Comencé la entrevista esperando una plática de carácter técnico, en la que Carlos Gadsden me explicaría qué es la norma ISO 18091:2014 y por qué es importante que los gobiernos locales la conozcan y la adopten.

Apenas iniciada la conversación, me sorprendí ante una historia que lo mismo me llevó al orgullo nacionalista, que me trajo de regreso a la realidad de la escasa confianza que la población tiene en sus gobiernos, y me recordó lo poco que éstos hacen por mejorar sus ambientes locales y despertar el interés de nuevas inversiones. Finalmente, me dejó situada en la prometedora expectativa de que si todos promovemos una cultura de calidad y la ciudadanía presiona organizadamente, es posible comenzar a tener gobiernos confiables.

Carlos Gadsden Carrasco es el autor intelectual y principal promotor de la norma ISO 18091:2014. Desde la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, y junto con varios expertos nacionales e internacionales, comenzó a impulsarla hace más de 10 años. La diseñó cuando aún era coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed) y una vez fuera de la institución siguió promoviéndola hasta lograr que fuera publicada el 10 de febrero pasado, ya como estándar internacional.

En esta época en que perseguimos reconocimiento internacional para el país a través de un cineasta, un deportista o un artista, aquí tenemos un gran logro de manufactura cien por ciento mexicana.

No sólo es la primera y única norma de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) para gobierno, también es la primera iniciativa que México impulsa ante la ISO que llega a convertirse en norma.

El acontecimiento no es menor. La ISO tiene 67 años de vida, México participa en ella desde su fundación, ha emitido 19 mil normas para estandarizar la calidad en la generación de los más diversos servicios y productos, y ahora, por primera vez, emite una para apoyar el buen desempeño de los gobiernos locales en todo el mundo, y es de origen mexicano.

Pero más allá de su procedencia, la valía de esta herramienta radica en el hecho de que su adopción puede hacer la diferencia entre que un gobierno sea confiable o no ante su población. En el caso de nuestro país, el nivel de desconfianza hacia el gobierno no podría ser peor –o quizá sí–: sólo dos de cada 10 mexicanos piensan que el gobierno sí busca el beneficio de la población.

Los datos son de Parametría, que como resultado de una encuesta estableció que apenas 21 por ciento de los mexicanos confía siempre o casi siempre en el gobierno; mientras que 74 por ciento dijo que nunca confía en lo que hacen sus gobernantes, o sólo en contadas ocasiones.

Si desdoblamos estos datos hasta la dimensión de lo local, seguramente los resultados serán similares, si no es que más alarmantes. La percepción de corrupción; qué hacen los gobiernos con los impuestos recaudados, y la sensación de que no se gobierna igual para todos, son los tres factores que más abonan a esta desconfianza.

Lo que el sentido común indica es que este tema debería estar siendo motivo de sendas discusiones entre ideólogos y artífices de la administración pública nacional, en el ánimo de abatir la opacidad que reina en las tres esferas de gobierno.

Lejos de ello, se ha decidido postergar la entrada en vigor de la única iniciativa que hasta ahora se ha planteado para transparentar las cuentas y los activos públicos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyos plazos iniciales consideraban que estaría vigente a partir de 2014 para estados y 2015 para municipios.

Esta Ley fue aprobada en 2009; se pidieron de cuatro a seis años para cumplirla; los plazos llegaron a término y se solicitó prórroga, la cual fue concedida recientemente y las nuevas fechas establecen que su cumplimiento será obligatorio a partir de enero de 2016 para estados y de enero de 2017 para municipios. Habrá pena de cárcel para los gobiernos que incumplan, pero antes debe entrar en vigor y no hay ninguna certeza de que ello ocurra en los nuevos plazos establecidos.

Hoy tenemos enfrente otra prometedora herramienta, que servirá para que gobernantes y servidores públicos organicen sus tareas, y sus administraciones se desempeñen con la calidad y transparencia que exigen los estándares internacionales de lo que significa un gobierno confiable, al tiempo que promueve la participación ciudadana para acompañar, evaluar y dar seguimiento a las acciones gubernamentales.

No se estorban, ambas iniciativas se complementan, y más aún, además de los dividendos que la adopción de la ISO 18091:2014 puede redituar en cuanto a confianza de la población para con sus gobiernos, un incentivo adicional son los nuevos negocios que puede atraer a las localidades que operen bajo los estándares de la norma. Veamos por qué.

Este nuevo estándar contempla la medición del desempeño de los gobiernos locales a través de 39 indicadores generales, distribuidos en cuatro dimensiones: Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno, Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Ambiental Sostenible y Desarrollo Social Incluyente.

Estas cuatro áreas incluyen indicadores que requieren acreditar desde un gobierno responsable, planeado y organizado con un sistema integral de gestión de calidad, hasta la protección de los recursos naturales, la promoción de oportunidades para un trabajo decente, el impulso al turismo, la garantía de movilidad sostenible, rutas de comunicación e interconexión, el cuidado de la salud pública, la equidad de género, la promoción de vivienda digna, el combate a la pobreza y hasta la preservación del patrimonio histórico, entre otros.

El espíritu detrás de la norma es aspiracional. Los gobiernos que en una primera medición no logren un nivel aceptable en todos sus indicadores, tienen la oportunidad de mejorarlo una vez que hayan identificado en qué áreas están sus fallas. El resultado natural es que se crean en la localidad condiciones de competitividad y un ambiente de negocios que necesariamente dará certeza y atraerá en consecuencia el interés de nuevos inversionistas.

La variable indispensable que completa la ecuación para construir un gobierno confiable es la participación organizada de la población, lo cual puede ocurrir a través de observatorios o consejos ciudadanos que den seguimiento a las acciones de gobierno. León y Aguascalientes han sido ciudades pioneras en la implementación de estos modelos de participación ciudadana.

Hasta aquí todo bien. Pero lo cierto es que lograr la adopción generalizada de la norma en los municipios requerirá por un lado de presupuesto y, por el otro, de convicción política de los alcaldes en primerísimo lugar. Habrá que ver cuál de las dos montañas resulta más difícil escalar.