En materia de transparencia, los miembros de los cabildos, al igual que los alcaldes, tienen la obligación de informar sobre su salario, sus gastos de representación y los trabajos de sus comisiones, entre otros aspectos. Sin embargo, esto aún no es una realidad en todos los municipios y uno de los motivos principales se debe a que los funcionarios locales desconocen la legislación.

Ricardo Jiménez, coordinador Colectivo de la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), expone que, al igual que todos los representantes del cabildo, los regidores deben servir de contrapeso al presidente municipal, sobre todo los que conforman minorías partidistas.

Desde que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en junio de 2002, las administraciones públicas han logrado avances significativos en materia de transparencia. Sin embargo, las instituciones locales aún carecen de funcionarios suficientemente capacitados para atender y procesar los requerimientos de los ciudadanos y se resisten a aceptar que los datos no les pertenecen, sino que son de la sociedad.

Ulises Flores Llanos, especialista en transparencia gubernamental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), refiere que el problema se ha maximizado en la medida en que muchos síndicos y regidores tampoco conocen los alcances de la legislación, por lo que una de las prioridades de los funcionarios municipales debe ser revisar las leyes estatales de transparencia.

MUCHOS PRETEXTOS

La carencia de recursos suele ser otro argumento que esgrimen los cabildos para justificar la falta de cumplimiento con las normas. Sin embargo, Flores Llanos asegura que aún en el caso de que los institutos locales reciban presupuestos para transparencia, no se aprecia una mejora sustantiva en la apertura de la información, con excepción de los indicadores del número de consultas. Explica que no se sabe nada sobre satisfacción de los usuarios con los datos entregados ni tampoco si quienes hacen las consultas son siempre los mismos, entre otros aspectos.

Otro punto débil son los periodos de gobierno, pues cada tres o cuatro años hay cambios y las administraciones prácticamente se reinventan, por lo que se debe capacitar al personal recién contratado y definir nuevos esquemas para hacer pública la información oficial.

Pese a que los cabildos aún enfrentan desafíos para cumplir con lo que exigen las normas, los que han adoptado políticas de transparencia se han visto favorecidos con la confianza de los ciudadanos.

“Los municipios llevamos entre seis y siete años trabajando en estos temas. Es poco tiempo, sin embargo, podemos decir que este orden de gobierno cumple con la reglamentación. Gracias a eso se ha recuperado la confianza del ciudadano, algo que se había perdido porque los datos oficiales no estaban disponibles a la sociedad”, explica Carmen Leyva, titular del área de Transparencia del municipio de Puebla.

EVALUAR EL DESEMPEÑO

El especialista de Flacso asegura que el derecho a la información pública no sólo tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos para proporcionar datos, sino con la capacidad que desarrollan los ciudadanos para ejercer esa garantía de manera efectiva.

“Es como un aprendizaje de doble vía. Por una parte los usuarios tienen que aprender a utilizar la ley adecuadamente para obtener la información y aprovecharla en sus propósitos. Por otro lado, los gobiernos deben facilitar los datos de tal forma que sea entendible”, apunta Flores, y agrega que las instituciones suelen creer que los documentos que generan les pertenecen, y que entre más se limite su difusión, es mejor. Incluso, llega a ocurrir que los ediles ni siquiera pueden obtener información oficial.

Como ocurre con cualquier otra ley, existen sanciones para quien no la cumpla. Los castigos a los servidores públicos municipales que no atiendan sus obligaciones en materia de derecho a la información están previstos en las legislaciones de cada estado.

En Querétaro, por ejemplo, van desde una amonestación hasta multas equivalentes a 150 días de salario mínimo vigente en el estado. En Puebla, la legislación local ordena la inhabilitación temporal hasta por 12 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a los servidores que incurran en infracciones.

Ulises Flores menciona que algunos institutos estatales de transparencia evalúan constantemente el desempeño de los ayuntamientos para verificar si cumplen con los requerimientos y obligaciones que les dicta la ley local.

Un ejemplo es el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán (INAIP), el cual, en colaboración con Cimtra, echará a andar en los próximos meses un sitio en Internet para hospedar los documentos oficiales que generen los municipios de la entidad. Además, la herramienta permitirá evaluar aspectos como la información que se le brinda a los ciudadanos y los canales de interacción entre el gobierno y las personas.

LOS MÁS TRANSPARENTES

En 2012, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó su Reporte de Transparencia Municipal, el cual analiza las prácticas de los gobiernos locales en aspectos de este tipo.

Para su elaboración se seleccionaron 18 de los municipios más poblados de México, en 16 de las 32 entidades federativas. Se trata de localidades que cuentan con recursos fiscales cinco veces superiores al resto de los municipios en el país y que, por lo tanto, pueden destinar más presupuesto para adoptar medidas de transparencia.

Los resultados arrojan que las delegaciones de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal, así como el municipio de Monterrey, Nuevo León, encabezan el ranking de los municipios más transparentes. Asimismo, los municipios de Culiacán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua, y Nezahualcóyotl, Estado de México, son los menos transparentes.