Desde que en 1917 una mujer se postuló por primera vez para ocupar un cargo público, las leyes se han tenido que adecuar para favorecer el acceso a posiciones clave, aunque en el camino han enfrentado resistencias

Hoy día es común ver a las mujeres involucrarse en la política y, con cierta frecuencia, desempeñarse en cargos públicos, pero para que eso fuera posible tuvieron que librar arduas batallas contra quienes no querían ceder puestos de poder a las féminas.

Aunque la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, así como la paridad de género en la designación de candidatos a diputados federales y senadores, son derechos consagrados en la Carta Magna, en los hechos, se han tenido que incluir numerosas modificaciones a las leyes para lograr que las mujeres tengan papeles protagónicos en la vida política del país.

UN CAMINO SINUOSO

Yucatán se convirtió en un estado clave para la conquista de los derechos políticos de la mujer. En el Primer Congreso Feminista en México celebrado en esa entidad, en 1916, se subrayó la necesidad de las mujeres de exigir que sus derechos les permitieran relacionarse en igualdad de condiciones con los hombres, y en los debates se defendió el derecho al voto.

En dicho congreso participó la duranguense Hermelinda Galindo, quien un año más tarde se convirtió en la primera mujer en postularse por un puesto Expediente Abierto Empoderamiento Femenino Reportaje público: una diputación por el Quinto Distrito del DF, el cual ganó, aunque su triunfo no fue reconocido por el órgano electoral.

En 1923, también en Yucatán, se reconoció por vez primera el derecho a las mujeres a participar en procesos electorales municipales. Ese año, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce se convirtieron en las primeras diputadas electas. Además Rosa Torre fue electa como la primera regidora en el ayuntamiento de Mérida.

A partir de entonces, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres fue en ascenso. En algunos estados como San Luis Potosí, Chiapas y Guanajuato se crearon leyes para permitir a las mujeres participar en comicios municipales y estatales, así como aspirar a gobernar estados y municipios. En 1938, Aurora Meza se convirtió en la primera presidenta municipal del México, quien gobernó la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y en 1979, Griselda Álvarez fue electa gobernadora de Colima, la primera en el estado y en el país.

En las décadas de 1980 y 1990 los partidos políticos comenzaron a implementar cuotas de género para puestos directivos y de representación proporcional. En 2008, el Código Federal de Institucionesy Procedimientos Electorales (Cofipe) estableció que los partidos políticos debían asignar el 2 por ciento de su financiamiento público a actividades dirigidas al liderazgo femenino.

En 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la sentencia 12624/2011, lo cual obligó a los partidos, coaliciones y alianzas a cumplir con una cuota de género, con al menos 40 porciento de candidatos propietarios de un mismo género a diputaciones y senadurías “procurando llegar a la paridad”. Asimismo, decretó que de los 300 distritos uninominales, 120 tendrán que tener candidaturas de un mismo género, mientras que para el Senado serán 26, citan Adriana Ortiz-Ortega y Clara Scherer Castillo en su libro Contigo aprendí: una elección de democracia gracias a la sentencia 12624.

En 2014, la reforma político electoral incluyó una modificación al Artículo 41 de la Constitución, mediante la cual y por primera vez se eleva a rango constitucional la paridad entre los géneros en candidaturas a legislaturas federales y locales. La promoción de esta paridad, según dicha disposición, es tarea de los partidos políticos.

Algunas entidades federativas cuyas legislaturas locales ya estipulan la paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones y planillas de ayuntamientos son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala

PARTIDOS RENUENTES

Si alguien conoce los vericuetos de la participación del género femenino en la vida política del país es Patricia Mercado, quien actualmente se desempeña como secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal.

La también ex candidata a la presidencia de la república, quien ha formado parte de diversas agrupaciones especializadas en temas de género, comenta que las medidas que se han implementado al respecto han sido efectivas porque fueron producto de la organización de las mujeres.

Asimismo, asegura que en los últimos años se ha avanzado en la materia, principalmente a través de las sentencias del Poder Judicial, por medio de interpretaciones de la ley que han respaldado a las féminas ante controversias legales.

“La letra chiquita de los estatutos de los partidos políticos decía que ‘si se hacen coaliciones, no valen’ (las cuotas de género), y en los últimos años la política ha sido de coaliciones. Eso fue lo que eliminó el tribunal electoral, porque la democracia no son mayorías y minorías sino inclusión”, asevera Mercado Castro.

 

Lo que cambió en la ley para impulsar la participación política de las mujeres
Año	Acciones
1917	Hermilia Galindo se postula a una diputación por el 5o Distrito del DF. Gana, pero su triunfo no es reconocido por el órgano electoral.
1923	En Yucatán, el Congreso local reconoce a las féminas el derecho a participar en elecciones municipales y estatales; 3 mujeres se convirtieron en las primeras diputadas locales electas.
1924	En San Luis Potosí el Congreso local aprobó la participación femenina en procesos electorales municipales y estatales, pero en 1926 terminó su vigencia.
1925	En Chiapas se reconoce el derecho de la mujer a participar en elecciones estatales y municipales; Elvia Carrillo gana una diputación local con Hermilia Zamarrón como suplente, pero el triunfo no fue reconocido por el Colegio Electoral.
1934	El Partido Nacional Revolucionario (PNR), en Guanajuato, reconoce el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales.
1936	En Puebla, el PNR reconoce el derecho de participar en elecciones municipales y estatales. En Veracruz, el mismo partido lanzó precandidaturas internas de mujeres a diputaciones.
1937	El presidente Lázaro Cárdenas propuso reformar el Art. 34 constitucional para reconocer la igualdad jurídica de la mujer y el hombre; la propuesta se envió al Senado, pero nunca fue publicada en el DOF.
1947	El 12 de febrero, en el DOF se publica una reforma al Art. 115 que reconoce el derecho de las mujeres a votar, aunque sólo en municipios; éste fue derogado en 1952.
1953	Se reforma el Art. 34 de la Constitución, y se reconoce la ciudadanía plena de las mujeres y su derecho a votar.
1974	Se modifica el Art. 4 constitucional que consagra la igualdad jurídica a hombres y mujeres.
1986	El Partido Democrático del Trabajo (PDT) adopta medidas de cuotas de género para sus dirigencias nacional y regionales.
1990	– El Partido de la Revolución Democrática (PRD) aprobó una cuota de 20% para todos los puestos directivos y de representación popular, la cual aumentó a 30% en 1993. – El Partido Revolucionario Institucional (PRI) establece una cuota en el Art. 38 de su reglamento, sin estipular mecanismos para su cumplimiento.
1991	El Partido de los Trabajadores (PT) se suma a la implementación de cuotas.
1993	El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) reforma su Art. 175 y recomienda a los partidos “promover” una mayor participación política de las mujeres, dentro de un artículo transitorio.
1996	– El PRI reforma sus estatutos para que no se pueda postular más de 70% de un mismo género. – El Cofipe reforma su Art. 1o para que los partidos consideren que sus candidaturas a diputados y senadores no excedan 70% de un mismo género.
1999	El Partido Acción Nacional (PAN) estableció que cada fórmula de candidaturas de representación proporcional debe conformarse por un hombre y una mujer.
2001	– El PRI establece paridad de género. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia a favor de que las leyes electorales promuevan las cuotas de género.
2002	El Cofipe reforma los artículos 38 y 175 para que los partidos no postulen más de 70% de hombres o mujeres.
2008	El Cofipe obliga a los partidos a presentar al menos 60% de las candidaturas de un mismo género y a asignar el 2% de su financiamiento público a actividades dirigidas al liderazgo de las mujeres.
2011	El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve la sentencia 12624/2011 a favor de que los partidos establezcan la fórmula 40-60 de cuota de género en sus candidaturas a las cámaras de Diputados y Senadores.
2014	Se modifica el Art. 41 de la Constitución, el cual señala que los partidos deben garantizar la paridad de género en las legislaturas locales y federal.

Fuente: Contigo aprendí: una elección de democracia gracias a la sentencia 12624, de Adriana Ortiz-Ortega y Clara Scherer Castillo.

 

La funcionaria considera que las cuotas de género sí se han respetado en lo general y agrega que la implementación del presupuesto que los partidos políticos deben destinar a la formación de liderazgos femeninos no fue sencilla, pues el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) tuvo que reglamentar lo que sí era posible hacer y lo que no para la formación política de las mujeres.

“Quizá en los últimos dos años, los procesos de formación de las mujeres se han fortalecido porque el dinero se invierte; no digo que en todo ni de la misma manera, pero esa pelea de alguna manera ya se ganó”, asegura.

LA PREPARACIÓN ES CLAVE

Cecilia Romero, ex presidenta nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y actual coordinadora de los festejos por el 75 aniversario de ese instituto político, comenta que las reformas que favorecen la paridad en las contiendas políticas “debe ser una muy buena noticia que tenemos que festejar y valorar. Sin embargo, el mundo de la política sigue siendo masculino”.

La ex dirigente panista no cree que las cuotas resuelvan el problema cultural que existe de fondo en la participación femenina en la política, aunque en gran medida, la solución reside en que las mujeres se preparen para ocupar los cargos por los cuales pelean.

En ese sentido, el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, hace ver que, si bien hay mujeres preparadas en las filas de los partidos políticos, las malas prácticas de éstos también impiden el acceso de las féminas a posiciones clave.

“En el afán de colocar a mujeres en esas posiciones, los partidos pueden conseguirse a las esposas, a las cuñadas y empezar a buscar por todos lados con tal de cumplir con las cuotas de género, y esto ocurre porque durante años no les dieron a las mujeres la oportunidad de ocupar esos puestos”, apunta.

Amalia García Medina, quien es diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), considera que hoy día las cuotas de género son indispensables para alcanzar la paridad en el poder, por lo menos en el Congreso de la Unión. Sin embargo, confía en que llegará el día en que las cuotas no sean necesarias.

Al respecto, Claudia Corichi García, directora general de la firma consultora en comunicación PolíticaMente, destaca que la paridad a nivel local ha tenido un gran impacto en los municipios ya que algunas reformas a la ley han derivado en que haya mayor participación de mujeres en los gobiernos locales.

AVANCES MÍNIMOS

Sin embargo, la también presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García, enfatiza que, a pesar de que la Constitución reconoce la paridad de género, hoy día esta garantía no se ha hecho valer a nivel ejecutivo en ninguno de los tres órdenes de gobierno, por lo que todavía hay mucho camino por andar.

Una muestra de lo anterior es que, según la base de datos de alcaldes del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) —actualizada al mes de agosto de 2014—, de los 2,353 presidentes municipales y jefes delegacionales de cuyos nombres tiene registro —no cuenta con los registros de 107 ediles— 171 son mujeres. Esta cifra representa 7 por ciento de los 2,461 alcaldes y jefes delegacionales que hay en el país. En comparación con 2012, la cifra se elevó en apenas un punto porcentual, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año.

En el caso de los síndicos y regidores, las variaciones también son mínimas. El INEGI reporta que en 2011, 29.3 por ciento de los regidores fueron mujeres, mientras que en 2013 representaron 32.8 por ciento, lo cual significó un incremento de 3.5 por ciento. Asimismo, en 2011, 18.1 por ciento de las sindicaturas estaban ocupadas por mujeres y en 2013 el porcentaje subió a 21.1: un incremento de 3 por ciento.

Amalia García añade que en la Cámara de Diputados, “aunque hay 37 por ciento de legisladoras de todos los partidos, eso no se refleja en las presidencias de comisiones; somos contadas las mujeres que presidimos una comisión. Hace falta que haya congruencia con esa inclusión”.

La legisladora comenta que no todos los partidos cumplen con destinar 2 por ciento de sus prerrogativas a la formación política de las mujeres, no obstante, asegura que esos recursos deben utilizarse para formar liderazgos.