A un año de la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, los compromisos que adquirieron las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los Poderes de la Unión respecto al combate a la inseguridad y el crimen organizado, no han logrado un resultado completo y eficiente; por el contrario: su cumplimiento tiene grandes rezagos. Por ejemplo, aún hay reformas estructurales pendientes para conformar una estrategia integral que resuelva el conflicto de raíz.
El combate contra la inseguridad y el crimen organizado es una tarea conjunta, en la cual no sólo las autoridades del Ejecutivo Federal y las entidades tienen responsabilidades: los tres niveles de gobierno, incluido el municipal, deben trabajar unidos para atacar el problema.
Acciones como la Reforma Constitucional en materia de Justicia y Seguridad Pública, aprobada en 2008, representan un avance importante; empero, todavía queda mucho camino por recorrer, tanto en materia legislativa como en políticas públicas, de acuerdo con funcionarios, legisladores y especialistas. En el marco del Foro Nacional Seguridad con Justicia, realizado en junio pasado, esos actores coincidieron en la viabilidad de lograr un acuerdo institucional para llevar a cabo la transformación de los sistemas de seguridad pública, así como la implementación de reformas que permitan hacer más eficiente el combate a la delincuencia.
Sin embargo, a más de un año que se firmó el acuerdo, reconocen que todavía hay mucho por hacer, especialmente en el ámbito local.
LOS PENDIENTES EN EL CONGRESO
Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, considera que la transformación de nuestro sistema de justicia, así como la implementación de reformas estructurales, no pueden ni deben concebirse como una tarea impulsada por una sola instancia. Al respecto, señaló que en este cambio deben trabajar los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión asesorados por universidades y asociaciones con el fin de promover siempre los intereses de la sociedad.
En ese sentido, uno de los compromisos del Congreso es dotar de los recursos presupuestarios necesarios para que la reforma de justicia penal, la implementación de los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura policiaca, y la capacitación se hagan realidad.
Además, deben establecerse proyectos legislativos para castigar la corrupción policiaca en los tres órdenes de gobierno, e impulsar una mayor vinculación y esquemas homogéneos de formación policial, donde la contraloría social desempeñe un papel importante.
“Mucho hemos avanzado en la implementación de la reforma constitucional; sin embargo, existe consenso entre los grupos parlamentarios para llevar a cabo un nuevo acuerdo que nos permita perfeccionar y terminar dicha reforma, por lo que en la 61 Legislatura habremos de definir y discutir la siguiente etapa”, destacó el senador panista.
Para González el objetivo es claro: fortalecer el combate al crimen organizado con campañas de prevención, para lo que es fundamental el seguimiento a la información estadística que permita el desarrollo de un plan para prevenir y atender el delito.
Se debe actualizar el marco jurídico que da sustento a la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Para ello es necesario realizar modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia, con el fin de ampliar las penalizaciones de quienes tengan o comercien indebidamente con armas. Además, está pendiente la aprobación de la Ley General contra el Secuestro.
En lo que respecta al ámbito local, el senador enfatizó la importancia de dotar de mayores recursos en materia de seguridad a estados y municipios, toda vez que éstos no siempre les llegan en la cantidad suficiente y en el tiempo requerido.
De acuerdo con el senador “son dos batallas: una hacia el interior y otra hacia el exterior”, pero advirtió que la sociedad no está dispuesta a llevar esta lucha a un largo plazo, dado que se necesitan soluciones en el presente. “No es posible que por la falta de unidad y responsabilidad de los gobiernos y Poderes (de la Unión), el hampa recupere terreno.”
La reforma constitucional integral en materia de seguridad, uno de los mayores retos a un año del acuerdo nacional, es un proceso complejo que todavía llevará tiempo para concretarse.
Para el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, parte de la complejidad del tema es que hay visiones encontradas, discusiones que no terminan de madurar en torno a la relación entre la autoridad, los ciudadanos, los procedimientos, los policías y los jueces: “Todavía las instituciones están sometidas a un fuerte proceso de transición que aún no acaba, y que ya se está haciendo muy largo.
“Quisiéramos ser rápidos, pero como diría el chiste: ¿qué quieren, rapidez o exactitud? Lo que se tiene que discutir aquí es totalmente democrático, ya que toca a profundidad elementos de dignidad, libertad, justicia y de seriedad.
“Lo anterior parte de una premisa muy delicada: ¿quién nombra a una persona como delincuente? y ¿bajo qué premisa se nombra a una persona como víctima? ¿Bajo qué procedimiento nombramos, cómo verificamos?”, cuestionó el funcionario. Asimismo reconoció: “quisiera darles expectativas óptimas, pero sería irresponsable. No soy de discursos fáciles. La reforma no va a estar pronto, ni va a ser sencillo procesarla”.
PROPUESTAS PARA UNA REFORMA INTEGRAL
Ana Laura Magaloni Kerpel, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó ante el presidente Felipe Calderón que para que el Estado mexicano reconstruya su autoridad frente al crimen y restablezca la paz en forma duradera, no sólo requiere de mayores instrumentos policiales y técnicos, sino que también necesita un sistema de procuración e impartición de justicia capaz de operar dentro de los presupuestos de un Estado de Derecho.
De acuerdo con Magaloni, sólo un sistema con esas características puede darle la legitimidad duradera a las acciones del gobierno en su lucha contra el crimen, y, a un año de esta decisión política, no se sabe aún cómo poner en marcha la reforma a la procuración e impartición de justicia en México. “Sí creo que es posible tener instituciones que funcionen bien, que tengan vocación de servicio público y que coloquen en el eje central a los ciudadanos, sea en su calidad de víctimas o de acusados.
“(Pero), hoy por hoy, el desafío mayor está en el ámbito político; sólo es posible construir sistemas de procuración e impartición de justicia eficaces si se permite que estas instituciones desarrollen la autonomía y fuerza suficientes como para resistir cualquier intento de manipulación política o económica”, reconoció la especialista.
Al respecto, el presidente Calderón afirmó que en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, no es opción para México voltear la cara o “hacerse de la vista gorda” ante lo evidente, por lo que exhortó a los líderes políticos y sociales a sumarse, de manera comprometida, a una agenda en pro de la legalidad, la justicia y la seguridad.
“No es momento de dar un paso atrás, ni de bajar los brazos y claudicar. Es absurdo pretender que volteando la vista el crimen dejará de afectarnos en nuestras calles, en nuestras casas”, enfatizó.
Ante esta situación, como parte de la propuesta para atender el problema de seguridad e impartición de justicia, José Antonio Caballero, también académico del CIDE, consideró que la coordinación entre niveles de gobierno y Poderes de la Unión debe resolver las condiciones para reformar el sistema de justicia: “Es, de alguna manera, la deliberación maestra; se tiene que lograr un consenso y tiene que ser escrupulosamente por el estado de salud de la reforma. Los mexicanos hemos optado por transformar dramáticamente nuestro sistema de justicia penal, pero esta reforma es de alto grado de dificultad”, aseguró.
Para el experto, los temas que tiene que abordar la reforma son: el diseño institucional, donde se debe definir el reparto de funciones dentro de las distintas instituciones: qué van a hacer éstas últimas y las corporaciones, como la policía, las procuradurías y los tribunales, cuáles van a ser sus atribuciones y en qué condiciones las desarrollarán.
Otro aspecto a observar es que se requiere de capacitación técnica, pero que no sólo alcance a los representantes institucionales, como son jueces, agentes del Ministerio Público, defensores, abogados y policías; sino también a la ciudadanía en general. Adicionalmente hay que replantear los sistemas de gestión, es decir, la forma en la que operan los distintos sistemas de justicia. “En ese sentido tenemos que pensar perfectamente bien en una reingeniería verdadera de nuestros procesos”, enfatizó.
Respecto al diseño legislativo, Caballero destacó la importancia de definir el diseño de las leyes en el marco jurídico nacional: “Como punto de partida, una de las cosas con las que debemos tener mucho cuidado es llevar esta reforma por un buen camino legislativo, para que construyamos al menos un correcto proceso penal”, puntualizó.
La propuesta incluye, además, modificaciones a la infraestructura y a los espacios físicos donde se construye la justicia, de tal forma que incluso se podría pensar en la desaparición “del mostrador en la Agencia del Ministerio Público”.
“Es más: yo diría que se tendrá que olvidar la manera en la que visualizamos al juez, ya no lo concebimos dentro del juzgado, sino de muchas maneras. Es más, tenemos que reconfigurar la imagen que tienen nuestras instituciones”, afirmó Caballero.
Finalmente, se consideran las corresponsabilidades de los poderes: del liderazgo de los poderes ejecutivos, ya que el Presidente de la República y los gobernadores serán quienes lleven la gestión en el día a día. Pero, desde luego, esto no desplaza a los poderes judiciales, que deben vigilar por la estabilidad de la reforma y proporcionar una interpretación clara y uniforme de lo que ocurre.
Son las autoridades judiciales las encargadas de defender los alcances de los principios constitucionales que se establezcan en la reforma, ejerciendo una tutela efectiva sobre los derechos.
Asimismo, los poderes legislativos requieren de un debate técnico sobre las normas que van a aprobar, discusión en la que los distintos legisladores aporten la forma de garantizar los derechos de los mexicanos. Por supuesto, deben ser creativos para generar los incentivos presupuestales que apoyen esta reforma. A esto debe agregarse una preocupación relevante: la ejecución de los presupuestos, desde el punto de vista administrativo.
LOS MUNICIPIOS Y SUS COMPROMISOS
En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que se suscribió en 2008, todos los actores políticos y sociales, incluidos los gobiernos municipales, asumieron diferentes compromisos, de los cuales muy pocos se han cumplido.
Los alcaldes se comprometieron, en un plazo de uno y dos años, a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, a desarrollar mecanismos de selección y capacitación, así como a aplicar una evaluación permanente y controles de confianza al personal de la policía municipal y centros de readaptación social.
Asimismo, se propuso la instauración de un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para regular
la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación, así como retiro de los policías. También se encuentra entre las propuestas la aplicación de un programa permanente de desarrollo de procedimientos policiales.
Los gobiernos municipales determinaron que, en un plazo de seis meses, se actualizarán y regularizarán los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el cardex de Plataforma México. También se adecuarán las normas municipales para mejorar las condiciones de seguridad pública, y se desarrollará un programa local que incorpore el componente social de la estrategia de seguridad.
En materia administrativa, el compromiso de los alcaldes fue el de reasignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos, cuyo ejercicio estaría acompañado por reglas de operación o procedimientos más eficaces y transparentes.
De acuerdo con información de la Organización para el Seguimiento y Evaluación del Acuerdo Nacional (www. evaluacionacuerdonacional.org.mx), 53 por ciento de los objetivos que se establecieron en el proyecto han presentado un avance de “bajo” a “medio”.
El organismo de seguimiento está integrado por diversas instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac. También participan organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C., México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad y el Consejo Coordinador Empresarial, entre otras.
Los datos de su Segundo Informe de Seguimiento, de marzo de 2009, indican que, en general, 21 por ciento de los compromisos tuvieron un avance “alto”, en tanto que sólo el Poder Judicial de la Federación cumplió con sus objetivos (13 por ciento) en la fecha establecida.
De 24 objetivos analizados por las instituciones, 21 por ciento corresponde en particular a los municipios, de los cuales todos registran un nivel de cumplimiento “bajo”. Por otro lado, 41 por ciento corresponde a las autoridades federales, 13 al Poder Judicial y otro 13 al sector social.
De los restantes, 8 por ciento corresponde a las entidades federativas y 4 al Legislativo.
Las variables de seguimiento son: objetivos establecidos, antecedentes, responsables de ejecución, información requerida, avances (cumplido, en cumplimiento, alto, medio y bajo) e información pública.
0 comentarios