Las irregularidades financieras en los municipios le cuestan al erario público miles de millones de pesos cada año, debido a que cientos de los 2,440 municipios que hay en el país reprueban sus cuentas públicas, según lo demuestran los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por ejemplo, los resultados de la Cuenta Pública de 2007 —que fueron entregados en 2009 dado que las auditorías llevan un retraso de dos años—, denunciaron que nada más en el caso del estado de Veracruz, en 92 de los 212 municipios de la entidad se detectaron irregularidades financieras que pudieran tipificarse como daño patrimonial por un monto superior a los 329 millones de pesos. Además, 120 ayuntamientos presentaron anomalías administrativas que no representan un daño al erario.
Esto significa que prácticamente hubo irregularidades en la totalidad de los ayuntamientos veracruzanos, tanto administrativas como financieras en el uso de los recursos públicos de 2007.
Otra muestra de lo que ocurre con las finanzas de los ayuntamientos es el caso de Querétaro, donde la Entidad Superior de Fiscalización detectó que el gobierno del municipio incurrió en anomalías que suman unos 600 millones de pesos, de enero a septiembre de 2009. Durante el periodo que comprende de julio a septiembre de 2009, la administración municipal no registró los recursos financieros enviados por el gobierno Federal por 111 millones 331 mil pesos; es decir, que este dinero jamás ingresó a las arcas públicas.
La alcaldía queretana incurrió en 72 inconsistencias, que sumadas a las 83 correspondientes a los seis primeros meses de 2009, dan un total de 155 irregularidades del gobierno local. La auditoría reveló que en dicho año el gobierno municipal no reintegró recursos Federales no devengados de los fondos del Ramo General 20 de los ejercicios 2007 y 2008 a la Tesorería de la Federación, por un importe de 20 millones 445 mil 343 pesos. Y no sólo eso, sino que dispuso de 15 millones 803 mil 145 pesos, y de lo demás no se supo nada.
El tercer ejemplo es el caso del municipio de Cuernavaca, Morelos, donde el alcalde Manuel Martínez Garrigós fue denunciado penalmente por el supuesto desvío de recursos por más de 21 millones de pesos. Parte de este dinero fue entregado, en calidad de préstamo, a diversos funcionarios.
En Tlaxcala, el Congreso local emplazó a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior para proceder penalmente en contra de nueve alcaldes, a quienes les fueron reprobadas sus cuentas públicas del ejercicio 2009, luego de presentar diversas irregularidades financieras.
PARA LOS REPROBADOS
La legislación establece que cuando un alcalde presenta irregularidades en su cuenta pública cuenta con 10 días hábiles, a partir de la notificación oficial que le haga la Auditoría Superior de la Federación, para aclarar sus cuentas y el paradero de los recursos que no hayan sido transparentados, pues de lo contrario será denunciado penalmente.
Las autoridades no cuentan con un padrón o una lista en la que se enumeren los municipios que han sido denunciados penalmente por no reportar adecuadamente los recursos de sus cuentas públicas. Sin embargo, la numeraria local demuestra que el problema está presente en todo el país; por ejemplo, nada más en 2009 fueron denunciados por malos manejos de recursos públicos y daños a la hacienda municipal 58 de los 125 ayuntamientos del Estado de México.
Entre los ayuntamientos mexiquenses que fueron reportados por irregularidades financieras se encuentran Lerma, Otzolotepec, Temascalcingo, Zinacantepec, Chalco, Los Reyes La Paz, Tenango del Aire, Atizapánde Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
¿POR QUÉ NO CUMPLEN LA LEY?
Datos proporcionados por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) revelan que una de las causas que provocan el incumplimiento de la legislación, por parte de los presidentes municipales, es el exceso de leyes y las lagunas en varias normas.
Octavio Acosta Arévalo, Secretario General de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), y ex encargado de la Dirección General de Fomento y Desarrollo del Federalismo del Inafed, detalla que las alcaldías tienen que analizar entre 600 y 800 artículos aproximadamente.
Indica que hay por lo menos 125 ordenamientos legales referentes al sistema de gobierno los cuales incluyen distintas obligaciones para los gobiernos municipales, aunque algunos de ellos ya no corresponden a la realidad actual o presentan contradicciones. “Es como si a una persona le damos muchas instrucciones, lo más seguro es que no las cumpla; son demasiadas y la capacidad de compresión y cumplimiento es inversamente proporcional al número de órdenes.” El secretario comenta adicionalmente, que esta situación también se ve reflejada en las políticas públicas, en donde entre más complejas sean éstas, la capacidad de cumplimiento es menor.
Las sanciones para los alcaldes que incumplen con su cuenta pública son distintas según cada estado de la República. Inician con multas y pueden llegar incluso a un proceso penal por mal manejo de los recursos públicos. Las multas van de 500 hasta mil salarios mínimos por no comprobar gastos, pero si en el proceso de revisión se conocen desviaciones de recursos, mal manejo de éstos o alguna otra irregularidad, se puede proceder conforme a derecho, incluso con demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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