El proyecto turístico Cabo Cortés, en las cercanías del Parque Nacional Cabo Pulmo —ubicado en el ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur—, había recibido la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir un desarrollo turístico de más de 3 mil hectáreas, que correría a cargo de la empresa española Hansa Baja Investments.

Dicha iniciativa incluía la construcción de dos campos de golf, dos clubes de playa, una planta desaladora y otra de tratamiento de aguas residuales, además de una marina. Sin embargo, en junio pasado, el presidente Felipe Calderón anunció la cancelación del proyecto, debido a la amenaza ecológica que representaba el desarrollo turístico para Cabo Pulmo, hogar del arrecife de coral más grande del mar de Cortés.

Lo anterior es un reflejo de la falta de coordinación entre las autoridades de los municipios costeros y los otros niveles de gobierno, así como de una reglamentación efectiva para proteger los ecosistemas marinos del país, aseguran María del Carmen Carmona, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Martha Moctezuma, directora ejecutiva de la Asociación Civil Los Cabos Coastkeeper.

En México existen 150 municipios con litoral, repartidos en 17 estados, que aglutinan a 46 por ciento de la población del país, es decir, 51 mil 900 personas. Sin embargo, ninguna de esas entidades ha legislado específicamente para aprovechar y cuidar la franja costera. A esta conclusión llegó Carmona, luego de un análisis amplio de las leyes de los estados costeros.

DESORDEN INSTITUCIONAL

Además, la concurrencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, a veces desorganizada, dificulta la intervención de los ayuntamientos en la gestión de las zonas costeras, muchos de los cuales sustentan su desarrollo en actividades relacionadas, como pesca, turismo, logística o navegación.

Carmona sostiene que uno de los grandes rezagos es la ausencia de una autoridad que concentre la responsabilidad de gestionar las costas. De un lado está la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, de la Semarnat, que entre otras cosas se encarga de gestionar los permisos para el comercio y la construcción de obras en una franja de 20 metros medidos tierra adentro partiendo de donde rompen las olas del mar.

Sin embargo, en dicho espacio, la autoridad municipal no puede ejercer ninguna acción. “El municipio no puede hacer nada, porque tiene el ‘alacrán en el zapato’ de la zona marítimo-terrestre que ni come ni deja comer”, explica la académica.

SUSTENTABILIDAD

Como consecuencia, la falta de coordinación entre autoridades ha generado graves repercusiones al medioambiente. En Veracruz, por ejemplo, sitios como Nautla, Chachalacas, Boca del Río y Alvarado han perdido hasta 40 metros de playa por efecto de la erosión provocada por lluvias, tormentas tropicales y huracanes, aunque una parte del deterioro también está relacionada con asentamientos humanos y la construcción de hoteles que alteran el ecosistema.

Pero, a través de la prensa local, los propietarios de establecimientos mercantiles en las costas se quejan de que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno ha intervenido en la solución del problema.

Otro ejemplo es el mencionado caso de Cabo Cortés. Según Martha Moctezuma, la construcción del proyecto contravenía la norma municipal en materia de medioambiente que prohíbe la construcción en áreas de dunas, como las del Parque Nacional.

“No estamos en contra del desarrollo. Éste es necesario para que la comunidad siga viviendo, pero tenemos que buscar que no acabe con los recursos naturales. Por ejemplo, se construye Cabo Cortés y con ello se va para abajo el área protegida del arrecife. ¿Entonces cuál es el objeto? El atractivo de ese lugar es el hermoso arrecife de Cabo Pulmo”, aclara la activista de la asociación dedicada a defender los ecosistemas costeros de Los Cabos.

PROPUESTA DE LEY

Con el propósito de promover un adecuado aprovechamiento de las zonas costeras del país, se ha elaborado una iniciativa de ley que se encuentra en proceso de análisis en el Congreso de la Unión.

En abril, el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República, Alfonso Sánchez, presentó el proyecto de la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, en el cual participaron especialistas de la UNAM, Los Cabos Coastkeeper y el Instituto Nacional de Ecología (INE).

La iniciativa propone el trabajo conjunto de los gobiernos Federal, estatal y municipal, además de la sociedad organizada —a través de esquemas de coordinación— para determinar, entre otras cosas, los usos de las zonas costeras y procurar la conservación de los ecosistemas, en aras de alcanzar un desarrollo sustentable.

La norma se encuentra en espera de que la Comisión de Medio Ambiente la dictamine y se prevé que la nueva legislatura, que comenzará el próximo 1° de septiembre, la someta a votación. El siguiente paso sería que cada estado costero cuente con su propia ley, elaborada por los congresos locales, con la participación de los municipios, concluye Carmona.