sólo de forma pasiva porque podamos sufrir algún tipo de inseguridad, sino porque todos somos agentes activos de la seguridad.