► Por David Ramírez Vera

La tendencia actual en la construcción de casas habitación apunta al desarrollo humano como prioridad

Del año 2000 al 2012 se otorgaron 14.8 millones de financiamientos por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la mayor parte en acuerdo con desarrolladores inmobiliarios dedicados a la construcción de unidades habitacionales con viviendas sociales, es decir, para personas de escasos recursos. Según la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se invirtieron alrededor de 2.3 billones de pesos corrientes en ese periodo, cifra estimada dada a conocer por el Sistema de Indicadores de Vivienda de la institución y que fue considerada un fracaso.

Sin embargo, a pesar de ser los 12 años en los que más créditos se otorgaron, se han caracterizado por ser también los causantes de un problema que se agravó en el sexenio que concluyó en 2018. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estima que son más de 5 millones de casas abandonadas, que fueron adquiridas con esos mismos créditos y que ahora se encuentran deshabitadas.

Lo anterior se debe, según Louis David, Directora de la Alianza para la Regeneración Urbana, a que en México se dio un fenómeno de masa pero no de calidad. “En los años pasados, la política se enfocaba principalmente en otorgar, de forma masiva, viviendas a los derechohabientes, casas de interés social, es decir, para personas de escasos recursos, sin embargo, ni los desarrolladores ni el gobierno se preocuparon por las características de esos desarrollos y eso contribuyó al problema de abandono, entre muchos otros que existen como resultado de una mala planeación.”

La construcción masiva de unidades habitacionales trajo como consecuencia una serie de problemas derivada de la omisión de una característica fundamental, apunta Louis David: “El desarrollo humano por encima del negocio de la construcción”. Con esta idea concuerda Alfonso Iracheta, Director General del Centro Eure, quien asegura que “lo sucedido con muchos de los desarrollos que se llevaron a cabo en administraciones pasadas, incluyendo la que acaba de concluir, son conjuntos de viviendas lamentables, que no contaban con lo mínimo indispensable, no sólo para que una persona pueda vivir, sino para que se pueda desarrollar. Casas iguales una tras otra sin espacios de convivencia y alejadas de las áreas urbanas”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con la llegada de la nueva administración federal, la política de vivienda social dio un cambio de enfoque. Entre otras cosas, se anunció que el nuevo eje conductor es el de las obligaciones del Estado con respecto al ciudadano, dentro de las que destacan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda adecuada. En ese aspecto, tanto Alfonso Iracheta como Louis David reconocen que por primera vez se está poniendo al ciudadano en el centro de las acciones de la vivienda social.

Entre algunos de los puntos fundamentales que conforman la estrategia con la que se pretende progresivamente consagrar el derecho a la vivienda adecuada se encuentran: atender a la población con mayor rezago, contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social, así como fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la producción social de vivienda asistida.

El Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dictó en un comunicado, el 15 de marzo del presente año, que al centro de la presente estrategia y las consecuentes se encontrarán los más necesitados, es decir, “población de bajos ingresos que vive en rezago habitacional o con necesidad de vivienda y sin acceso a recursos o financiamiento suficiente para obtener una vivienda adecuada”.

Con lo anterior, Alfonso Iracheta comenta: “Es un proyecto que representa un cambio significativo en la política social, se posiciona al ciudadano al centro de la estrategia y no sólo eso, las soluciones son pensadas en alianza con los ciudadanos. Sin embargo, por el momento no se ha concretado nada, se tiene que trabajar e impulsar que los desarrolladores asuman también ese proyecto social, hay interés pero se necesita aterrizar esas acciones con los empresarios”.

Por su parte, Louis David asegura que “por primera vez son los mismos ciudadanos quienes participarán en parte del proceso de desarrollo de la política de vivienda, no sólo como el centro de la misma, sino como partícipes en la elaboración”.

En ese sentido, Ileana Villalobos, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, asegura que cualquier política pública debe incluir la participación de la sociedad. “En el caso de la Ciudad de México, hay una altísima participación ciudadana, lo cual celebramos. Son organizaciones vecinales, comunitarias, informadas y preparadas para realizar más y mejores aportaciones con relación al desarrollo urbano ordenado de nuestra ciudad”, refiere. Asimismo, asegura que en la actual administración de la capital del país, el énfasis está en preservar el derecho de contar con una vivienda digna y saludable para el bienestar de toda la población.

Por su parte, Óscar Vela Treviño, Subdirector General de Planeación y Finanzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), asegura que, bajo el enfoque de la actual administración, esta institución ha trabajado en el otorgamiento de créditos flexibles y adecuados a las necesidades y posibilidades de los derechohabientes. “Se generarán opciones de pago que les permitan continuar con sus aportaciones y mantener sus viviendas en caso que sean despedidos, que tengan problemas económicos o que surja otro tipo de imprevistos.”

Por último, Louis David asegura que muchos de los viejos desarrolladores se están alejando de la vivienda social, “pero ello está abriendo paso a nuevas empresas que están entendiendo que el nuevo enfoque de las viviendas sociales y la creación de proyectos que fomenten la convivencia, no se trata sólo de viviendas sino de desarrollo humano”.