Para el presidente Adolfo López Mateos, la Ciudad de México era motivo de orgullo; en su sexenio fue gobernada por el llamado Regente de Hierro, don Ernesto P. Uruchurtu, cuando la urbe estuvo llena de camellones y glorietas con flores, mercados, hospitales, monumentos, palacios antiguos y nuevas escuelas, incluyendo la flamante Ciudad Universitaria.
Apenas tres sexenios después, cuando el presidente José López Portillo concluyó su mandato, la antigua Tenochtitlán era ya una megalópolis ingobernable con cerca de 14 millones de habitantes, quienes demandaban, entre otras cosas, una forma de gobierno más democrática y eficiente. Para entonces sus dimensiones metropolitanas ya rebasaban los límites físicos de las montañas y volcanes cercanos, y se extendía al otro lado del Valle de México, conurbándose con las ciudades vecinas de Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala y Pachuca.
López Portillo lanzó en 1979 el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y creó la Comisión para la Zona Conurbada del Centro del País (CZCCP), en la que participaron gobernadores, directores de empresas paraestatales y otros organismos de nivel federal y estatal de seis entidades aledañas al Distrito Federal. Con ésta se buscó impulsar acuerdos para planear el desarrollo urbano de las ciudades, que demandaban ya una estrategia para atender los problemas de agua, drenaje, contaminación ambiental, desechos sólidos, vivienda, transporte público y seguridad.
Para 1989, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid reconoció el fracaso de esa CZCCP, ya que, aun en el contexto del presidencialismo más ortodoxo, los políticos y funcionarios no llegaban a acuerdos, por lo que se decidió disolverla y crear en su lugar comisiones sectoriales, cuyos alcances geográficos se limitaron a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
DESCOORDINACIÓN E INCAPACIDAD
Más adelante, en 1995, el presidente Ernesto Zedillo creó la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, la que tuvo alcances federales. Con ella se pretendió atender la problemática de todas las zonas metropolitanas del país; pero se quedó en niveles de planeación indicativa, sin capacidad de intervención directa sobre los problemas generados por la metropolización.
Podemos decir que durante las siguientes dos décadas, las nuevas comisiones metropolitanas, incluyendo la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, pactada entre el estado de México y el gobierno del Distrito Federal en 1998, han venido funcionando con algunas reformas y cambios de nombre, pero sin mayor impacto, debido, principalmente, a los problemas provenientes de la arena política, en un contexto de alternancia y lucha por el poder.
De esta manera, los 21 millones de habitantes que están hoy asentados en la ZMVM siguen en el desamparo sobre temas que afectan fuertemente la calidad de vida de la región.
Pero, ¿qué es lo que está pasando con las capacidades institucionales del régimen metropolitano de gobierno? Lo que se aprecia es que, a pesar de que todos los niveles de gobierno tienen alguna forma de intervención de acuerdo a sus facultades constitucionales y cuentan con recursos y estructuras administrativas, existen deficiencias. Entre éstas, la descoordinación y la ausencia de relaciones intergubernamentales institucionalizadas entre las diferentes instancias son los factores que retrasan las decisiones inteligentes y estratégicas enfocadas en convertir a la región en un territorio que propicie la competitividad de sus unidades productivas y de servicios, así como en generar mejor calidad de vida para sus habitantes.
Lo cierto es que los diferentes organismos manifiestan incapacidad para resolver, desde sus responsabilidades, diversos asuntos: la compleja problemática que implica el crecimiento de la población, la expansión de los asentamientos, la demanda de reservas territoriales para vivienda popular, de servicios públicos, de abasto, de movilidad y transporte eficiente, entre otros.
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Al observar la manera en que otros países han enfrentado los retos de la gestión metropolitana, encontramos que hubo gobiernos que muy temprano detectaron el fenómeno de la metropolización y, de acuerdo con su propia tradición de formas constitucionales de gobierno, se dieron a la tarea de realizar reformas orientadas a impulsar organismos con capacidad institucional para tomar decisiones utónomas y de nivel regional.
Así, desde los años 60 del siglo pasado, Inglaterra tuvo un gobierno metropolitano con características unitarias para el Gran Londres. Éste se mantuvo hasta que Margaret Thatcher lo desarticuló por considerarlo un actor político muy poderoso en manos de la oposición que hacía contrapeso al Estado nacional.
Por su parte, en 1982 Francia realizó reformas constitucionales para congregar los 95 Departamentos dependientes del Estado nacional, agrupándolos geográficamente en 22 regiones territoriales. De esto resultó que París se fusionó con otros siete Departamentos, conformando la Region Íle de France, que ahora se rige a través de un Consejo Regional que es apoyado por la Unión Europea con un presupuesto creciente, el que para 2006 ya era de las dos terceras partes del que manejaba el Departamento de París. Esto sí da posibilidades para que el Consejo se convierta en un actor con capacidades para ofrecer coherencia a la planeación metropolitana de la región.
GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
Lo más parecido a esto empieza a suceder en las metrópolis mexicanas a partir de 2003, cuando fue creado el Fondo Metropolitano Federal, con el que se está logrando la integración de proyectos para infraestructuras de nivel metropolitano, con la participación directa de los dos gobiernos estatales de la ZMVM. Éste arrancó con un presupuesto de mil millones de pesos, pero para 2010 el Congreso le autorizó más de 8 mil millones, los que serán destinados para proyectos de 10 de las 56 zonas metropolitanas reconocidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los que fueron dictaminados por la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados.
En esas zonas metropolitanas los gobiernos municipales conurbados, más allá de los colores de sus partidos, realizaron los trámites para formar una asociación de municipios, tal y como lo establecen los criterios propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los fondos, y así, con la anuencia de sus gobernadores, administrar las obras conjuntamente a través de relaciones intergubernamentales de cooperación, o sea, de gobernanza, con todos los defectos que se le puedan achacar.
Más allá de los problemas políticos que siempre alteran el trabajo de las fracciones parlamentarias en los congresos y los gobiernos locales, consideramos que trabajar bajo el formato de gobernanza democrática será el mejor camino para enfrentar los enormes retos de la gestión metropolitana de nuestras crecientes ciudades.
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